Red Alerta pedirá al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que sea apartado del cargo, en el que fue designado por un acuerdo, ya que el juez “por acción u omisión, ejerció actos de violencia institucional” contra una mujer sobre quien su hija había pedido medidas de protección a raíz de situaciones de violencia de género que padecía de parte de su ex esposo. El magistrado no habría puesto en práctica de manera eficiente las medidas cautelares de protección.
La titular de la Red de Alerta Entre Ríos, Silvina Calveyra, acudirá con una presentación ante el STJ para que intervenga ante el caso del juez de Familia de Gualeguay, Gustavo Daniel Piquet, a quien el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) acusó de haber ejercido “violencia institucional” en el caso de una mujer que efectuó una presentación por violencia de género.
El dictamen, firmado por la asesora legal del Inadi, Gabriela Basalo, concluyó que “por acción u omisión, el juez a cargo del Juzgado de Familia de la ciudad de Gualeguay, Gustavo Daniel Piquet, ejerció actos de violencia institucional contra la señora JCA, al igual que dilató de modo injustificado la resolución de la solicitud de inhabilitación de la misma, dejándola en un absoluto estado de abandono e indefensión”.
La hija de la mujer, Carla Delmonte, había acudido en septiembre último ante el titular del Inadi, Pedro Mouratian, con una denuncia concreta contra el juez Piquet. En realidad, la causa contra Silvio José María Delmonte, esposo de JCA, se inició en 2011 en la Justicia, pero el trámite atravesó un curioso derrotero. “A pesar de existir cautelares para proteger a mami de la violencia de género, con una orden de restricción, y también cautelar sobre la inhabilitación para protegerla, en los hechos ninguna de las dos se cumple. El abusador sigue entrando a la casa y le sigue manejando todos los campos y el dinero”, contó la hija a El Diario.
Reprimenda
El caso mereció un duro pronunciamiento en julio de 2013 por parte de los jueces Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo O. Delrieux, integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú.
El fallo hizo notar que en el expediente, el Ministerio Pupilar “reiteró su preocupación por la compleja trama procesal que ha impedido verificar con certeza” el estado de salud de JCA, “a fin de brindarle protección si fuera preciso”. Además, insistió en “que la reiteración de planteos por parte de quien representa a la denunciada (el ex esposo), no ha hecho más que entorpecer el trámite impidiendo verificar la situación objetiva de la misma, que es lo único que importa del litigio, y por esa circunstancia ha propiciado en todo momento se adoptaran medidas para que este tribunal pudiera tomar contacto de la presunta padeciente y equipos interdisciplinarios para su evaluación”.
JCA está separada de Silvio José María Delmonte desde 2006. La hija había denunciado a su padre por la situación de violencia que venía padeciendo su madre. Pero dijo que el juez Piquet, en vez de dar curso a su presentación y adoptar medidas de protección respecto de JCA, lo que hizo fue demorar la causa varios meses y al final desestimar la denuncia. En medio, está la discusión por los bienes de la mujer, que pretendió administrar Delmonte pero que la Justicia dispuso que esté a cargo de un curador, el abogado Gilberto Zincunegui.
La situación de desprotección en la que quedó JCA fue advertida con dureza por la Cámara de Gualeguaychú, que elípticamente lanzó una reprimenda a lo actuado por el Juzgado de Familia de Gualeguay.
La Cámara hizo notar que en una sentencia de septiembre de 2012 “quienes advirtieron que JCA no puede vivir sola, carece de autonomía e independencia, padece de una patología psiquiátrica y se encuentra inmersa en una problemática seria de su grupo familiar, con riesgo para sus integrantes, amenazas, intentos de suicidio, tratamientos psiquiátricos de larga data, fueron las propias psicóloga y trabajadora social del Poder Judicial, de modo que la denuncia de un empeoramiento de aquellas condiciones de vida, ausencia de asistencia y el presunto abandono del tratamiento médico, tornaban ineludible atender la petición cautelar, aun cuando su providencia, y alcances de la protección fueran en definitiva dados por el juez, con el conocimiento de la situación”.
