Loretta Preska abrirá su juzgado el 11 de julio a las 11 de Nueva York, para que los representantes de la Argentina y los demandantes de Burford Capital y Eaton Park se vean las caras frente a frente en una audiencia, en el ámbito del Segundo Distrito Sur de Manhattan.
Este será el primer paso para la batalla final en la definición de una causa que podría demandarle al país entre u$s2700 y u$s3500 millones. Las partes tendrán que exponer sus argumentos para defender sus posiciones en la causa por la manera en que el país reestatizó la petrolera YPF en 2012. Antes, el 3 de julio, Argentina y los dos fondos presentarán sus escritos, donde se expondrán los argumentos de las dos partes, informó Ámbito.
En los próximos días, los abogados que representan a la Argentina del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, plantearán un reclamo insistiendo en que el caso debe mudarse a Buenos Aires y pidiéndole a la magistrada que tenga en cuenta la existencia de ex funcionarios y empresarios “arrepentidos” dispuestos a hablar sobre la forma en que se concretó la operación de estatización.
Como contrapartida, Burford y su socio eventual Eaton le pedirán a la jueza que acelere el caso, y que ponga fecha para comenzar con las negociaciones para que el país disponga el pago final. En el escrito, Burford trae como principal argumento frases de Axel Kicillof dichas como ministro de Economía defendiendo la estatización; asegurando que el gobierno argentino actual debe tomarlas en cuenta ya que se trata de políticas de continuidad de un Estado.
En términos criollos, la idea de los abogados que representan al país, con el aval desde Buenos Aires, es ahora intentar “embarrar la cancha” del tratamiento del juicio; intentando extender al máximo los plazos legales en Nueva York. La “Burlandización” del caso por parte de la República Argentina se basa en el reclamo a Preska a abrir una audiencia dentro del juzgado en los próximos 12 días, donde Argentina supuestamente traería nuevos argumentos inexistentes en el momento de abrir el juicio en 2016.
Según la presentación que se está redactando en el estudio neoyorquino, Preska no tendría jurisdicción para avanzar en la demanda de Burford; ya que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora basan sus reclamos en la operación de reestatización aplicada en 2012; y en la violación del estatuto de privatización de YPF que imponía la obligación de extender la compra de acciones de la petrolera (en el caso de una nacionalización) a todos los tenedores de esos papeles.
Según la visión de los abogados, esa cláusula obligaría a la demanda de Petersen a reclamar en tribunales argentinos. “Debido a que Petersen busca hacer cumplir los estatutos de YPF y los supuestos derechos de los accionistas en virtud de ellos, la cláusula de selección de foro obliga a Petersen a demandar en Argentina”, menciona el escrito presentado ante Preska.
Pero además, completa la presentación con un argumento más temerario y curioso: “la Argentina ha identificado a varios testigos clave que ahora están en prisión, acusados o no pueden viajar fuera de Argentina sin una orden judicial” y que deberían atestiguar en el país. Si bien no adelanta a quiénes se refiere, la idea del Gobierno es incluir en la causa por la estatización de Repsol, algunas de las presentaciones judiciales que circulan por los tribunales locales, sobre los manejos de la petrolera en los años del kirchnerismo.
El tercer argumento de los abogados que representan a la Argentina es aún más controvertido. Afirma que “Petersen ya no tenía ninguna de las acciones de YPF en el momento de la expropiación, por lo que carece de legitimidad para impugnar el supuesto incumplimiento por parte de Argentina”.
En realidad el grupo Petersen se mantuvo como accionista luego de la expropiación, pero se retiró presentándose en quiebra ante los tribunales de Madrid, al prohibir el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la distribución de dividendos entre los accionistas de YPF, operatoria que era el mecanismo por el cual Petersen pagaba su ingreso como socio. Luego de la presentación del quebranto, la causa por Petersen Energía y Petersen Energía Inversora queda sin propietarios ante la retirada del grupo local Petersen, y finalmente Burford compra la causa a la justicia española en u$s15 millones.
Los fondos Burford y Eaton Park (los dos demandantes) son más directos. Se consideran damnificados por la manera en que se renacionalizó la petrolera en 2012, y utilizan como argumentos para su demanda que el gobierno de Cristina de Kirchner conocía que no se estaba cumpliendo con el estatuto de la compañía. Para ganar el juicio, utilizarán frases de Axel Kicillof dichas en el Congreso Nacional donde el entonces ministro de Economía daba a entender que sabía que el “estatuto” no se respetaría.
Para los demandantes, esta postura, no desmentida por la defensa de la posición nacional hasta ahora explicaría que la Argentina sabía que existía una norma que obligaba en el momento de la renacionalización del 51% de Repsol a realizar una “tender offer” al resto de los tenedores de acciones y en las mismas condiciones. Según aseguran Burford y Eaton, el estatuto de la compañía al momento de la expropiación en mayo de 2012, exigía en el caso de un avance sobre las acciones del propietario mayoritario (Repsol), la ampliación de la oferta al resto de los accionistas.
La posición de la Argentina antes este juicio, según la defensa elaborada por el estudio Akerman, fue siempre que se trató de un acto soberano del país y que no existía la obligación de respetar esa parte del estatuto. Y que, en definitiva, se le permitía al 49% restante de accionistas a continuar como integrantes de la sociedad.
El contraargumento de los demandantes es que la ley de reestatización de YPF le prohibió a la petrolera nacionalizada repartir dividendos, lo que provocó daños irreparables en el valor de las acciones de la empresa y la imposibilidad para el Grupo Petersen. Este era propietario del 25% de la empresa y con un compromiso de pago a través de las ganancias, con lo que al no poder recibir dividendos tampoco pudo cumplir con sus obligaciones con sus acreedores y presentó en default dos sociedades españolas: Petersen Energía y Petersen Inversora. Entregó así sus tenencias accionarias a sus acreedores (entre ellos, Carlos Slim, George Soros y LazardAsset Management) y vendió la posibilidad de un juicio al fondo Burford. Éste inició las acciones legales en 2015 y en diciembre del año pasado tuvo un fallo a favor en primera instancia en el juzgado de Loretta Preska.
