El riesgo país creció y financiar los proyectos resulta muy caro
Los 21.000 millones de dólares de inversiones en obras entre 2019 y 2023 que el Gobierno pensaba impulsar a través del Sistema de Participación Pública Privado (PPP) quedaron oficialmente suspendidos. 
Dentro de todos los proyectos, se cae el puente Paraná-Santa Fe, un anhelo que lleva dos décadas de espera.
Mauricio Macri decidió este miércoles no abrir los llamados a licitación previstos para los próximos meses debido al “incremento del riesgo país”. El primer mandatario comunicó la decisión luego de una reunión de urgencia convocada en la Quinta de Olivos a la que asistieron Nicolás Dujovne (Hacienda), Guillermo Dietrich (Transporte), Francisco Cabrera, titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Javier González Fraga, presidente del Banco Nación.
Las PPP eran, hoy por hoy, la única apuesta a la obra pública que el gobierno de Macri aspiraba a poner en marcha durante el año electoral, ya que no tenían un cuestionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar del programa de ajuste fiscal, y siempre que tuvieran 100% financiamiento privado, publicó Ámbito.
La desgracia sobrevino con la aparición de la causa de los “cuadernos”; en combo con la crisis financiera. La mayoría de las empresas constructoras que iban a tomar parte del PPP quedaron involucradas en el escándalo de coimas en la obra pública del Gobierno anterior. Con ello, les amputaron la posibilidad de recibir financiamiento de los bancos del exterior; ya que estas no tienen permitido otorgar crédito a compañías que estén involucradas en causas penales.
Ese fue el primer golpe que recibió el programa. Trataron de rescatarlo mediante la creación de un Fedeicomiso. El mismo quedó aprobado en el Presupuesto del 2019. Se supone que los bancos deberían prestar el dinero a ese fondo y este a su vez le otorgaría créditos a las empresas.
Pero el problema también iba mucho más allá. De todas las obras planeadas, tan solo pudieron licitarse y otorgarse 6 corredores viales a través del Ministerio de Transporte. Se trata de 2800 km de autopistas y 4.000 km de rutas seguras. El plazo es de 30 a 60 meses. Las empresas constructoras que ya habían ganado tuvieron problemas a mediados de año para conseguir garantías, luego del estallido del dólar.
Además, se presentaron dificultades para obtener créditos a tasas razonables. En Transporte están buscando la formas para darle más plazo a las empresas. Se supone que en 2019 deben presentar su plan financiero de largo plazo. Tan solo para cumplir con los tiempos legales, los consorcios han logrado un “financiamiento de corto”, en algunos casos con caja propia, para arrancar las obras.
En la cartera de Dietrich indican que desde febrero del 2019 las empresas tienen que comenzar a presentar los certificados de avance de obra. Si no lo hacen, pueden ser multadas, y si se repiten las faltas, el Gobierno puede dar por terminado los contratos, cobrarse las garantías (de u$s100 millones) y quedarse con las obras en el nivel de avance en que estén. Pero la idea no es llegar a eso, como para salvar algo. Representan cerca el 30% de las inversiones previstas para el año próximo, que en el cronograma original era unos u$s2.789 millones (ver cuadro).
Los PPP contemplaban también licitaciones para la construcción de líneas de transmisión eléctrica; obras de agua, saneamiento y vivienda; complejos penitenciarios e inversiones en ferrocarriles. Una señal no alentadora la dieron el martes cuando se anunció mediante un sistema de licitación normal la obra de la represa Portezuelo del Viento, en Mendoza, que estaba prevista hacerla por PPP.
No hace mas de 10 días, el Gobierno anunciaba que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, iba a concentrar el manejo del programa, bajo el argumento de que había demoras en las licitaciones. Ahora directamente queda todo suspendido. Solo habrá obras con crédito de organismos, concluyó Ámbito.
