Iniciaron huelgas de hambre, quemaron ropas de cama y realizaron batucadas para oponerse a la reforma de la Ley 24.660 que impulsa el Gobierno tras las repercusiones del crimen de Micaela García.
Presos alojados en el penal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y otras cárceles del país iniciaron una huelga de hambre en protesta por un proyecto de ley que modifica el régimen de salidas transitorias.
Además de la huelga, los internos realizaron batucadas para oponerse a la reforma de la Ley 24.660 que impulsa el Gobierno tras las repercusiones del crimen de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay.
En Devoto, las protestas eran protagonizadas por internos alojados en los pabellones 5 y 6, indicaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En la cárcel porteña comenzaron las protestas este lunes por la tarde con la quema de ropas de cama y batucadas.
El proyecto modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, entre los puntos más importantes, agrega más delitos al artículo en el que se establece en qué casos el detenido no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada.
Entre los que agrega el proyecto, están todos los delitos contra la integridad sexual seguida de muerte previstos en el Código Penal (actualmente hay una sola figura de este tipo de crímenes en la ley), así como el homicidio simple, que hasta el momento no estaba contemplado.
Otra protesta similar, pero en ese caso contra un decreto del Gobierno de Santa Fe que endureció requisitos para las salidas transitorias de los presos, era protagonizada por presos de la Cárcel de Coronda.
Según el portal del diario La Capital de Rosario, la medida de fuerza comenzó el 12 de abril e implica la no asistencia de los internos a los talleres, así como las tareas de limpieza y de cocina.
Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), advirtió el decreto fue declarado inconstitucional por una jueza santafesina y que por su aplicación «se ha generado una situación muy difícil con las visitas, porque hay como una extensión de la pena hacia las visitas, que no tienen nada que ver con el delito que han cometido los presos».
En tanto, señaló que estas situaciones «arbitrarias» se aplican incluso con los niños que ingresan a visitar a sus parientes.
