El Tribunal de Juicios y Apelaciones dec Gualeguay, integrado por los jueces Mariano Caprarulo y Fernando Martínez Uncal y por la jueza María Carolina Castagno, impuso este viernes al excura Juan Diego Escobar Gaviria la pena de 23 años de prisión efectiva.
Es por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “Corrupción de menores reiterada agravada por la condición de guardador (tres víctimas) que concurren realmente entre sí (Artículos 45,55 y 125 Párrafo 1° y 3° del Código Penal)”.
Así lo dio a conocer el Tribunal durante la lectura de sentencia, luego de que las partes formularan sus pedidos de pena durante la audiencia celebrada el 14 de junio pasado.
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Rodrigo Molina solicitó una condena de 24 años, a la que adhirieron la querella particular, ejercida por el abogado Mariano Navarro, y el Ministerio Público Pupilar, representado por Gustavo Piquet.
La defensa de Escobar Gaviria fue ejercida por el abogado Milton Urrutia y la abogada Alejandra Pérez, quienes solicitaron una reducción de 20 años a su condena.
Escobar Gaviria está alojado en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria “Gobernador Ramón Febre” desde abril de 2017.
Reducción de pena
Se trata de una reducción de dos años de la pena impuesta el 6 de septiembre 2017 por el mismo Tribunal -con otra integración de jueces-. Entonces, el cura había sido condenado a 25 años de cárcel por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.
Sin embargo, en octubre de 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por los defensores del cura y revocó parcialmente el fallo.
El máximo tribunal provincial dispuso «absolver» al sacerdote por uno de los cuatro hechos por los que fue condenado, un abuso sexual simple, por cuanto la víctima no declaró en el juicio -estaba bajo tratamiento médico durante el tiempo en que se desarrolló el debate- y ordenó devolver el expediente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay para que emita una nueva condena.
Tras varias audiencias aplazadas, finalmente el Tribunal de Gualeguay escuchó la petición de la Fiscalía y la defensa el martes 14 de junio. En aquella audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Rodrigo Molina, planteó que al cura se lo debía condenar a 24 años -redujo apenas un año la pena impuesta en 2017- en tanto que el defensor Milton Urrutia consideró que debía aplicársele una rebaja de 20 años, y condenarlo sólo a 5 años de cárcel.
Según Urrutia, la condena no incluye el agravante de ser ministro de culto. “El agravante por ser cura sólo estuvo en un hecho, el que fue anulado por la Sala Penal. Ahora, la condena quedaría sólo con el agravante de su calidad de guardador. Entonces la pena se reduce sensiblemente”, razonó.
Finalmente el Tribunal de Gualeguay fijó la pena en 23 años de prisión.
