Este año la cifra de los que serán deportados por delinquir llegará a unos 200, cuando en 2015 era de cuatro. El Gobierno resalta la necesidad de acortar los plazos del trámite y reforzar el monitoreo.
Las expulsiones de extranjeros que delinquen pasaron de 4 en 2015 a 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 en lo que va del año.
«Probablemente lleguemos a los 200», dicen cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año.
«La idea es acelerar los tiempos», dicen desde la Dirección Nacional de Migraciones, que encabeza Horacio «Totó» García, antiguo funcionario del Ministerio de Seguridad porteño y actualmente bajo las órdenes de Frigerio, según publica el diario La Nación.
La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros. Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que «se está viendo qué hacer con ellos», ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un «foro migratorio específico» para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.
El presidente Mauricio Macri, que ayer en Córdoba se manifestó contra los inmigrantes «que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida», avala las negociaciones con Pichetto y otros dirigentes en torno a una reforma de la ley migratoria. Tiene aún un escollo: la Corte Suprema todavía no se expidió sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que aceleró los tiempos, aunque para el Gobierno sigue vigente. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay, cuyos ciudadanos componen la amplia mayoría de los extranjeros que llegan al país, se quejaron de este decreto. La otra pata de la estrategia oficial pasa por «legalizar» a los inmigrantes y así «separar la paja del trigo»: los que «vienen a trabajar» de quienes «vienen a cometer delitos».
Esta semana, Migraciones puso en marcha el Radex, sistema remoto que permite comenzar el trámite de radicación vía online y obtener una residencia temporaria en pocos días. «La pelea es contra la irregularidad migratoria», afirman desde el edificio de Migraciones, pegado al histórico Hotel de Inmigrantes de Retiro.
A través del Radex, el Gobierno obtendrá además los datos laborales de cada inmigrante, con lo cual podrá «reubicarlos» en las provincias que los requieran para trabajar. Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias que ya comenzaron a moverse de manera concreta para absorber inmigrantes – sobre todo venezolanos, que han llegado huyendo de la crisis económica que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro-, y San Juan y Jujuy se sumarán en breve.
El flujo venezolano es particularmente numeroso, y muchos profesionales provenientes de ese país son requeridos en el interior. «Si les damos todo esto y no se regularizan, es porque vinieron con otros fines», se atajan fuentes oficiales.
El Gobierno buscará, en la próxima reunión de ministros del Mercosur, la adhesión de Uruguay, Paraguay y Brasil al intercambio de información sobre antecedentes penales, un dato que el Gobierno considera fundamental para impedir ingresos indeseables. En la Casa Rosada afirman que esta batería de medidas servirá para apaciguar los ánimos de quienes piden más acción contra los extranjeros involucrados en delitos. Se reforzarán, de todos modos, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, los controles en los pasos fronterizos por la cumbre del G-20 de fines de este mes y también de cara a una temporada estival que prevé un enorme flujo de turistas producto de la devaluación del peso.
