Ya lo había adelantado el ministro de Energía. A partir de febrero habrá una modificación de las tarifas de energía eléctrica y gas natural. Los especialistas advierten sobre el impacto en el poder adquisitivo de esas medidas.
Cuando en enero de 2002, la Ley 25.561, de Emergencia Económica y Social, sellaba la muerte de la convertibilidad y establecía que el Estado nacional debía proceder a la renegociación de los contratos de los servicios públicos, inmediatamente las empresas concesionarias que habían pactado con el menemismo tarifas indexadas en dólares salieron en masa a requerirle al ejecutivo de ese momento la readecuación tarifaria de acuerdo a esas cláusulas leoninas; pedían incrementos similares a la devaluación y más, hasta un 700 por ciento. Siendo ya presidente Néstor Kirchner, en octubre de 2003, las Asociaciones de Usuarios mantuvieron una reunión en la que le solicitaron, teniendo en cuenta la grave situación económica de la mayoría de los argentinos que rechazara las pretensiones tarifarias de las concesionarias, que habían obtenido rentabilidades extraordinarias en los años previos.
Con esa prioridad ?la situación económica de los millones de argentinos que se encontraban debajo de la línea de pobreza e indigencia, los altos índices de desocupación, el quiebre de la economía, la triste existencia de los clubes del trueque?, el Estado nacional sostuvo una política de contención de las tarifas, favoreciendo el poder adquisitivo de los usuarios, lo que apuntaló la distribución de la renta a favor de los más débiles, sin dejar de sostener la operatividad de las empresas a través de otros mecanismos de transferencia. De haberse reconocido la validez de las cláusulas indexatorias acordadas con el menemismo y aplicado las tarifas que reclamaban las empresas, la mayoría de esos usuarios hubieran dejado de tener los servicios de agua, luz, gas y teléfono, porque las facturas hubieran sido impagables.
Hoy, esa política está siendo sustituida por otra que prioriza los intereses de los grupos concentrados de la economía y alcanza a los concesionarios de servicios públicos. Es un hecho, anunciado por el ministro de Energía, que a partir de febrero habrá una modificación de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, con aumentos que podrían llegar hasta un 300 o 500 por ciento y la disminución o eliminación de subsidios a los usuarios. Los subsidios que se le quitarán a los más de 6 millones de usuarios de los servicios públicos se transfieren ahora a los sectores más concentrados de la producción agraria y exportadora; se debilita el poder adquisitivo de millones de hogares para favorecer a un puñado minoritario de grandes empresas.
Es preocupante que a menos de 15 días de la aplicación de la medida, no haya ninguna información oficial que ofrezca precisiones y certezas sobre el tema. Sería lamentable que los usuarios nos enteremos el mismo día por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el impacto económico que conllevaría un incremento de esa naturaleza en los presupuestos de millones de argentinos, cuando la inflación en 75 días llegó al 10 por ciento. Además implicaría desconocer el derecho de los usuarios a tener la debida información sobre un tema trascendente y a participar en el análisis previo de la readecuación tarifaria, tal como lo establecen las leyes de Marcos Regulatorios de la Energía Eléctrica y el Gas Natural, que obligan a la realización de Audiencia Pública, en forma previa a la modificación tarifaria, para que la ciudadanía conozca, estudie y debata el nuevo régimen tarifario, pueda opinar al respecto y reciba respuesta de las autoridades a las observaciones planteadas en la Audiencia.
Para justificar el aumento propuesto, dicen que las tarifas están congeladas desde hace una década, lo cual es desmentido por los aumentos en el gas natural aplicados en 2014 y 2015, que fueron de entre un 70 y 165 por ciento para Gas Natural Fenosa y entre un 83 y 172 por ciento para Metrogas. Con este antecedente, sería descabellado aplicar un aumento como el que se viene anunciando. Además, los usuarios vienen pagando un Cargo Fijo de entre 4 y 60 pesos por factura con destino directo a las empresas, abonan un 9 por ciento por un impuesto añejo de la Provincia de Buenos Aires y el cargo por el Costo del Gas Importado, que obliga a más del doble por cada metro cúbico consumido. Algo similar sucede en el servicio de energía eléctrica en el que los usuarios realizan aportes a un Fondo destinado a suplir la falta de inversiones de las empresas, pagan recargos por mayores consumos que se giran directamente a las distribuidoras e impuestos con destino desconocido. No sabemos si estos cargos seguirán pagándose en febrero, señala Página 12.
Desconocemos también si el beneficio de tarifas diferenciales que tienen los usuarios de gas natural que reducen sus consumos entre un 5 y 20 por ciento continuará vigente. Queremos saber si los subsidios a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad, hogares monoparentales o multifamiliares, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y planes sociales, van a continuar o serán eliminados. Esperamos tener la respuesta antes del 1º de febrero.
