El juez Martín Furman, del Juzgado Civil y Comercial N° 7, en primer lugar no hizo lugar a la medida cautelar y se basó en que “el decreto goza de presunción de constitucionalidad”. A la vez que pondera “el interés público comprometido frente al interés particular de los accionantes”. Acota la sentencia que “el decreto contiene restricciones pero no prohíbe lisa y llanamente toda actividad, como dijeron los actores. Tampoco advierto (en este etapa) una falta de proporcionalidad de las medidas dispuestas por los fines declarados en los fundamentos del decreto”.
Especifica que la normativa de la Municipalidad no viola artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución de Entre Ríos “con lo cual no surge con la evidencia que se requiere para suspender cautelarmente su vigencia”.
A su vez en otro párrafo resolutorio, afirma que “la apariencia de buen derecho, aducida por la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales no se configura en este caso, ello sin perjuicio que pueda resolverse en la sentencia de fondo”.
También justifica el fallo favorable a la Municipalidad en que “no se observa peligro en la demora” de dar lugar a una medida cautelar “ya que la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales conocían el decreto desde el mes de agosto de 2017 y esperaron hasta diciembre para demandar. Y más allá de declamar la posibilidad de quiebra, no precisaron de qué manera concreta sus disposiciones las afectaron. Además el derecho constitucional invocado es de carácter patrimonial, y como tal, susceptible de una posterior reparación por los medios legales idóneos”.
Accionar de la comuna
Mediante el decreto del Ejecutivo 1469/17 se prohíbe el uso y venta de pirotecnia sonora y forma parte de uno de los compromisos que asumió el Intendente Sergio Varisco, desde el inicio de la actual gestión, para minimizar los daños que estos provocan en el ambiente, seres humanos y animales. Así, distintas áreas de la Municipalidad de Paraná intensificaron los operativos, constatando algunas irregularidades en los tipos de cohetes que se están comercializando; son productos que no pueden estar a la venta, y son llevados a su decomiso y posterior destrucción tal lo dispuesto por el Juzgado de Faltas.
Los controles alcanzan a los nueve locales habilitados y también los que se realizan en forma clandestina. Los operativo se extenderán estos días para llevar el control de la venta y que se cumpla con la normativa vigente. (El Once)
