La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió al cruce del nuevo sistema de control de licencias por enfermedad que se comenzó a aplicar en las escuelas, lo tildó de decisión “unilateral” y alertó sobre “una cantidad de falencias en su redacción”.
El Consejo General de Educación (CGE) decidió introducir sensibles modificaciones en el sistema de control de licencias por enfermedad entre el personal docente y no docente y, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, a través de la Comisión Médica Única, dispondrá de auditorías médicas en toda la provincia para seguir de cerca caso por caso y evitar la burocratización de los controles y las irregularidades.
La idea es bajar el gasto en suplencias. De 40.201 docentes, hay meses en el que los suplentes suman 7 mil, o sea un índice del 17%. Pero la Ley de Presupuesto fija que el índice de suplencias no debe superar el techo del 8%.
El decreto 429 del Ministerio de Gobierno, dictado el 21 de marzo último, aprobó un convenio marco de colaboración para llevar adelante esa tarea. “El régimen vigente de control de licencias por enfermedad se encuentra colapsado, existiendo una demora en las citaciones para revisión que muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada, lo que genera conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas tornando ineficiente el control de las mismas”, dice el texto del decreto.
Según Agmer, esa nueva normativa -“que, además, modifica el Régimen Unificado de Licencias e Inasistencias y sus procedimientos- obvió totalmente no sólo los debates en el seno de la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente conformada por el CGE con participación de Agmer, sino que pasó por alto discutir en ese ámbito un borrador de este decreto”.
“Su lectura expone una serie preocupante de modificaciones, aplicadas en una sucesión inaceptable de baches, contradicciones e inconsistencias”, advierte el gremio, y enumera esos puntos que reprocha:
– Entre los considerandos afirma que esta reforma agilizará gestiones ante las ART. A renglón seguido declara que va a actuar sólo sobre Licencias de “Corto” y “Largo Tratamiento” (Artículo 12°, incisos a y b del Régimen Unificado de Licencias).
– A su vez, la Cláusula Primera del Convenio adjunto fija sólo como su único objeto a las Licencias de “Largo Tratamiento”.
El gobierno no menciona cómo confeccionará a partir de ahora las estadísticas que nunca produjo, ni qué acciones dispondrá sobre prevenciones a la salud, ambas cuestiones mencionadas para justificar el decreto.
– Tampoco señala cómo reducirá el “elevado registro de trámites inherentes a las licencias” que menciona.
– No expone cómo será la designación de los médicos auditores, ni qué horarios van a cumplir ni las incompatibilidades que supone serlo.
– El decreto da facultades sancionatorias a los futuros médicos auditores, supone que serán mejores profesionales que los médicos particulares controlados y no prevé ninguna acción en caso de que no sea así, para cuando haya connivencia entre ambos.
– No menciona las enfermedades laborales, de esta forma no queda claro si estos médicos las denunciarán o sí la aplicación del Decreto sólo favorecerá a que sigan siendo encuadradas como enfermedades particulares.
– Tampoco hay información sobre si los médicos auditores incorporarán a sus controles las condiciones en las que trabajamos, en las que nos trasladamos y las preocupacionales.
– Desconocemos cuándo se hizo el “relevamiento territorial” y qué criterios se utilizaron para asignar un médico por Departamento para territorios tan dispares como San Salvador, Islas y Gualeguay, o cuatro para el Departamento Paraná en el que trabajar 10.000 docentes.
En ese marco, Agmer exigió “su derogación inmediata y que la cuestión sea tratada en la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente, convocada por el CGE desde noviembre de 2018 y enmarcada en la Comisión Paritaria de Condiciones Laborales”.
