Este primero de mayo será, por primera vez en mucho tiempo, distinto. Ha vuelto a las familias argentinas la preocupación por el empleo perdido o la posibilidad de que esto ocurra, más tarde o más temprano. A esto se suma la angustia por el encarecimiento de los productos de primera necesidad y de los servicios públicos.
La ola de despidos en el sector público y privado que asustó a la dirigencia sindical en su conjunto, al punto tal que la forzó a dejar de lado diferencias secundarias y a confluir en una movilización multitudinaria, como hace décadas no se vivía en la Argentina, es una realidad que desnuda lo peor de las políticas que comenzaron a aplicarse a partir de diciembre, con la asunción de las nuevas autoridades nacionales, electas tras el balotaje de noviembre.
La situación no es nueva. En el esquema cíclico de la vida pública argentina, se asemeja a las consecuencias de las políticas aplicadas en los ’90. A diferencia de aquel esquema, iniciado por Carlos Menem y continuado (hasta donde fue posible) por Fernando de la Rúa, este no comenzó con la transferencia de activos del sector estatal al privado, sino con los despidos de personal con la excusa de la sobreabundancia. La reducción de la plantilla de empleo se conoció en los ’90 como “segunda reforma” y quedó trunca en el plano nacional. Llegó a ser aplicada, sin embargo, en algunas provincias. Entre Ríos fue uno de los campos de experimentación, con la tristemente célebre ley 8.706, que barrió de un plumazo más de 2 mil empleos públicos. El plan era más ambicioso: contemplaba la reducción a la mitad de la nómina de trabajadores estatales, incluyendo docentes.
“En los 90 se intentó hacer todo en dos años. En el corto plazo fue fantástico, pero esos cambios no fueron sostenibles porque se tomaron demasiados atajos. Nosotros aprendimos de esa experiencia”, confesó el secretario de Comercio, Miguel Braun, en Washington ante el American Council.
El argumento que reside en la base de este programa lo enunció con claridad Ricardo Zinn, ex asesor de Alfredo Martínez de Hoz: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Que el argumento de Zinn perdure no es casual: ex gerente del Grupo Socma, Zinn era además una suerte de instructor ad hoc elegido por Franco Macri para instruir en las políticas económicas a su primogénito, el actual presidente Mauricio Macri.
Pareciera que “el mejor equipo de gobierno de los últimos cincuenta años” patea en contra, pero en realidad responde con claridad a sus propios intereses, sin importar los del conjunto. Del gobierno de los yuppies en los ’90, cruelmente retratados en la película Wall Street y en la confesión de Gordon Gekko (Michael Douglas) de que la ambición desmedida era buena, hemos pasado al de “los CEO”, forma que por estos días toma el mismo prototipo de hombre desalmado que mira sus intereses personales o sectoriales por encima de los generales.
El rol del PRO en la Alianza gobernante cambiemos es claro. “Somos el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de ochenta años de historia argentina”, explicó el actual mandatario nacional en 2007 a la Embajada de Estados Unidos, según se lee en los cables de la representación diplomática, filtrados en el escándalo Wikileaks.
Resta saber qué papel tendrá el radicalismo, hasta ahora convidado de piedra a la hora de las definiciones. Puede terminar plegándose a esta nueva corriente, o retomar sus postulados históricos. El Programa de Avellaneda, tal vez el más claro plan político de la UCR postyrigoyenista, es contundente: “Amplio desarrollo industrial, en cuanto el mismo no se funde sobre el bajo nivel de vida de los trabajadores ni perjudique los intereses generales”, exigía.
Mientras, unos y otros tiran las fichas a pleno a la llegada del segundo semestre en el que, sin causas explicitadas de cómo ocurrirá, bajarán los precios y las inversiones extranjeras impulsarán el surgimiento de pymes que llevarán al pleno empleo y a la pobreza cero. Como el cerdo Squealer, que explicaba que no pasaba lo que pasaba y todo el mundo veía, el Jefe de Gabinete Marcos Peña salir a repetir esta cantilena tras la marcha de trabajadores del viernes 29.
El impacto de las medidas de contracción de la inversión pública, de despidos en el Estado y en el sector privado, está generando un círculo vicioso en el circuito económico: la caída de la demanda está afectando a las ventas del comercio, lo que origina menos compras a la industria, por lo que el achicamiento de cada sector se torna casi obligatorio, dado que genera menos recursos para las arcas públicas a través de los tributos, más despidos y menor demanda en el consumo popular y de las clases medias.
La medida para paliar la situación que tomó el Gobierno no solo es escasa, sino que ya se comprobó su ineficiencia hace 20 años: la reducción de la carga tributaria para el empleo joven. Esto además recalienta la situación de los empleados y desempleados mayores de 40 años quienes, de nuevo, comienzan a caerse del mapa. La medida solo incrementa la tasa de ganancias de las empresas concentradas, mientras los sectores intermedios, especialmente los de mano de obra intensiva, quedan al margen.
Un elemento más que conspira contra el empleo es la alta valorización de la renta financiera: con niveles que rozan el 40 por ciento anual de rendimiento en pesos para restar presión al tipo de cambio, se desalienta la inversión productiva. Si a esto se suma la apertura de importaciones, el cóctel se torna explosivo.
Es altamente probable, entonces, que el próximo 7 de agosto vuelvan a verse las extensas colas en las parroquias consagradas a San Cayetano, el santo patrono del trabajo, a quien los sectores populares acuden como última alternativa para conseguir el empleo que los dignifique. (APFDigital)
