La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la cartera de Cultura Provincial rubricaron un Convenio Marco de Cooperación cuyo objeto consiste en generar mecanismos de alianzas estratégicas que posibiliten la articulación y el desarrollo de acciones comunes para el fortalecimiento de políticas educativas y culturales.

Según el decreto N°2164/20 firmado por el Gobernador Gustavo Bordet se autoriza a suscribir la firma del convenio marco entre la Secretaría de Cultura y la UNER; y además se faculta para aprobar la firma de futuros convenios específicos que devengan del mismo.

Las partes intervinientes estuvieron representadas por el Cr.Andrés Ernesto Sabella en calidad de rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Francisca D´Agostino por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El acuerdo de cooperación pretende fomentar la colaboración mutua de las partes involucradas optimizando el uso de la estructura vigente y el conocimiento e información que las partes poseen, en todas aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de los fines que las partes competen.

Interesa también a los objetivos del convenio marco de cooperación producir acciones que permitan promover, planificar y coordinar acciones que fortalezcan el desarrollo de las políticas públicas atenientes a la educación y la cultura.

Las acciones serán promovidas en el territorio entrerriano

La Secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino celebró la firma del Convenio destacando que: “la alianza con la Universidad es estratégica ya que nos permite avanzar con proyectos pensados con la Facultad de Ciencias de la Educación -en sus carreras de Comunicación Social y Gestión Cultural-, y con la Facultad de Ciencias Económicas en relación a proyectos productivos de cultura que queremos desarrollar conjuntamente con esa facultad”.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitó la ciudad de Larroque acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y otros funcionarios provinciales y nacionales. En el Polideportivo Municipal se llevó a cabo un acto en el que se entregaron aportes para diversas obras.

Junto a Bordet y Stratta estuvieron presentes los diputados provinciales Mariana Farfán y Leonardo Silva, el senador provincial Jorge Maradey, la diputada nacional, Mayda Cresto, el titular de Enohsa, Enrique Cresto, los ministros Juan José Bahillo, Marcelo Richard y Hubo Ballay, junto a intendentes del departamento, presidentes de comunas y juntas de gobierno y otros funcionarios.

El evento de llevó a cabo en el marco de la firma del inicio de la obra de bicisenda, como también de aportes de financiamiento para distintas obras públicas del Plan “Argentina Hace”.

El primero en brindar unas palabras fue el intendente Leonardo Hassell local, quien expresó su “enorme satisfacción por la llegada nuevamente del gobernador Bordet y también de la vicegobernadora Stratta que no conocía nuestra ciudad”, destacando que “en este tipo de encuentros podemos mostrar las políticas públicas que llevamos adelante”.

El mandatario acotó que “a pesar del año que tuvimos nunca nos sentimos solos, porque en cada funcionario del gobierno provincial y nacional hemos tenido una respuesta, un llamado, un asesoramiento y eso nos ha mantenido unidos y con un enorme compromiso para hacer frente a las gestiones porque siempre hemos tenido una respuesta”.

Seguidamente, el titular del Enohsa, Enrique Crestro, expresó su satisfacción “de llegar a esta ciudad hermosa”, expresando que cuando le ofrecieron hacerse cargo del ente nacional “fue Gustavo (Bordet) el que me dio el impulso y con una mirada estratégica para la Argentina y cambiar esa mirada hacia Entre Ríos que necesitaba obras de saneamiento”.

El ex intendente de Concordia añadió que “al recorrer el país, me di cuenta que tenemos una provincia maravillosa y de la que debemos estar orgullosos los entrerrianos. Tenemos la posibilidad hoy de tener una provincia ordenada con un gobernador que la conduce políticamente y eso hace que los funcionarios nacionales que deben desembarcar en Entre Ríos lo hacen con gusto, disfrutan venir porque saben que acá se trabaja y hay un equipo”.

Cresto agregó que “vamos a trabajar con los intendentes, tiene que haber obras en los 83 municipios de la provincia, en las 53 comunas y 133 juntas de gobierno y se puede trabajar porque hay una política de la nación que lo permite”.

Los convenios

Acto seguido se procedió a la firma de los convenios respectivos. El primero de ellos, para el inicio de la obra de la Bicisenda, con una inversión cercana a los 14 millones de pesos en el marco de mejoramiento e infraestructura en general del desarrollo sostenible que desarrolla el ministerio de obras públicas de la nación.

Luego, el acuerdo para obras de cordón cuneta, badenes, y mejorado de arterias por un monto de $ 5.803.693; también para galería de nichos en el cementerio de Larroque por $ 1.242.811.- del Ministerio de Obras Públicas y del Enohsa y dentro del programa “Argentina Hace”.

