Los ex intendentes de Larroque Raúl Riganti y Leonardo Hassell, ambos enrolados en el peronismo, reconocieron su culpabilidad y fueron condenados este lunes en juicio abreviado por sobreprecios en una obra de pavimento realizada durante la gestión 2011-2015.
Al primero se le aplicó una pena de dos años de prisión condicional y una inhabilitación perpetua, y al segundo una pena de un año e inhabilitación especial.
Para Riganti, que era presidente municipal al momento de los hechos, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas, Arturo Dumón, dispuso la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por tentativa de fraude contra la administración pública. Una pena similar al encontrarlo coautor del mismo delito se aplicó a Juan Carlos Rochelle, que era secretario de Obras Públicas.
Para Hassell, que era secretario de Gobierno de Riganti y luego fue intendente de la localidad (2019-2023), el magistrado estableció una condena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, al encontrarlo autor del delito de abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sentencia alcanzó también a Norberto Marchesini, ex secretario de Hacienda, a quien se aplicó la misma pena que a Hassell.
En el debate intervino el fiscal Lisandro Beherán. Defendió a los cuatro imputados el abogado paranaense Miguel Ángel Cullen, acompañado por el letrado Fabián Otarán como codefensor en el caso de Marchesini.
Como marca el procedimiento, en la audiencia en la que se definió el juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron expresamente su participación y responsabilidad en los delitos denunciados y se mostraron de acuerdo con las penas acordadas
A los cuatro ex funcionarios se les adjudica haber defraudado en forma conjunta a la administración pública, más concretamente al municipio de Larroque, al haber realizado una serie de actos a través de los cuales se facilitó la contratación y acuerdo de pago en favor de la empresa constructora OIC SA, acordando precios desproporcionados con los valores reales.
La obra en cuestión fue ejecutada en 2015 por convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido. Correspondió a asfaltado de calles, badenes y cordones cuneta a lo largo de 14 cuadras.
Según el fallo, para la obra se realizó un concurso de precios que culminó con la adjudicación a OIC SA, representada por Néstor Hereñú, por un monto apenas superior a los 21 millones de pesos “a sabiendas de que el valor económico contratado resultaba evidentemente desproporcionado con los valores reales de la obra a realizar”, que ascendían aproximadamente a 16 millones de pesos tomando la obra proyectada, y a 9 millones de pesos tomando la obra realizada, de acuerdo al peritaje efectuado por el ingeniero Beltrán Uranga.
En la gestión de Riganti se abonaron a OIC SA en razón de la ejecución de la obra 8,6 millones de pesos. Restaba pagar la diferencia, pero el trámite no llegó a materializarse por el recambio de autoridades. El sucesor de Riganti fue el radical Darío Benedetti, que asumió e hizo la denuncia.
Respecto de la empresa involucrada, cabe recordar que en diciembre de 2021 el representante de la compañía, Néstor Hereñú, logró una probation.
Riganti y Hassell integraron históricamente en el departamento Gualeguaychú el grupo político del ex vicegobernador Pedro Guastavino y del actual diputado provincial Juan José Bahillo. Entre 2019 y 2023, Hassell fue intendente de Larroque. Riganti, por su parte, se desempeñó como diputado provincial entre 2015 y 2019.
