El debate en torno a los límites para fumigar con agroquímicos en zonas próximas a escuelas rurales no está agotado en Entre Ríos, aún cuando el pleito entablado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se haya inclinado a favor de la tesitura del Gobierno en la tramitación de un amparo ambiental en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En otra mirada sobre el mismo tema, el 3 de octubre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a un año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de lesiones leves culposas –imprudente- en concurso ideal con contaminación ambiental al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.
La fumigación fue el 4 de diciembre de 2014, en un aérea del campo que explotaba con cultivo de arroz y maíz localizado en los kilómetros 7 y 11 de la zona rural, en Santa Anita, frente a la escuela. La pulverización afectó a la maestra Mariela Leiva y a cinco chicos que se encontraban en el aula.
La condena a los responsables llegó tres años después y fue considerada histórica por las organizaciones ecologistas. Por el contrario, la decisión de la Justicia generó preocupación en las entidades agrarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). Lo cierto es que el fallo aún no se encuentra firme por cuanto los condenados fueron en Casación para que se revise la resolución.
La voz de Mariela Leiva vuelve a escucharse ahora, en un extenso reportaje que publica el diario español El País sobre los graves problemas de salud que producen las fumigaciones sin control. Acá, el texto:
Mariela Leiva
Durante el festejo de fin de año del jardín de infantes, los padres y docentes ya lo advirtieron: en los campos cercanos estaban fumigando. Esta escuela rural, que también tiene primaria y secundaria, se encuentra en el Paraje Cañada de Arias, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Fatima Sosa, mamá de Juana, una alumna de cinco años, estaba en el acto junto a su hija. Al terminar la fiesta, que fue dentro de un salón, se fueron rápido a su casa para que los agroquímicos no las afectaran. Hoy, para Sosa es una preocupación dejar a su hija en la escuela y que fumiguen tan cerca.
“Yo vivo en la zona hace 24 años. Incluso fui a la misma escuela que mi hija y antes no se veía tanta agricultura alrededor. Muchas familias vendieron sus campos, dedicados a la ganadería y se fueron. Cada vez avanza más la siembra y hay menos gente”, comenta Sosa.
Este caso no es aislado. En Argentina hay unas 15.000 escuelas rurales, que conviven con la producción agraria. Argentina es el tercer productor de soja del mundo. En 2017, cultivó 47 millones de toneladas.
Esto hace que gran parte de los alumnos hayan estado alguna vez cerca de algún agroquímico, ya sea a través de bidones, mochilas o un mosquito fumigador. En noviembre de 2018, en el primer Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se calculó que unos 700.000 niños y adolescentes están en riesgo por las fumigaciones que se llevan a cabo sin control en los campos cercanos. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las provincias más afectadas.
Los docentes rurales buscan crear redes para que se tome conciencia de la problemática. Ana Zabaloy fue un ejemplo. En octubre de 2015, su escuela fue fumigada en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. El 9 de junio de 2019, murió de cáncer. En un chequeo al que se sometió Zabaloy en 2016, se corrobora que la maestra tenía una cantidad 14 veces superior a la que es considerada “normal” de glifosato en sangre. Aunque como el cáncer es una enfermedad multicausal, los médicos no establecieron la relación directa.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC es su sigla en inglés) evaluó la carcinogenicidad de los insecticidas organofosforados diazinón, malatión y glifosato y los reclasificó, tal como se puede leer en la página de la OMS, como «probablemente cancerígenos para los seres humanos».
Zabaloy fue una de las fundadoras de la Red Federal de Docentes por la Vida. Esta organización tiene como objetivo la defensa de los derechos vulnerados de las comunidades educativas rurales. Propone que las escuelas accionen como motores de cambio, difundiendo la problemática que afecta a la salud y el ambiente.
“Desde la red, hablamos sobre cómo es posible producir de otra manera. De hecho, la Red Nacional de Municipios de Agroecología ya asesoró a productores y alcanzó las 100.000 hectáreas en el país. Su filosofía tiene que ver con un modelo más integral, que no desplace a la gente de sus tierras, que no provoque desmonte y genere valor agregado”, opina Daniela Dubois, referente de la Red Federal de Docentes por la Vida.
“Son pocos los municipios que generan herramientas para que las ordenanzas se respeten, como poner un cartel en la escuela, generar una cortina forestal o capacitar a las instituciones. Recurrentemente se ven incumplimientos, pero gracias a las denuncias, se empiezan a ver también cambios y ya hay personas juzgadas en proceso penal por poner en riesgo la salud de la comunidad”, advierte Dubois.