Además, financiamiento de la Limpieza de la Laguna anaeróbica de nuestra localidad por un monto de $ 5.025.674.- del Programa Profesa (Programa Federal de Saneamiento), y finalmente un aporte para la Municipalidad de Aldea San Antonio, recibido por su intendente, Mauro Díaz Chaves.

Cerró el acto el gobernador Bordet, quien se mostró “feliz de estar nuevamente en Larroque, en este hermoso polideportivo”. El gobernador informó que “se hacen muchas obras en el departamento, entre ellas la pronta inauguración de la ruta 51, que une Larroque con Urdinarrain”, anunciando que “vamos a licitar el desvío del tránsito pesado que une las rutas 51 y la 16, que era un compromiso que habíamos asumido”.

Bordet también dijo que “las obras son el producto de la tarea de los intendentes, legisladores y presidentes de las comunas y juntas. Es la forma de trabajar que llevamos adelante, en una provincia en la que estuvimos cuatro años remando muy duro para poder trabajar, que tuvimos que contar con fondos propios hacer frente a un cúmulo de obras que existían en diferentes lugares y era complicado cuando no hay un acompañamiento del gobierno nacional para llegar a la gente”.

También acotó que “hoy tenemos un gobierno nacional que tiene nuestra misma visión, la de una Argentina federal, que pasa por una concepción y forma de ver el orden de prioridades y ubicar los recursos donde más se necesitan”.

El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, informó que el pasado lunes se reunió con autoridades de Enersa para tratar el aumento de la tarifa eléctrica. La explicación oficial fue que la principal razón del incremento es la suba del valor a nivel mayorista.

Según dijo Garciandía a APFDigital, la explicación que le dio el presidente de la distribuidora estatal Enersa, Jorge González, fue que el mayor valor de la tarifa está relacionado con el incremento en el costo a nivel mayorista de la energía. El tramo del precio que se incrementa a nivel provincial es “menor” según le explicaron al dirigente fabril.

El encuentro entre los industriales y el funcionariado fue a través de una videoconferencia.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) manifestó su preocupación por el modo en que se dispuso el incremento de energía a las industrias que consumen más de 300 KW a partir del 1° de marzo.

La entidad considera que el impacto representará entre el 50% y 70% promedio en el costo final de la energía y pidió que se revea la medida y que la suba se aplique de manera escalonada.

Como en el conflicto de 2017, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) comenzó a montar este martes de mañana en el Centro Cívico una carpa que se mantendrá hasta que el gobierno reabra la discusión paritaria y se alcance un acuerdo salarial. La instalación fue realizada frente al Consejo General de Educación (CGE), en una de los laterales de Plaza Mansilla, cerca de Casa de Gobierno.

“Hemos resuelto instalar una carpa que tiene historia, que tiene memoria, que es simbólica de todas nuestras luchas. Esta carpa se instala en esta Plaza Mansilla y no se mueve hasta no recibir una propuesta salarial que dé cuenta de nuestras demanda”, anunció el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, durante el acto que se realizó en la explanada de Casa de Gobierno.

El conflicto se disparó tras la falta de acuerdo en la mesa paritaria salarial entre el gobierno y los sindicatos docentes.

El viernes 19 de febrero se realizó la tercera audiencia paritaria: entonces el gobierno ofreció un 15% de aumento salarial más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre, que para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, supuso una suba de un 26%. Pero esa propuesta no satisfizo las aspiraciones docentes, que reclaman la «recuperación» de lo perdido frente a la inflación en 2020, 36,1%, más una pauta para 2021. No hubo entendimiento posible, aunque el Ejecutivo decidió pagar igual la mejora, publicó Entre Ríos Ahora.

En ese marco, Agmer dispuso un paro de 72 horas, que concluye mañana y este martes movilizó al Centro Cívico. “Estamos nuevamente en la calle porque vamos a dar todas las peleas”, lanzó Pagani. “Los trabajadores no somos variable de ajuste”, aseguró, y ponderó la “unidad” del gremio, unidad que se construyó “mucho antes de la pandemia”. En la pandemia, justamente, dijo que el Gobierno votó una Ley de Emergencia a través de la cual “pretendía que los trabajadores, jubilados y activos, paguemos el costo de la pandemia. Y fuimos con una estrategia que no nos gustaba, pero era la que nos quedaba a mano. Fue en la Justicia que dimos la batalla: hoy a ningún jubilado y a ningún activo con salario por debajo de los $100 mil les descuentan un solo centavo por Ley de Emergencia”.

