Los gobernadores justicialistas pisarán la Casa Rosada todos juntos, de visitantes, y lo harán con un pedido preciso bajo el brazo: el desembolso de más de 9000 millones de pesos que corresponden a certificados de obra pública retrasados.
Ese es uno de los puntos de la agenda que delinean por estas horas los gobernadores del PJ para elevar al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el encuentro previsto para mañana. La cita se convocó de urgencia luego de la cumbre en San Juan, en la que el peronismo del interior cerró filas para reclamar por su porción de la torta. El disparador, aseguran, lo dio el propio gobierno al aumentar por decreto el coeficiente de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro.
No de casualidad una de las prioridades de los mandatarios se enfoca en la deuda en infraestructura, que lleva cuatro meses de grifo casi cerrado: varias provincias ya sienten el impacto de la parálisis de proyectos y el conflicto con los obreros de la construcción.
El otro eje del pliego es la restitución del 15 por ciento que se quita a las provincias de la masa de recursos coparticipables hace más de 20 años cuando se privatizó el sistema jubilatorio. El planteo quedó latente luego de un fallo de la Corte, en noviembre pasado, que dio la razón a tres distritos -Córdoba, Santa Fe y San Luis- respecto de la detracción.
A poco de irse y como una verdadera bomba económica, Cristina Kirchner extendió ese beneficio al resto, pero Mauricio Macri anuló luego ese decreto. A cambio se comprometió a debatir en una mesa un nuevo esquema de distribución. Nadie confía en arribar a un gran acuerdo con los 24 distritos para reformar la ley sancionada en 1988, requisito excluyente, por eso se centralizan en “salidas intermedias”.
El salteño Juan Manuel Urtubey propone la creación de un “fondo de convergencia” que nutra a las provincias más pobres, pero otro grupo de “halcones”, integrado por el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Carlos Verna, quiere ir por el 15 por ciento a todo o nada. Está latente la amenaza de judicializar en forma colectiva el conflicto, algo que algunos distritos ya hicieron.
Después de las críticas del PJ al “unitarismo”, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió la medida. “Es presupuestariamente neutro”, sostuvo, al explicar que el refuerzo de fondos es para financiar la Policía Federal que Macri acaba de traspasar a la Ciudad. También argumentó que esos recursos salen de fondos que le tocan a la Nación y no del bolsón que se divide entre el resto de las provincias. Tiró, de costado, una razón política detrás de la reacción: sirve para “movilizar” el partido en plena pulseada por la renovación interna.
El tercer punto en el borrador del PJ es sobre las deudas previsionales, asunto que atañe a algunas jurisdicciones y tiene al gobernador de La Pampa como principal cruzado.
“Esperamos una respuesta positiva. Vamos a solicitar sobre la base del diálogo, apostamos a la gobernabilidad”, dijo el sanjuanino Sergio Uñac. Además de los 11 gobernadores y un vice que viajaron el fin de semana a su tierra, ahora se sumará Rosana Bertone (Tierra del Fuego), que faltó por motivos personales. Hay una probabilidad de que asistan Alberto Wereltineck (Río Negro), un frepasista que fue parte del dispositivo K, y Mario Das Neves (Chubut), un peronista crítico del kirchnerismo.
Más allá de la buena predisposición que destacan de Frigerio, los caciques demandan resoluciones concretas. “Respuesta inmediata”, pidió ayer el chaqueño Domingo Peppo.
Si bien esta vez no fueron convocados, la intención es llamar a Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Schiaretti (Córdoba) para los próximos encuentros. Los dejaron afuera por una razón técnica: las dos provincias reciben el 15 por ciento que ellos reclaman, beneficiadas por el fallo judicial. Pero los imaginan con sillas en la mesa oval del séptimo piso del Consejo Federal de Inversiones, búnker de una “liga” potente que quieren reeditar.
LN
