La utilización de las pistolas de descarga eléctrica parece inminente. Las fuerzas federales están a un paso de tenerlas para “tareas de prevención” en lugares de “mucha concentración de gente”, según justifican en el Ministerio de Seguridad desde el anuncio.
Ya compraron 100 Taser X 26 con 100 cartuchos operativos y 600 de práctica. Implicó un gasto de 5.285.000 de pesos para el Estado, según información de la cartera de Patricia Bullrich. Cada uno de los dispositivos costó 862 dólares, aunque en el gobierno indicaron que «las compraron por la mitad del precio inicial». Es que en marzo, durante el anuncio, la cotización estimada había sido de 1.663 dólares cada una.
La adquisición había sido anunciada en mayo y después de una «licitación pública internacional» se efectuó la operación con la empresa AXON, que se adjudica la presencia en 100 países del mundo.
“La empresa tiene un plazo máximo de 60 días para enviarlas y a partir de esa entrega las Taser estarán en la calle”, confirmaron en el Ministerio de Seguridad. Tienen tiempo hasta el 14 de septiembre, pero podría ocurrir antes.
El gobierno nacional oficializó el uso de las pistolas eléctricas el 2 de abril, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución que habilita a las fuerzas para emplearlas. En mayo, las capacitaciones sólo habían sido para Grupo Halcón, una unidad especial de la Bonaerense. Las fuerzas federales, que ahora contarán con estos 100 dispositivos, «ya empezaron a capacitarse», informaron.
El uso de las Taser genera polémica desde que Mauricio Macri, cuando era jefe de Gobierno porteño, anunció que la flamante Policía Metropolitana las incorporaría. Fue poco antes de lanzar su candidatura presidencial y terminó avalado por la Corte Suprema de Justicia, que en marzo de 2016 desestimó la acción legal que buscaba frenarlas. Ahora, en medio de la campaña electoral, se concretará.
Según los anuncios, serán utilizadas en «grupos especiales», como el GEOF, y «en lugares de mucha concentración de gente», como aeropuertos, estaciones de tren y otros espacios públicos «para tareas de prevención».
«El uso de dispositivos eléctricos de incapacitación temporaria tiene el objetivo de permitir abordar situaciones operacionales, en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza, sin el empleo de armas de fuego. Es un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes», justificó Bullrich sobre su implementación.
Sin embargo, organismos de Derechos Humanos rechazan su utilización y presentaron distintos recursos ante la Justicia para frenar su uso. Algo que no prosperó.
La Ciudad de Buenos Aires había anunciado que se sumaría este equipamiento a la Policía porteña, algo que por lo pronto desestimaron en la Bonaerense.
