Se trata de Marcelo Alejandro Acosta, de 52 años, a quien se le extendió la prisión preventiva tras ser acusado de transportar droga. Será juzgado el 3 de abril de 2018, en los tribunales federales de Rosario.
Un ex chofer oficial del actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri , será juzgado a partir del 3 de abril próximo, acusado de haber transportado en 2014 unos 20 kilos de cocaína, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Marcelo Alejandro Acosta, de 52 años, a quien el Tribunal Oral Federal (TOF) de Rosario extendió la prisión preventiva y dispuso el inicio del juicio oral y público.
Ambas medidas fueron dispuestas por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci, quienes tendrán a su cargo el juicio al ex chofer y a otros cinco acusados de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones en distintos puntos del país.
Acosta fue detenido el 13 de mayo de 2014, cuando circulaba a bordo de un auto Peugeot 307, chapa patente EEG-741, en el que eran trasladados 20 kilos de cocaína por una ruta cerca de Rosario.
El auto interceptado fue el mismo que había sido utilizado días antes por Gonzalo Caudana, acusado de ser uno de los jefes del narcotráfico en Paraná, detenido en la Unidad Penal N°1 de la capital provincial.
Acosta está acusado de colaborar en actividades de comercio de estupefacientes, en su caso como transportista, agravado por la intervención de más de tres personas, y podría recibir una pena de entre seis y veinte años de cárcel.
Mientras tanto, está suspendido en sus funciones en el Estado y tiene abierto un sumario administrativo.
En su decisión, el tribunal resaltó que «las restricciones de la libertad de una persona durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no sancionatorios pues si esto último sucediera, se atentaría contra el principio de inocencia».
Además, advirtió que los únicos motivos que justifican dicha restricción de la libertad antes del dictado de una condena son «los denominados riesgos procesales: que los procesados intenten eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación».
La investigación se había iniciado cinco años antes, centrada en un narcotraficante internacional que se había instalado en Misiones, en una chacra que tenía muy cerca del río Paraná.
La sospecha de los investigadores es que desde allí se gestionaba el ingreso de importantes cargamentos de marihuana provenientes de Paraguay, para luego insertarlos en distintos mercados, sobre todo, en Chile y la Patagonia argentina. Fuente: La Nación y Télam