Leonardo Moreno es docente rural y participa de la organización Multisectorial contra el agronegocio La 41. Por la falta de información pública, la organización está empezando a realizar un mapeo sobre las escuelas afectadas. La primera vez que Moreno se vio afectado fue en diciembre de 2011 mientras tomaba examen a sus alumnos. Él vio por la ventana como en el campo lindante, a menos de 50 metros realizaban fumigaciones. En marzo del 2012, se repitió el episodio. Moreno se acercó a la persona que estaba aplicando el producto y le pidió que detuviera la pulverización ya que estaba afectando a los estudiantes y docentes. Como el viento soplaba en dirección hacia la escuela, algunos habían sentido molestias en las vías respiratorias y en los ojos.
Cercanía con el campo
Los alumnos son en su mayoría hijos de trabajadores rurales y como tales viven en cercanías a lotes fumigados. “Sus padres o ellos mismos, no suelen poder elegir qué tipo de tecnología o de pesticidas utilizar ni tienen mucho margen para negarse a utilizarlos en caso de no desearlo. Esto contrasta, por ejemplo, con los hijos de los dueños de los campos que en su gran mayoría viven en ciudades lejos de los campos”, agrega Guillermo Hough, referente de la organización ConCiencia Agroecológica.
Según Hough, muchas veces denunciar es difícil porque la mayoría de las escuelas están vinculadas a las explotaciones agropecuarias que las rodean, de las cuales reciben presiones encubiertas para no cuestionar el modelo. Por ejemplo, reciben ayuda para el mantenimiento del edificio, o donaciones para la fiesta anual de la escuela.
Pablo Lapegna, sociólogo y autor del libro La Argentina transgénica, considera que la producción agraria juega un rol tan importante a nivel económico en el país, que es difícil generar regulaciones a nivel nacional que permitan proteger a los chicos que están en las escuelas expuestas a los químicos. “Es muy importante seguir empoderando a las comunidades. Los docentes que suelen difundir esta problemática, suelen ser ninguneados, ridiculizados e incluso se los ataca. Argentina tiene pocas políticas de Estado, pero la producción de soja transgénica se extendió en la década del noventa y se mantiene hasta la actualidad. Por eso es tan difícil ir contra este modelo, por más que pueda estar afectando a la salud”, reflexiona. Cuando Mariela Leiva siente el olor de los plaguicidas, la boca se le llena de llagas, le pica la piel o los ojos empiezan a llorarle. Ella tiene 48 años, es hija de productores rurales tradicionales, directora de una escuela entre la provincia de Entre Ríos y es referente de la organización Paren de Fumigar las Escuelas.
Así lo hizo Mariela Leiva, referente de la lucha contra los agrotóxicos.
El debate en torno a los límites para fumigar con agroquímicos en zonas próximas a escuelas rurales no está agotado en Entre Ríos, aún cuando el pleito entablado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se haya inclinado a favor de la tesitura del Gobierno en la tramitación de un amparo ambiental en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En otra mirada sobre el mismo tema, el 3 de octubre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a un año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de lesiones leves culposas –imprudente- en concurso ideal con contaminación ambiental al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.
La fumigación fue el 4 de diciembre de 2014, en un aérea del campo que explotaba con cultivo de arroz y maíz localizado en los kilómetros 7 y 11 de la zona rural, en Santa Anita, frente a la escuela. La pulverización afectó a la maestra Mariela Leiva y a cinco chicos que se encontraban en el aula.
La condena a los responsables llegó tres años después y fue considerada histórica por las organizaciones ecologistas. Por el contrario, la decisión de la Justicia generó preocupación en las entidades agrarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). Lo cierto es que el fallo aún no se encuentra firme por cuanto los condenados fueron en Casación para que se revise la resolución.
La voz de Mariela Leiva vuelve a escucharse ahora, en un extenso reportaje que publica el diario español El País sobre los graves problemas de salud que producen las fumigaciones sin control. Acá, el texto:
Mariela Leiva
Durante el festejo de fin de año del jardín de infantes, los padres y docentes ya lo advirtieron: en los campos cercanos estaban fumigando. Esta escuela rural, que también tiene primaria y secundaria, se encuentra en el Paraje Cañada de Arias, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Fatima Sosa, mamá de Juana, una alumna de cinco años, estaba en el acto junto a su hija. Al terminar la fiesta, que fue dentro de un salón, se fueron rápido a su casa para que los agroquímicos no las afectaran. Hoy, para Sosa es una preocupación dejar a su hija en la escuela y que fumiguen tan cerca.
“Yo vivo en la zona hace 24 años. Incluso fui a la misma escuela que mi hija y antes no se veía tanta agricultura alrededor. Muchas familias vendieron sus campos, dedicados a la ganadería y se fueron. Cada vez avanza más la siembra y hay menos gente”, comenta Sosa.
Este caso no es aislado. En Argentina hay unas 15.000 escuelas rurales, que conviven con la producción agraria. Argentina es el tercer productor de soja del mundo. En 2017, cultivó 47 millones de toneladas.
