Se trata del detalle de los anuncios que Mauricio Macri les adelantó a los jefes y principales referentes de las tres versiones de la CGT, y que no incluyó respuestas a otras demandas como un freno legal a los despidos y la reforma inmediata del Impuesto a las Ganancias. En cambio, el mandatario sí se comprometió a distribuir en el corto plazo una remesa adicional de $ 2.700 millones a las obras sociales gremiales, entre otras reivindicaciones de menor impacto público pero estratégicas para el sindicalismo tradicional.

El combo desplegado por Macri en el encuentro con los gremialistas tuvo como eje un pedido de comprensión y paciencia, bajo la premisa de que en la segunda mitad del año el Gobierno da por sentada una desaceleración de la inflación. En el gabinete económico admitieron que quedó desactualizada la perspectiva de una suba de precios anual en el rango del 20 al 25%, como habían enunciado, sobre todo por el impacto de la suba de tarifas de servicios públicos. Pero alegan que una vez absorbidos esos incrementos habrá una desaceleración en el segundo semestre que determinará, siempre a juicio de los funcionarios, una inflación anual del 28 al 29 por ciento.

Aunque el encuentro tuvo momentos de tensión, los colaboradores de Macri creen que imperó el pragmatismo de los dirigentes y que le otorgarán al Ejecutivo el tiempo necesario para imponer su visión de la política salarial y social. Para convencerlos -además de garantizarles financiamiento para las obras sociales-, el Presidente y sus colaboradores les trazaron un sendero de anuncios y medidas con el objetivo de atender las situaciones más críticas producto de presumibles crisis en el empleo privado.

La primera escala del plan comenzará en mayo, con la convocatoria anticipada del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Si bien esa institución se define en una negociación entre empresarios (las principales cámaras) y sindicalistas (hay representación mayoritaria de la CGT y minoritaria de CTA) el Ministerio de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca, apuntará a guiarlo hacia una suba anual del 30% en dos etapas: la primera, de los actuales $ 6.060 a cerca de 7.000 pesos, y la segunda cuota para llevar el piso a no más de 7.800 pesos.

El salario mínimo tiene un impacto directo sobre menos de 200 mil trabajadores que no están regidos por Convenios Colectivos de Trabajo y que perciben ese monto, pero el interés central del Gobierno pasa por su incidencia sobre otros grupos: el más numeroso es el de asalariados informales, que alcanzan el 34% del total en el mercado laboral argentino y que según los funcionarios cuentan con ese piso como referencia. Pero también influye sobre los trabajadores municipales, muchos de ellos con ingresos inferiores al mínimo nacional.

Según los planes oficiales, el Consejo cumplirá por primera vez en una década uno de sus propósitos pendientes: el ajuste del subsidio por desempleo, que permanece congelado desde hace años en 400 pesos. Los funcionarios se propusieron en este ítem poner el mayor esfuerzo fiscal y elevarlo a por lo menos $ 3.000, y brindarle al beneficiario, además, la posibilidad de percibir la Asignación Universal por Hijo en caso de ser padre de familia.

De ese modo, el subsidio que en la actualidad cobran apenas 60 mil personas -muchos desocupados ni siquiera lo tramitan por lo exiguo del monto- pasaría, según el Ejecutivo, a constituirse como una política social de contención frente a eventuales cierres de empresas en lo que resta del año. Una vez elevado el monto del subsidio se lo dejará atado a la movilidad del salario mínimo.

En el gabinete económico dijeron que el primero en dar su aval a la nueva política en torno del subsidio por desempleo fue Hugo Moyano, el mismo que se había encargado de enhebrar un acuerdo con los bloques opositores del Congreso para impulsar una ley de «emergencia ocupacional» con la aplicación de una indemnización superior a la legal.

Ayer, de todos modos, el portuario Juan Carlos Schmid, presente en la cumbre de Olivos y aliado estrecho de Moyano, dijo que el encuentro con Macri fue «muy poco alentador» y reclamó «equilibrar con los intereses de los trabajadores». Se trata de la dinámica habitual de Moyano, de mostrarse componedor y acuerdista en privado y confrontativo -por sí o a través de sus colaboradores- en público.

El 29 de abril se terminará de conocer el tono del sindicalismo tradicional hacia los anuncios del Gobierno en el acto que harán las CGT junto con las dos CTA frente al Monumento al Trabajo.