A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su «broma».
Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.
En su resolución, el juez habló de los «tiempos socioeconómicos que corren» y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, «donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original».
El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros
A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su «broma».
Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.
En su resolución, el juez habló de los «tiempos socioeconómicos que corren» y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, «donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original».
El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros funcionarios. Además, van hijos de conocidos músicos y actores.
El llamado alertó sobre una bomba en los casilleros. Personal de seguridad del establecimiento reportó lo sucedido al 911 y de inmediato hubo un despliegue del personal de la comisaría 51 junto a la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. Desalojaron el colegio y después de revisar el lugar, se confirmó que la situación estaba fuera de peligro y no había ninguna bomba.
Con el análisis de los informes de las compañías telefónicas y las tareas de investigación, se determinó que el llamado había surgido del celular que usaba José Matías Detang, un ex alumno del liceo. El joven, hoy de 19 años, fue procesado por intimidación pública y pidió que se le concediera la suspensión del juicio a prueba (probation).
Es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas si el delito en cuestión no excede los tres años de cárcel. A cambio, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente y la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida.
Puntualmente, la defensa propuso participar de «jornadas educativas en el Liceo Francés «Jean Mermoz» -el mismo al que amenazó-, y hacerse cargo de una reparación patrimonial de 7.823 pesos por los gastos del procedimiento. Fue el Ministerio de Seguridad el que fijó el costo del operativo.
