Intelectuales, abogados, expertos en medicina y ciudadanos comunes rechazaron la medida. Macron podría dar marcha atrás.
Incluso después de la reducción de la cuarentena prevista para el 11 de mayo, 18 millones de personas, consideradas en peligro, tendrán que permanecer confinadas, advirtió el miércoles pasado el presidente del Consejo Científico francés, Jean-François Delfraissy. Para los que corren el riesgo de “desarrollar una forma grave, seguiremos confinándolos”, dijo al comité legislativo del Senado. “Por cuánto tiempo, no lo sé. No sé por cuánto tiempo, no lo sé. Tal vez hasta que consigamos una droga preventiva”, agregó sin optimismo.
«Los 18 millones de personas son personas de cierta edad, como yo, de más de 65 o 70 años, personas con afecciones a largo plazo, así como jóvenes con una patología, pero también obesos”, detalló.
La posible medida desató una ola de protestas en todo el país, donde intelectuales, abogados, científicos y ciudadanos comunes rechazaron el confinamiento indeterminado de los mayores.
Uno de los primeros en criticar la medida fue Pascal Bruckner, el escritor autor de “Una breve eternidad. Filosofía de la longevidad”, afirmó: “Digo categóricamente que no. La reconfinanciación de los ancianos hasta septiembre, y por qué no hasta Navidad, es inconstitucional y rompe el principio de igualdad”. “La constitución de un grupo de edad, culpable de haber nacido a mediados del siglo XX, como chivo expiatorio de la nación es una de esas ideas absurdas diseñadas para apaciguar nuestra angustia”, sentenció.
El diario francés Le Figaro fue durísimo, aseguró que los jubilados franceses sienten “ira” y están “molestos por sentirse infantilizados y discriminados».
La Academia de Medicina tomó una fuerte postura contra una cuarentena por grupos de edad. “La tentación simplista de gestionar este episodio por grupos de edad y de imponer a los ancianos, en nombre de su propia protección, que permanezcan confinados no es satisfactoria”, afirmó la institución.
La Academia, además, denunció una “amalgama” entre las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas afectadas por enfermedades crónicas. “¿Es mejor tomar un riesgo controlado respetando los gestos que son barreras para vivir con los demás, o languidecer en una soledad desesperada? Esta elección es de todos”, insistió la institución, que considera que “envejecer con buena salud” significa poder continuar con las actividades propias.
En el aspecto legal, la segregación por edad también plantea dudas. “La idea de pedir a las personas frágiles que no salgan de sus casas es comprensible, pero convertir una estadística de salud en una ley plantea verdaderas dificultades jurídicas”, aseguró el constitucionalista Didier Maus, que señala los riesgos de “discriminación” y de “interferencia desproporcionada en la libertad de ir y venir”.
Esa medida también debería «respetar el principio de la dignidad de la persona humana, que también es un principio constitucional», añadió el profesor de derecho público Guillaume Drago.
En la misma línea se están levantaron grandes voces de protesta como el ensayista Alain Minc, cercano al jefe de Estado, que está indignado por la perspectiva de «un arresto domiciliario para ancianos”. “Los textos ambiguos para las libertades civiles ya han pasado. Un confinamiento por grupos de edad sería la gota que colma el vaso”, dijo, antes de advertir de una “revolución de los ancianos”.
“¿Son los ancianos más contagiosos? No, no lo son. ¿Son los ancianos más vulnerables a Covid-19? Sí, pero es su libertad para correr el riesgo. El único argumento válido para justificar el confinamiento de los mayores de 70 años podría ser el deseo de no obstruir las unidades de cuidados intensivos. Pero adoptar medidas relacionadas con la edad sería una negación de la propia filosofía francesa”, afirmó.
Y sentenció: “No podemos aceptar que la arrogancia del poder científico sustituya al poder político».