El abogado Miguel Ángel Cullen pidió una instancia de mediación en la causa que tiene como imputados a sus dos defendidos: el intendente de Paraná, Sergio Varisco (Juntos por el Cambio) y a su pareja, la concejala Claudia Acevedo (Juntos por el Cambio).
Ambos están imputados en la causa de hurto de energía que se sustanció al comprobarse que estaban “enganchado” de la luz en su casa de Paraná desde hacía por lo menos dos años.
El abogado pedía que no se hiciera el juicio oral y público y a cambio proponía una instancia de mediación. Y sostuvo que el conflicto entre las partes (la empresa Enersa por un lado, y los usuarios Varisco y Acevedo por el otro), está solucionado. Como argumento, Cullen aseguró que el Ministerio Público Fiscal debe ofrecer una resolución menos gravosa al juicio y reclamó “trato igualitario” (sic); al equiparar el rol de Varisco y Acevedo al de familias que por distintas razones económicas han hurtado energía eléctrica.
“Lo que sostiene la defensa es que, aparte de acompañar el pago de la factura del conflicto, solicitamos la instancia de mediación. Este pedido nunca fue evacuado cuando se hizo. Hubo indagatorias y después el pedido de remisión de la causa a juicio”, detalló el abogado.
Cullen dijo que “la totalidad de las causas por hurto de energía se resuelven en instancia de mediación. La omisión de tratamiento de pedido de mediación fue involuntaria. Pero ante eso, busqué antecedentes a nivel nacional y en la provincia y me nutrí de un trabajo de Rodrigo Juárez que es director de la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial de Entre Ríos. El Ministerio Público Fiscal debe procurar resolver los conflictos dando preferencia a la paz social y agotar las instancias menos punitivas para el imputado. Nuestro propio Código Procesal Penal establece que se debe informar la posibilidad de arribar a cuestiones alternativas”, fundamentó Cullen.
“Mis defendidos solucionaron el conflicto inmediatamente, abonaron todo y se solucionó, ni siquiera discutieron. Entendemos que se dan todos los presupuestos para llegar a estar instancia (de mediación)”, subrayó el abogado.
También reclamó que “a Varisco y Acevedo se los trate de manera igual que al resto de los ciudadanos”, consignó Análisis Digital.
“Desde la Oficina de Mediación nos informaron que la totalidad de estas causas se resuelven con mediación. Es más, es política de la empresa no llegar a instancias penales. La Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. No tenemos ningún tipo de situación que amerite la distinción de la calidad de las personas, no tenemos títulos nobiliarios. Sabemos que las causas que no pueden llevarse a mediación cuando hay funcionarios públicos, siempre que los hechos hayan sido cometidos en el marco de la función. Pero este no es el caso. ¿Por qué no se les da el mismo tratamiento que al resto de los ciudadanos?”, preguntó.
Luego dijo que “la Justicia está interviniendo activamente en el juzgamiento de personas de determinados partidos políticos. Fogonear un conflicto que ya está solucionado no es justicia. Estamos frente a un caso constitucional. La persona debe ser tratada igual por la ley, independientemente de quién se trata. La omisión de llevar a mediación, conculca el derecho que emana el Artículo 16° de la Constitución y está en cabeza de Varisco y Acevedo. Por eso hago expresa reserva de concurrir a la Corte Suprema”, completó el abogado.
Argumentos de la acusación
Por otro lado, la fiscal Patricia Yedro rechazó el planteo de Cullen. Dijo que “se presentó constancia de que Varisco y Acevedo zanjaron el conflicto con la empresa, lo cual implica un reconocimiento del hecho”.
“Estamos en presencia de un delito de acción pública”, consideró y agregó: “De hurto de energía en reitero por casi dos años en una vivienda que está dentro de (la zona de) bulevares” de Paraná y que es para altos ingresos económicos.
Yedro dijo que el “criterio que adopta la fiscalía no puede ser antojadizo. Tenemos la obligación de perseguir delitos de acción pública. Entendemos que esta causa afecta al interés público porque se trata de dos personas con función pública. Sin ánimo de hacer distinción entre ciudadanos. Quién asume la función pública tiene obligación de hacerlo con compromiso y responsabilidad. Existe un interés superior y nos obliga a oponernos al pedido defensivo. Queremos que la causa sea dilucidada en debate público. Entendemos que hay incumplimiento del deber ético de quien ocupa la función pública. Por eso nos vamos a oponer a que sea remitida a mediación penal”, destacó la fiscal.
Además, recalcó que “una de las personas imputadas en este legajo también está en otro legajo que será llevada a juicio en febrero, mucho más grave”. Así se refirió a la causa Mutual Modelo que también tiene entre sus imputados a Varisco. “Queremos que todo se dilucide en el mismo debate oral. No podemos separar una investigación de la otra. Eso también es política del Ministerio Público Fiscal. El reglamento de mediación penal, pone en manos del Ministerio Público Fiscal la posibilidad de remitir o no a la mediación. Ese fue el criterio fijado, rechazando que esta causa sea resuelta por vía alternativa”.
El juez de Garantías, José Eduardo Ruhl. resolvió en el momento y rechazó el pedido de Cullen. “Se valora el esfuerzo defensivo, pero no se puede tener favorable acogida. La titularidad de la acción penal la ejerce el Ministerio Público Fiscal. El dictamen fiscal no es arbitrario, ni tampoco es irrazonable ni ilegítimo. Con estos simples, pero sólidos argumentos, tengo que rechazar el pedido de la defensa”.
