Dos años y diez días después de que las evidencias de los sobornos de Odebrecht a funcionarios argentinos quedaron a disposición de la Justicia argentina en Brasil, la Cámara Federal porteña convalidó este martes los intentos del fiscal federal Franco Picardi de acceder a ese material, a pesar de que las defensas de los acusados pugnaron por impedirlo.
La Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, consideró que corresponde «homologar lo actuado» por Picardi, quien investiga uno de los ejes centrales del capítulo argentino del Lava Jato: el presunto pago de sobornos por el consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, y que ganó el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento por US$1500 millones.
Irurzun y Bruglia rechazaron así los planteos de nulidad presentados por las defensas del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exlugarteniente de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero.
Los camaristas entendieron que el fiscal Picardi actúa de acuerdo con sus atribuciones y con la legislación argentina al impulsar un acuerdo con las autoridades brasileñas que exigen un «compromiso de especialidad y limitación del uso de pruebas». Es decir, con ciertas condiciones que deben aceptarse, explicaron, si se desea combatir la corrupción.
«Nuestro país ha asumido un compromiso fuerte ante la comunidad internacional para la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción pública», planteó la Sala II de la Cámara.
«El asunto que aquí se trata hace directamente a la necesidad de contar con los medios idóneos para cumplir con esa obligación, en un caso transnacional de, entre otras hipótesis, supuesto pago de sobornos a funcionarios del Estado local. Hay entonces un interés legítimo y de elevada magnitud en acceder a las pruebas que se piden», añadió, según supo La Nación.
Delatores en la mira
Ese eventual acuerdo que explora Picardi, según abundó la Cámara, impone que solo podrá «emplear informaciones y pruebas obtenidas únicamente en la presente investigación», centrada en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, «así como también de no utilizar esas informaciones y pruebas contra el (los) colaborador(es) del Ministerio Público Federal brasileño». Es decir, los exejecutivos y colaboradores de Odebrecht que se convirtieron en «delatores premiados». Entre ellos, Luiz Mameri, Fernando Migliaccio, Marcio Faria da Silva, Luis da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas, Alves da Silva Filho y Olivio Rodrigues Junior.
De ese modo, Irurzun y Bruglia avanzaron por la misma senda delineada por el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, quien estimó que los compromisos trazados con Brasil «resultan viables para su aplicación por este Ministerio Público Fiscal, en aras de avanzar hacia la averiguación de la verdad y la eventual atribución de responsabilidades vinculadas con la operación Lava Jato de Brasil y sus diversos desmembramientos».
Cuanto antes
En la misma resolución, los camaristas no solo apoyaron al fiscal Picardi, sino que urgieron al juez federal a cargo de la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, a avanzar cuanto antes para acceder a las evidencias que yacen en Brasil desde el 1º de junio de 2017.
«Será su resorte y de la fiscalía -más allá de lo previsto en el fallo sobre el modo de canalizar el envío y recepción de la información-, dar curso al acceso a aquella de las maneras más rápidas y eficaces, en aras de superar una situación que desde hace tiempo viene dificultando el cumplimiento del objetivo de la instrucción de conocer toda la verdad de lo acontecido», destacaron.
