Ante esa decisión, la empleada accionó judicialmente a través de un proceso Contenciosos Administrativo por medio de sus abogados Rodolfo Miguel Parente, Gregorio Coronel y Pilar Soldini (quien luego renunció para seguir en el caso).

El 11 de abril de 2018, la Cámara Contencioso Administrativa Nº 1 de Paraná condenó al municipio a “reincorporar a la actora a su cargo de Jueza de Faltas, con todos los derechos y obligaciones que la investidura supone, como asimismo con todos los efectos respecto al automatismo del vínculo en orden a la antigüedad y contribuciones y abonar una indemnización de daños y perjuicios, los que se determinan en un ochenta por ciento (80%) de los salarios que, con los correspondientes descuentos de ley, hubiere percibido aquella de continuar en actividad, computados desde la fecha del acto que dispuso su baja y hasta el día de su reincorporación, con más los intereses hasta su efectivo pago, calculados conforme la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinarias”.

Sin embargo, el municipio apeló la sentencia invocando la violación de la autonomía municipal hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia, que puso fin a la discusión a favor de la exjueza de Faltas: primero rechazó un recurso de inaplicabilidad de Ley que interpuso el municipio de Diamante y, más recientemente, el 23 de septiembre, rechazó un recurso extraordinario federal (para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación). El fallo fue firmado por los vocales Daniel Omar Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gustavo Pimentel, Elvio Garzón y Marcela Davite.