Las negociaciones entre la CGT, el gobierno y empresarios se complicaron luego de que éstos reclamaran que el pago fuera tomado como un anticipo de futuros aumentos. En tanto, el plus para estatales que sería de entre $3000 y $6000.
El gobierno nacional ratificó ayer que impulsa dar carácter de obligatorio el pago de un bono de $5000 en dos cuotas para el sector privado, acordado con el sindicalismo y las principales cámaras empresariales.
Sin embargo, las negociaciones se complicaron luego de que las empresas reclamaron que el pago fuera tomado como un anticipo de futuros aumentos.
Sectores empresariales, como la UIA y la CAME, se resisten también a que el aumento tenga carácter obligatorio y a que se tome por igual a compañías grandes y pequeñas. Las diferencias en torno a la implementación postergaron la definición del decreto.
Por cuerda separada, y en un clima de mayor acuerdo, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, comenzó a negociar ayer un pago adicional para los estatales nacionales, que podría ser de entre $3000 y $6000.
«Pedimos que haya una ventana que permita que no sea un sacudón para las pymes que no tienen actividad ni recursos para afrontarlo», afirmó en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en un anticipo de la postura crítica de los industriales. Fuera de micrófono, desde ese sector se enfatizaba que «las pymes son el gran problema, no pueden afrontar esas subas y no puede ser obligatorio».
Por la tarde, una propuesta de esa cámara para darle al bono carácter de anticipo «a cuenta de futuros aumentos» provocó el enojo de la CGT y la amenaza de volver a impulsar el paro de 36 horas que la cúpula sindical venía analizando antes del llamado al diálogo del Gobierno.
