El debate se iniciará en el Senado desde las 10:30 y el oficialismo confía en que logrará un respaldo multipartidario, inclusive de un sector del Frente para la Victoria. En el gobierno esperan conseguir una mayoría que ronde los 50 votos.
El Gobierno atravesará hoy un día clave para su gestión, ya que buscará aprobar en el Senado el proyecto que deroga las leyes de cerrojo y pago soberano, permitiendo cerrar finalmente un acuerdo con los holdouts. Cambiemos espera contar con el apoyo de una amplia mayoría.
El debate comenzará a las 10:30 y calculan que será una sesión especial maratónica, de al menos 12 horas de exposiciones de los senadores. En ese marco, los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) tienen posturas contrapuestas entre sí que quedarán expuestas durante el largo debate.
Por lo pronto, el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que votará a favor del acuerdo: «Néstor Kirchner le pagaría a los holdouts», consideró. «No creo en la consigna ´Patria o buitres´, agregó en diálogo con Radio Con Vos.
En esa línea, el Gobierno estima que contará con los votos de buena parte de los senadores que integran el bloque FpV-PJ y los aliados que están en sintonía con gobernadores peronistas.
Por el momento, se calcula que las posiciones en contra del acuerdo con los holdouts suman 20 votos (19 senadores kirchneristas, más Fernando «Pino» Solanas) de los 72 que componen el total de miembros de la Cámara alta.
En duda estaban los votos de los peronistas anti-K puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes durante el proceso de debate tuvieron posturas zigzagueantes, mientras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá se expresó en contra del acuerdo con los holdouts en una de las audiencias realizadas por las comisiones de Presupuesto y de Economía del Senado.
Si las expectativas del Gobierno se concretan, el dictamen se aprobaría sin cambios, por lo tanto ya se convertiría en ley sin la necesidad de volver a debatir modificaciones en Diputados.
El presidente Mauricio Macri y los principales funcionarios del Gobierno advirtieron que sólo con el fin del litigio será posible avanzar con las obras de infraestructura que demanda el interior del país mediante el acceso al crédito internacional. Esto ocurrirá en el marco de un eventual relanzamiento de la gestión, con el énfasis puesto en medidas de impacto social.
