El aumento tendrá incidencia directa en más de 500.000 planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno. El IFE no será aumentado en una proporción con el salario mínimo.
El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, en línea con varias de las paritarias que cerraron en lo que va de la pandemia y un poco por debajo de la estimación de inflación anual. Se trata de la pauta que manejan en reserva los funcionarios del Gabinete económico para la convocatoria del 14 de octubre a pesar de reconocer el desfasaje superior a 40 puntos del piso salarial formal contra la inflación acumulada en 2018 y 2019.
Un aumento mayor, evalúan en el Ejecutivo, demandaría más gasto público por su impacto en asistencia social y reabriría la conflictividad en sectores gremiales que hubiesen negociado por debajo.
El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil citado este miércoles se reunirá en dos semanas con el objetivo central de adecuar ese ítem, que a su vez tendrá incidencia directa en más de 500 mil planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno como compensación a las empresas golpeadas por la crisis derivada del coronavirus. También deberá actualizar el monto del subsidio por desempleo, que a instancias de la pandemia se fijó en un mínimo de 6 mil pesos mensuales y en un máximo de 10 mil pesos, publica el diario Ámbito Financiero.
En el equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, esperan una discusión compleja por la dimensión de la caída económica en el primer semestre del año. También descuentan que el debate durará más de un día por tratarse de la primera sesión a distancia de esta institución. La convocatoria alcanza a 16 miembros por las principales cámaras empresarias (industrial, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa de Comercio, pyme) y otros tantos de la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma). Los funcionarios planean sumar, como invitados, a referentes de los movimientos sociales aunque sin poder de voto.
La particularidad de que será la primera sesión de este tipo por completo virtual implicará que cada uno de los representantes deberá, antes de la reunión, certificar de manera remota su identidad. Si a eso se suma el hecho de que serán muchos protagonistas con intención de pronunciarse, en la cartera laboral calculan que el debate podrá durar dos o más días. El primer encuentro plenario fue convocado para el 14 de octubre a las 15 y el segundo, a las 16.30. Más allá del monto, que esperan situar cerca del 30% de suba que pactó el gremio de Camioneros y que se corresponde con varias de las paritarias que cerraron hasta ahora (Aceiteros, con 25%; Asociación Bancaria, 26% y el gremio del neumático, Sutna, con 37%, son los principales resultados) en el equipo económico confirmaron que el ajuste se trasladará al valor del ATP: esa compensación sobre el salario que la ANSES deposita en cada cuenta sueldo de las empresas en crisis equivale como mínimo a un salario mínimo, de $16.875, y como máximo a dos de esos pagos, es decir 33.750 pesos.
También, la variación repercutirá en el salario social complementario que reciben como retribución más de 500 mil beneficiarios de planes de asistencia. Ese pago es de 8.500 pesos y está sujeto al valor del salario mínimo.
En tanto, en el Gobierno descartaron avanzar sobre un histórico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras cámaras patronales que pasa por regionalizar el salario mínimo. Es decir, fijar un valor diferencial en función de las canastas básicas de cada región del país. Tampoco está previsto eximir a algún sector del pago del aumento que termine por resolverse.
Otra confirmación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no será aumentado en una proporción con el salario mínimo. El argumento oficial es que ese aporte está disociado del salario mínimo pero una especulación de algunos actores sindicales y sociales dejaba abierta esa inquietud.
Si se tiene en cuenta la pérdida de puntos del salario mínimo desde 2018 la suba que evalúa el Ejecutivo está muy por debajo: en esos dos años el desfasaje contra la inflación acumuló más de 40 puntos (en el bienio la canasta trepó más de 101 por ciento y el piso salarial, 60 por ciento) y en el Gobierno, aunque lo reconocen, señalan que una recuperación real podrá negociarse recién en 2021 en un eventual escenario de salida plena de las restricciones que impuso la cuarentena. Como compensación señalan que el ajuste del salario mínimo podrá ser referencia para los trabajadores informales y otros sectores que se reflejan en esa pauta.
