Ya son seis los sospechosos de integrar una banda delictiva dedicada a la venta trucha de viviendas sociales.
Se suman dos sospechosos a la causa que investiga a una banda delictiva que se dedicaba a la venta ilegal de viviendas del IAPV. Se trata de un trabajador del Copnaf y un integrante de la ex Side. La semana pasada ya había 4 personas quedaron judicializadas en la causa.
Hay que recordar que este tipo de maniobras tenían al menos 23 víctimas que pagaron entre 20 mil y 100 mil pesos en efectivo para obtener la llave de la vivienda en los planes adjudicados en Colonia Avellaneda y Paraná. Ante esto, el IAPV alertó que era imposible que estas gestiones llegaran a buen puerto, porque la tramitación oficial no permite ese tipo de entregas por «izquierda».
De allí es que se entiende que si la gente pagó, sabía que era altamente probable que el dinero que entregaban no iba a cumplir con el objetivo deseado.
Más allá de eso, la justicia profundizó la investigación y por ello es que se sumaron nuevos sospechosos en las maniobras delictivas y de la cual ya se sobreentiende que es una organización bien aceitada que tenían distintos roles.
Dinero, documentación y computadoras
En la tarde de este martes, la pesquisa a cargo del director de Investigaciones Favio Jurajuría apuntó al barrio San Agustín y Antonini donde se habían autorizado dos allanamientos a personal de la División Delitos Económicos.
En el primer procedimiento, en la casa de un trabajador del Copnaf, de 35 años se encontró una importante suma de dinero, documentación y otros elementos vinculados con la investigación judicial.
La mayoría de las víctimas dieron detalles del nombre y apellido del gestor trucho que trabaja en el Estado provincial, y que de acuerdo a los propios denunciantes, tambien imponía acciones violentas para cobrar el dinero pautado y acordado.
El segundo operativo dirigido por la segunda jefa de Delitos Económicos, Blanca Ramírez, llegó hasta la propiedad de un hombre de 53 años, en el barrio Antonini, más precisamente en calle Francisco Sayos.
El sospechoso de las mismas «tramitaciones» les informó a los policías y al delegado judicial que él era un integrante de la exSide en Paraná, por lo que tenía contactos y «amigos» del poder.
Más allá de eso, el denunciado no pudo evitar el secuestro de dinero en efectivo, constancias personales de los damnificados, entre ellas partidas de nacimientos y contratos. También fue incautado equipos informáticos y varios celulares.
Los dos acusados quedaron supeditados a la investigación, junto a los cuatro denunciados en el arranque de la causa.
Las víctimas coincidieron en remarcar que entre los años 2017 y 2018, les ofrecieron a la venta viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), construidas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia.
Según los damnificados, estos indicaron que los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas y que ellos vendían porque tenían contactos en el IAPV
