De acuerdo con una resolución del Banco Central publicada en agosto y que entrará en vigor mañana, los clientes de los bancos podrán optar por dar de baja el seguro de vida que hoy pagan por el saldo deudor de sus tarjetas de crédito
La medida redundará en una baja en los montos que hoy están pagando los clientes que acostumbran a no cancelar la totalidad de su deuda con las tarjetas. Pero a la vez aumentarán los riesgos crediticios para los bancos emisores de los plásticos y para los clientes, ya que en el caso de que el titular de la tarjeta muera o quede incapacitado, la deuda quedará a cargo de sus herederos.
El costo del seguro de vida varía según el banco y la tarjeta, aunque en la mayoría de los casos oscila entre 0,2 y 0,3 por ciento del saldo deudor.
Para dejar de pagar el seguro de vida, el titular de la tarjeta deberá comunicarse con la entidad financiera para informar su decisión. En el caso de que no haya una decisión expresa por parte del cliente, el banco podrá continuar aplicando este cargo.
«Esto supone un mayor riesgo para el banco a la hora de emitir tarjetas de crédito, pero es una buena noticia para los consumidores porque podrán optar por no contratar estos seguros, reduciendo el costo de la financiación bancaria», señaló Paloma Bosker, vicepresidente del Centro de Educación al Consumidor.
En la resolución del Banco Central además se establece que no podrán cobrarse cargos adicionales por las operaciones efectuadas por ventanilla por personas físicas ni por la generación o envío de los resúmenes de cuenta.
«Esos servicios deben estar incluidos en la comisión por mantenimiento de cuenta», señaló la CEC en un comunicado.
En la actualidad, hay más de 20 millones de tarjetas de crédito en circulación a nivel nacional y, según los datos del Banco Central, todos los meses los clientes argentinos financian más de $ 20.000 millones de un stock total de operaciones superior a los 150.000 millones de pesos.
La política de dejar en manos del cliente la contratación o no de un seguro de vida forma parte de una avanzada de las autoridades para limitar el accionar de los bancos, en lo que era una de las principales aspiraciones de las entidades de defensa del consumidor.
El primer paso en este sentido data de marzo de 2011, cuando la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó una resolución que prohíbe que los costos de intermediación por la contratación del seguro le sean transferidos al cliente, que sólo deberá pagar una «prima pura» (el seguro propiamente dicho), según valores que las aseguradoras estarán obligadas a publicar en Internet.
En ese momento, también se fijó la prohibición para que los bancos actúen como productores vendedores del seguro que ellos toman y se eliminó la posibilidad de que la cobertura sea cobrada en su totalidad al momento de la compra (sin dividirla en cuotas mensuales, en función del saldo que vaya quedando).
Fuente: LaNación