Esto hace que gran parte de los alumnos hayan estado alguna vez cerca de algún agroquímico, ya sea a través de bidones, mochilas o un mosquito fumigador. En noviembre de 2018, en el primer Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se calculó que unos 700.000 niños y adolescentes están en riesgo por las fumigaciones que se llevan a cabo sin control en los campos cercanos. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las provincias más afectadas.
Los docentes rurales buscan crear redes para que se tome conciencia de la problemática. Ana Zabaloy fue un ejemplo. En octubre de 2015, su escuela fue fumigada en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. El 9 de junio de 2019, murió de cáncer. En un chequeo al que se sometió Zabaloy en 2016, se corrobora que la maestra tenía una cantidad 14 veces superior a la que es considerada “normal” de glifosato en sangre. Aunque como el cáncer es una enfermedad multicausal, los médicos no establecieron la relación directa.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC es su sigla en inglés) evaluó la carcinogenicidad de los insecticidas organofosforados diazinón, malatión y glifosato y los reclasificó, tal como se puede leer en la página de la OMS, como «probablemente cancerígenos para los seres humanos».
Zabaloy fue una de las fundadoras de la Red Federal de Docentes por la Vida. Esta organización tiene como objetivo la defensa de los derechos vulnerados de las comunidades educativas rurales. Propone que las escuelas accionen como motores de cambio, difundiendo la problemática que afecta a la salud y el ambiente.
“Desde la red, hablamos sobre cómo es posible producir de otra manera. De hecho, la Red Nacional de Municipios de Agroecología ya asesoró a productores y alcanzó las 100.000 hectáreas en el país. Su filosofía tiene que ver con un modelo más integral, que no desplace a la gente de sus tierras, que no provoque desmonte y genere valor agregado”, opina Daniela Dubois, referente de la Red Federal de Docentes por la Vida.
“Son pocos los municipios que generan herramientas para que las ordenanzas se respeten, como poner un cartel en la escuela, generar una cortina forestal o capacitar a las instituciones. Recurrentemente se ven incumplimientos, pero gracias a las denuncias, se empiezan a ver también cambios y ya hay personas juzgadas en proceso penal por poner en riesgo la salud de la comunidad”, advierte Dubois.
Leonardo Moreno es docente rural y participa de la organización Multisectorial contra el agronegocio La 41. Por la falta de información pública, la organización está empezando a realizar un mapeo sobre las escuelas afectadas. La primera vez que Moreno se vio afectado fue en diciembre de 2011 mientras tomaba examen a sus alumnos. Él vio por la ventana como en el campo lindante, a menos de 50 metros realizaban fumigaciones. En marzo del 2012, se repitió el episodio. Moreno se acercó a la persona que estaba aplicando el producto y le pidió que detuviera la pulverización ya que estaba afectando a los estudiantes y docentes. Como el viento soplaba en dirección hacia la escuela, algunos habían sentido molestias en las vías respiratorias y en los ojos.
Cercanía con el campo
Los alumnos son en su mayoría hijos de trabajadores rurales y como tales viven en cercanías a lotes fumigados. “Sus padres o ellos mismos, no suelen poder elegir qué tipo de tecnología o de pesticidas utilizar ni tienen mucho margen para negarse a utilizarlos en caso de no desearlo. Esto contrasta, por ejemplo, con los hijos de los dueños de los campos que en su gran mayoría viven en ciudades lejos de los campos”, agrega Guillermo Hough, referente de la organización ConCiencia Agroecológica.
Según Hough, muchas veces denunciar es difícil porque la mayoría de las escuelas están vinculadas a las explotaciones agropecuarias que las rodean, de las cuales reciben presiones encubiertas para no cuestionar el modelo. Por ejemplo, reciben ayuda para el mantenimiento del edificio, o donaciones para la fiesta anual de la escuela.
Pablo Lapegna, sociólogo y autor del libro La Argentina transgénica, considera que la producción agraria juega un rol tan importante a nivel económico en el país, que es difícil generar regulaciones a nivel nacional que permitan proteger a los chicos que están en las escuelas expuestas a los químicos. “Es muy importante seguir empoderando a las comunidades. Los docentes que suelen difundir esta problemática, suelen ser ninguneados, ridiculizados e incluso se los ataca. Argentina tiene pocas políticas de Estado, pero la producción de soja transgénica se extendió en la década del noventa y se mantiene hasta la actualidad. Por eso es tan difícil ir contra este modelo, por más que pueda estar afectando a la salud”, reflexiona. Cuando Mariela Leiva siente el olor de los plaguicidas, la boca se le llena de llagas, le pica la piel o los ojos empiezan a llorarle. Ella tiene 48 años, es hija de productores rurales tradicionales, directora de una escuela entre la provincia de Entre Ríos y es referente de la organización Paren de Fumigar las Escuelas.
