La joven se precipitó al piso de espaldas, de una altura de 2,5 metros, y sufrió quebraduras en varias vértebras. La presentación judicial plantea que el instituto carecía de las medidas de seguridad que requiere la actividad.
El abogado Martín Jáuregui se presentará este martes en los tribunales de Concordia para requerir que se investigue “la eventual existencia de conductas delictivas, tanto en el Instituto Orange Jazz como en los Entes Administrativos competentes para el control y habilitación de su funcionamiento”, en relación con un hecho ocurrido en el mes de octubre de 2015 y que trajo aparejados graves perjuicios para la alumna Paula Sara Barrios Acevedo.
En el encabezamiento del escrito, que el letrado se apresta a poner en manos de la Fiscalía este martes, expresa: “Vengo a formular formal denuncia contra Teresita García de Costa y/o quien o quienes resulten penalmente responsables de las lesiones gravísimas sufridas, en razón de las conductas desarrolladas como causa eficiente de los daños “.
Al puntualizar cómo habrían ocurrido los hechos, cuenta que la alumna, que por entonces tenía 16 años, “cuando practicaba un ejercicio bajo la supervisión de la profesora Teresita García de Costa, en el sector del patio del Instituto Orange Jazz, supuestamente acondicionado para esta práctica, cayó de una altura aproximada de dos metros y medio al piso de espaldas, impactando violentamente sobre su columna vertebral, lo que le produjo un indescriptible dolor e inmediata inmovilidad”.
El escrito elaborado por Jáuregui agrega: “Corresponde consignar conforme surge claramente del video que incorporo, que el lugar no presentaba las medidas preventivas de seguridad que requiere esta actividad, ante una contingencia totalmente previsible en la misma como lo acontecido, máxime en personas que por su dilatada trayectoria, experiencia y calificación con la que comercializan con los padres de las menores, “confianza” determinante al momento de incorporar menores al Instituto . Sin embargo, en el caso, dicha conducta omisiva y eventualmente delictiva, fue determinante de las consecuencias que padecerá de por vida y constituyen el objeto central de la investigación que requiero del MINISTERIO PUBLICO FISCAL”.
La joven fue “trasladada por una ambulancia a la guardia del Sanatorio Garat, donde le proporcionaron analgésicos y simplemente le tomaron una radiografía y le indicaron reposo por 72 horas”, relata la presentación judicial.
Cuenta que para la familia fue “una sorpresa observar mediante el video de la caída que el Instituto no tenía las medidas preventivas para el ejercicio de la actividad, como corroborar después que tampoco tenía el correspondiente seguro, que pudiese cubrir las innumerables intervenciones médicas y de contención psíquica que recibió y aún recibe la joven”.
Describe un largo “camino de médicos, especialistas, estudios, como resonancias, tomografías, espino-grama, etc”. Paula “estuvo tres meses con corset termo plástico lumbo sacro, debido a que se quebró la lumbar 1 y se desplazó la vertebra dorsal 12, con asistencia permanente y con docente domiciliario para continuar sus clases”.
“Luego -continúa el relato- fue derivada por el Dr. Sobrino a un centro de mayor complejidad, por lo que fui atendida en el Hospital Austral”, donde le colocan una “una prótesis en la columna”. “La intervención fue realizada el día 08 de septiembre de 2016, en el Hospital Austral de Pilar, Bs As., con su correspondiente rehabilitación posterior en innumerables viajes a Buenos Aires para el control”.
El escrito remarca que “todo lo necesario para los tratamientos y estudios médicos fueron pagados y atendidos por el grupo familiar. La señora Teresita García de Costa en principio se mostró muy preocupada, la visitó en una oportunidad, pero cuando le llevamos una lista de los primeros gastos expresó que no tenía dinero para cubrirlos, que solo ayudaría con el pago del cuidador domiciliario por dos semanas; luego no apareció en ninguna otra oportunidad”.
Tras pedir varas medidas probatorias, el texto le pide la Justicia que no sólo analice “la eventual existencia de conductas delictivas” por parte del “Instituto Orange Jazz” sino también de parte de “los Entes Administrativos competentes para el control y habilitación de su funcionamiento”, es decir, las reparticiones del Estado.
Fuente: elentrerios.com
