Por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el oficialismo pretende modificar la actual ley de semillas, privatizando el primer eslabón de la producción, a favor de las multinacionales que las comercializan.
El gobierno nacional lo anunció luego de una reunión entre el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela y otras autoridades. El DNU apunta a que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla. La selección, el intercambio, el almacenamiento y la preservación de semillas son actividades ancestrales propias de América Latina. Este decreto, o sea la privatización de las semillas, tira por la borda una forma de concebir el mundo y la naturaleza. Según el jefe de Ministros, se excluirá del pago a los pequeños productores que utilizan las semillas para sembrar en temporadas posteriores.
El DNU crea un registro de uso propio que determinará que porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y cual corresponde al comercio de “bolsa blanca”, denominación que se utiliza para la semilla liberada, no certificada. El decreto es reflejo del lobby de empresas multinacionales como Monsanto que comercializan con las semillas y buscan en la privatización de las mismas concentrar aún más los recursos de producción del sector con fines de monopolización del mercado. La empresa lobbysta por excelencia es Monsanto, que además invierte en la universidad pública orientando a profesionales educados por el Estado para fines de intereses privados.
El poder de las corporaciones sobre los gobiernos vuelve a repetirse. Más allá de discursos o “gestos”, el Gobierno Nacional, una vez más, se somete a las ordenes de una transnacional. Tanto en la oscura noche neoliberal, como en la actualidad, la relación de dependencia se mantiene y se profundiza. Es claro que los intereses de una transnacional como Monsanto chocan con los intereses de los sectores populares agrarios.
La discusión sobre el origen de las semillas y la posibilidad de que sean privatizadas no es menor. Nuestro continente ha construido su base productiva a través del intercambio y el resguardo de las semillas naturales que sirven para sostener la producción que alimenta a millones de personas y es una fuente de trabajo para los productores. Lógicamente, los pequeños y medianos son lo que más sufren de las políticas de concentración y privatización.
Las consecuencias socio-ambientales que producen todos los productos de Monsanto son varias. En primer lugar, cultivos transgénicos extensivos que desertifican el suelo. Por otro lado, la utilización de agrotóxicos en las plantaciones causa mortales enfermedades a los habitantes de nuestros pueblos. Finalmente, la soja transgénica llega a todos los hogares ya que es utilizada como ingrediente en casi todos los productos que consumimos.
El decreto
Monsanto viene llevando adelante una presión lobbysta sobre los funcionarios argentinos hace tiempo. El objetivo concreto de la multinacional, es que los productores de soja paguen regalías a la empresa por utilizar sus semillas. El decreto no solo establece el pago de regalías en materia de soja, sino que además extiende el pago de regalías hacia otras producciones que tienen menor rentabilidad. A largo plazo Monsanto –o cualquier multinacional- podría incorporar semillas de cualquier vegetal o fruta.
