Con amplio consenso de todo el arco político se aprobó hoy en la Cámara de Diputados el proyecto que busca una respuesta médica integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el país.
El proyecto, que obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos, había sido presentado por la Diputada Nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) pero contaba con un amplio consenso de los bloques de la oposición. “Es una ley que no es de mi autoría, es de autoría de todas las organizaciones de la sociedad civil y de los pacientes. Viene a proponer un paradigma distinto, estamos planteando un enfoque de derechos humanos y un abordaje integral”, dijo la diputada Gaillard durante su discurso.
La legisladora también destacó que la nueva norma “tiene un capítulo muy importante relacionado con las jubilaciones y las pensiones”. “Necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos estén cubiertos. Las personas que sufren VIH tienen un envejecimiento precoz por la toxicidad de las drogas del tratamiento”, dijo.
“Esta ley no sólo me preocupa y me ocupa desde muchos años, antes incluso de ser legislador o diputado nacional, porque si creo que en definitiva es una ley que de tan importante ha sido manoseada durante muchos años, perdiendo estado parlamentario cuatro veces, en diferentes gobiernos, con diferentes bloque legislativos, con diferentes presidentes de Cámara”, lamentó el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
Y agregó: “Lo que me nace desde el corazón es que debemos mirarnos un poco a nosotros mismos, con menos de absolutismo y ombliguismo, y hagamos mea culpa en este recinto porque hay que decirlo, algunos no están acá, pero en muchas oportunidades cacarearon bastante y siempre dejaron la ley escondida en un cajón”.
¿Qué propone la nueva ley de HIV? Garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento, tanto en prestadores públicos como privados, para todas las personas expuestas o afectadas al VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis; promover las campañas masivas de difusión, testeo y prevención de contagios; aumentar la capacitación e investigación; y crear una comisión nacional interministerial e intersectorial con representantes de la sociedad civil.
Además, y este punto es clave, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.
“Es una de esas leyes que no solo importan por lo que regulan sino que también importan por lo que simboliza y significa. Y esta es una ley que viene a actualizar la regulación de la Ley 23.798 y a marcar que donde hubo discriminación, donde hubo perjuicio, donde hubo no reconomiento de derechos y donde hubo persecución acá viene un Estado a estar presente y decir frente a eso que acá hay derechos y reconocimiento y esa es la gran noticia”, señaló Alejandro Cacace, del bloque Evolución Radical.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías. La integración de esta Comisión deberá ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
“No podemos negarnos a modernizar un sistema legislativo que ya era vetusto, con una ley del año 1990, que necesitaba aggiornarse”, dijo la radical Soledad Carrizo.
Alejandro Finocchiaro, del PRO, explicó que su bloque no acompañó el artículo 9 que propone la extensión indeterminada del vínculo laboral evitando cualquier causa de despido en caso de personas que padezcan VIH. “Una cosa es la discriminación otra cosa es pretender crear una especia de estabilidad laboral frente a cualquier tipo de causa”, afirmó.
