Lo mejor que le pudo pasar a los gobiernos nacional y bonaerense es que Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci hayan decidido más de una semana después de fugarse del penal de Alvear abandonar la provincia de Buenos Aires. Si los prófugos no huían del territorio bonaerense tal vez hubiera sido eterno: la red de complicidades de familiares, allegados y abogados, y policías bonaerenses salpicados por la escandalosa fuga enloqueció a las autoridades provinciales, que intentaron acorralar al entorno de los reos para dar con ellos.

Trece días después de la espectacular fuga, el macrismo se alza con un trofeo valioso cuando estaba a punto de tambalear: capturó vivos a los tres reclusos que tenían en vilo a la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; a la ministra Patricia Bullrich y, por supuesto, al presidente Mauricio Macri. «Estamos muy contentos pero vamos a ser austeros. Dejamos el protagonismo en la gobernadora y en la ministra, entre otros», aseguraron a Infobae voceros presidenciales un rato después de la captura. Para esa altura, los principales funcionarios nacionales y bonaerenses y los jefes de las fuerzas de seguridad viajaban a Santa Fe.

La intromisión de la Justicia Federal y la ex SIDE y el operativo en manos de las fuerzas federales en desmedro de la Policía bonaerense fueron claves para alcanzar el objetivo. También la colaboración de los fiscales del Triple Crimen de General Rodríguez, que acercaron información de los reclusos y de sus movimientos. Por si lograban de nuevo desorientar a las autoridades y abandonar Santa Fe, los investigadores tenían vigilados a potenciales cómplices de los reos. Entre ellos un familiar en Córdoba que ha sabido colaborar con las trapisondas de algunos de los asesinos.

Las autoridades políticas aprendieron además de los errores. El fallido «los tenemos cercados» de Ritondo tras el primer tiroteo, en Ranchos, fue una lección agria. El ministro estaba convencido de ello por el informe policial, que demostró ser, al menos ineficaz. Desde los días del Triple Crimen y mucho antes los hermanos Lanatta y Schillaci dejaron al desnudo la estrecha relación con un sector de la Policía, en especial con la brigada de Quilmes.

Por eso el macrismo tomó nota y pasó la investigación a jurisdicción federal. Y apeló a la cautela comunicacional: el jueves, tras los dos tiroteos santafesinos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le prohibió a Bullrich viajar hacia allá. No quisieron generar falsas expectativas hasta no tener información segura. Tardaron dos días más para dar con los reclusos tras aquellas trifulcas. Tenían razón en algo los investigadores: a los prófugos se les iban a acabar los recursos y los insumos.

Macri tiene ahora una oportunidad particular. No solo una excusa más que válida para avanzar contra las mafias enquistadas en las fuerzas de seguridad, en los servicios penitenciarios y en la Justicia. Sino que ahora cuenta con el escenario ideal para que la lucha contra el narcotráfico deje de ser una promesa de campaña.

En cuanto a la fuga, la Justicia deberá indagar en las responsabilidades policiales y políticas. E ir, de una vez por todas, por el prófugo más buscado: Ibar Esteban Pérez Corradi, sindicado como autor intelectual de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, masacrados por el negocio ilegal montado alrededor del tráfico de efedrina. Las sospechas alrededor de la colaboración de Pérez Corradi con esta trama no son pocas. Por algo en su testimonio ante la jueza María Romilda Servini de Cubría tras su aparición en «Periodismo Para Todos», Martín Lanatta se encargó de ni siquiera mencionar a su ex socio de la firma Elvesta S.A., montada para importar efedrina. El Gobierno bonaerense piensa en estas horas en elevar la recompensa que pesa en torno al prófugo, de tan solo 100 mil pesos. Aquel sería el trofeo mayor.