Hoy a las 19 horas, en un vuelo de Aerolíneas con rumbo a Lima, Julio Antonio Dávila Ríos dejó el país, expulsado por la Dirección Nacional de Migraciones. Había cumplido una condena por narcotráfico de cuatro años y volvió a ser acusado de cometer el mismo delito al salir.
Detenido por la Policía de la Ciudad, acordó con Migraciones su salida, un acuerdo que fue convalidado por el Juzgado Contravencional Nº21 de Cristina Lara.
Su primera condena había llegado en noviembre de 2017 en el Tribunal Oral Criminal Nº4 de Mercedes por los delitos de tenencia simple de estupefacientes, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento simple: su pena venció el 15 de junio. El 23 de julio, un mes después, lo detuvieron de vuelta, acusado de tenencia de drogas para fines de comercialización.
Así, quedaba automáticamente como un irregular en el país.
No es el único: fuentes en Migraciones aseguran que otros 2.000 extranjeros acusados fueron expulsados del país por supuestas participaciones en delitos en los últimos cuatro años, con 760 mil radicaciones otorgadas. La Justicia avaló el decreto firmado por el presidente Macri para la expulsión de extranjeros en 2017, una decisión del juez Ernesto Marinelli. En los primeros dos años de la gestión Cambiemos con Horacio García al frente de Migraciones las deportaciones habían aumentado 3150 por ciento con respecto a los últimos años del kirchnerismo.
Hubo casos envueltos en polémica, por ejemplo, el de la enfermera Vanessa Gómez Cuevas, oriunda de Perú, que fue expulsada del país, separada de sus hijos, tras ser acusada de ser una mula narco.
A pesar de cumplir la totalidad de la condena, fue expulsada de la Argentina en febrero y separada de dos de sus tres hijos sin siquiera dejar que se despidiera. Incluso, la mujer denunció en una entrevista que brindó a Infobae que fue «engañada por la Policía Federal» para ser llevada al aeropuerto y así concretar el trámite de deportación impulsado por la Dirección Nacional de Migraciones.
La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exijan al gobierno que permita el ingreso de la enfermera al país para poder estar con sus tres chicos.
