Según los términos de la presentación penal, a los jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudicaban contrataciones que nunca solicitaron. También, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron.
El Gobierno denunció penalmente a siete empresas de crédito no bancarias por realizar supuestos débitos indebidos, gastos no justificados y cobrar tasas abusivas a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según se informó hoy, la denuncia fue formulada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas.
De acuerdo con la información, los mayores damnificados fueron jubilados y beneficiarios de la asignación AUH.
Además, fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores por el incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor.
Las compañías imputadas son Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente, Wenance, Wenance Credit Argentina y Wenance Inversiones AAGI.
De acuerdo con los términos de la presentación penal, a los jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudicaban contrataciones que nunca solicitaron.
También, debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron.
«Estas empresas, además, realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, deducen sellado, carpetas o gastos administrativos que no corresponden y aplican tasas abusivas que en muchos casos superan el 1.500% más IVA de Costo Financiero Total», señala el escrito.
Las denunciadas habrían incurrido en «incumplimiento o en cambios unilaterales de los contratos, modificación en las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas».
«Se presentan con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Banco Central, lo que es falso en casi la totalidad de los casos», agrega.
Según se informó, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, en colaboración con otros organismos como BCRA y la Inspección General de Justicia, identificaron las conductas abusivas sistemáticas y fraudulentas.
«Frente a presuntas defraudaciones masivas o incumplimientos reiterados y generalizados, activó el sumario y realizó denuncias penales», añade.
