La inundación cubrió de agua el emprendimiento de Berma Agri, que funciona desde 2008. La empresa holandesa levantó terraplenes y diques ilegales que afectan el ecosistema, pero ahora colapsaron por la inundación
La creciente del río Paraná pone sobre el tapete, de distintas maneras, la compleja problemática que afecta a la «salud» de los humedales, amenazada por el mal uso y depredación humana. La organización ambientalista El Paraná No Se Toca hizo un relevamiento de la situación actual, poco difundida, de los múltiples terraplenes y diques ilegales con fines productivos «que afectan grave e impunemente al invalorable ecosistema conformado por el Delta de nuestro Río Marrón» y comprobó que las obras que tienen identificadas y localizadas en la región «están en su totalidad sobrepasadas y colapsadas por la inundación».
«Hemos corroborado con nuestros propios ojos la situación de la ya famosa explotación agrícola de Berma Agri (ubicada en la isla Irupé, en jurisdicción de Victoria y frente a la costa de Villa Constitución), como caso emblemático por su tamaño y antecedentes nefastos por el daño que ha producido y la impunidad que gozan sus responsables», comunicaron desde el grupo en alusión a la vigencia del emprendimiento montado en 2008 sin autorización ni habilitaciones, y que se mantuvo vigente y prosperó pese a intimaciones, procesos administrativos y judiciales que se han desarrollado desde entonces para el cese de la siembra, fumigación y movimientos de tierra, que son ilegales en las islas, publicó el Diario La Capital de Rosario.
Reinciden
Ni siquiera la gran inundación de 2010 que ?como en este caso? arrasó con todo cuanto había en las 10.000 hectáreas de extensión del establecimiento, desalentó a «los holandeses», tal como llaman los lugareños a los responsables visibles en el lugar: en diciembre de ese mismo año ya tenían el negocio en marcha nuevamente, y al margen de las normas. Incluso, en setiembre del año pasado se reavivó la polémica cuando circularon fotos de la construcción de galpones y silos en la isla circundada por los arroyos Estévez, San Lorencito y Los Laureles, algo impensado para el paisaje de esa zona.
La amplia repercusión mediática de ello derivó en una intimación del gobierno entrerriano para «la suspensión total de obras» y «el cese de toda actividad» y en una clausura impuesta por del municipio de Victoria. La firma interpuso un recurso contencioso administrativo en la Justicia, que terminó anulando las actuaciones y dictaminando que corresponde a la Fiscalía de Estado entrerriana resolver en el tema, porque las obras que desarrollan «los holandeses» afectan de un modo u otro al patrimonio público provincial.
Sin embargo, una vez más «hoy el río se ocupa de poner en su lugar lo que durante años no hizo ningún ejecutivo del Estado», expresó el Paraná No Se Toca.
Sin embargo, aún «nos preocupa seriamente ya que esta empresa realiza actividad agroindustrial, dependiente de transgénicos y agrotóxicos, sobre el reservorio de agua dulce más importante que tiene la región y con la creciente todo ese suelo se lava y no sabemos cuál será el resultado del esparcimiento sobre las aguas de estos venenos», advirtió la agrupación. «Bema Agri en esto de andar destrozando la naturaleza de las islas hoy está con sus tierras bajo agua», lamentaron los ambientalistas.
Reclamo por la ley de humedales
La organización advirtió que seguirá denunciando, y «trabajando e impulsando que el Congreso de la Nación sancione la ley de humedales que nuestro país necesita con urgencia ante la destrucción creciente y las múltiples amenazas que estos ecosistemas padecen». Por eso, exhortaron a los organismos nacionales y provinciales a que tomen medidas «urgentes con la finalidad de que de una buena vez por todas esta empresa desaloje el humedal y cese de inmediato con su actividad ilegítima y de riesgo sobre el ecosistema. Una vez llamamos a la reflexión», concluyeron.
Fuente: Elonce.com