Reprochó que el gobierno no abriera la paritaria en 2020 y no otorgara aumentos durante el último año. “De mil maneras intentamos hacer visible nuestro reclamo. Pero también planteamos que era fundamental abrir una paritaria de condiciones laborales para discutir nuestra estabilidad, la infraestructura, el transporte, salud laboral, pero necesitábamos discutir este contexto excepcional por el que atravesamos. y no lo entendieron. Recién en febrero logramos que esa convocatoria ocurriera. Y logramos imponer la agenda. Los dos encuentros que tuvimos los valoramos”, resaltó.

Pero en materia salarial las negociaciones no llegaron a buen puerto. “Tuvimos una paritaria salarial que, lamentablemente, fue vaciada por el propio gobierno. No hubo posibilidad de una verdadera discusión acerca de lo que nosotros habíamos definido: recuperar la pérdida por inflación de 2020 y un acompañamiento de la inflación de 2021, porque el deterioro de nuestro salario no da para más. La respuesta fue un 15% de aumento y el blanqueo de un bono. Por eso el rechazo, por eso el plan de acción que votamos en el congreso, y por eso hoy tenemos un índice de adhesión del 95%. Ese 95% de compañeros que le dicen al gobierno que debe presentar una propuesta salarial que dé cuenta de nuestro deterioro”, subrayó.

El Gobierno provincial rechazó el reclamo de un médico que fue cesanteado por inasistencia y abandono de su trabajo en la Administración Pública. Se trata del caso del médico Carlos Aníbal Berlo, quien en 2015 también fue noticia cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) prescindió de sus servicios porque descubrió que era socio de una firma que prestaba servicios al Poder Judicial.

Su nombre también apareció en la causa por fraude en el Círculo Médico de Paraná. Berlo era vocal en la Comisión Directiva. En 2017, junto a otros integrantes, fue imputado del delito de administración fraudulenta a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos $26 millones.
Sin embargo, el 26 de febrero de 2019, el médico -junto a otros ocho involucrados- acordaron una probation en las que se comprometieron a devolver a la institución $4 millones de pesos y realizar dos años de tareas comunitarias.

A la par de esa causa penal, el médico fue investigado administrativamente porque se ausentó durante cinco años a su trabajo en el Hospital San Martín, de Paraná.

Según corroboró Entre Ríos Ahora, a través del Boletín Oficial del 19 de febrero, el Gobierno informó que rechazó un recurso interpuesto por el galeno para anular un decreto de 2019 que lo dejó cesante por haber incurrido en faltas injustificadas a su trabajo en el nosocomio capitalino.

En el Boletín se informa que el 15 de diciembre de 2020, el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, firmaron el decreto Nº 2249 que rechazó el recurso de revocatoria que interpuso Berlo a través de la abogada María Alicia Temón.
Berlo buscó que se anule el decreto N°742 del Ministerio de Salud, del 12 de abril de 2019, que aprobó y dio por finalizado el sumario administrativo iniciado en 2015, y dispuso la sanción de cesantía, por encontrarse su conducta encuadrada en el artículo 71°, incisos a) y b) de la Ley de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos Nº 9.755. El primer inciso contempla la causante de cesantía por inasistencias injustificadas y el segundo por abandono de servicio.

En el decreto de cesantía también se dispuso la intervención del Tribunal de Cuentas para proceder al recupero de tres meses de sueldo –septiembre, octubre y noviembre de 2011- que habría percibido indebidamente Berlo como agente del hospital.

¿Qué sucedió?

Según se desprende del decreto difundido oficialmente, Berlo solicitó una licencia por cargo de mayor jerarquía, a partir del 30 de agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre 2012, la que usufructuó “sin acto administrativo alguno que respaldara este pedido”.

Tras sacar licencia –la cual le fue rechazada- de todas formas comenzó a desempeñarse en el Departamento Médico Forense del Superior Tribunal desde el 29 de agosto de 2011 hasta el 2 de junio de 2015. Dejó el cargo cuando el STJ detectó que era socio gerente de la firma Servicio Integral de Medicina del Trabajo (Simtra) SRL, que desde mayo de 2011 prestaba servicios médicos para la realización de exámenes preocupacionales al Poder Judicial.

Tras ser eyectado de Tribunales, Berlo volvió a presentarse en el Hospital San Martín el 1° de marzo de 2016, cuando fue designado como médico auditor de la Sección Seguros y ART del nosocomio. Esa función la cumplió hasta el 27 de mayo de ese año. Luego continuó en su cargo como médico interno de guardia.

Sin embargo, para entonces en el Ministerio de Salud ya se tramitaba un sumario administrativo por no haberse presentado a trabajar durante cinco años, de agosto de 2011 a marzo de 2016. En 2019 finalmente se decretó la cesantía del galeno.

No conforme con esa decisión, presentó un recurso para que la medida sea revocada. Esgrimió que sufrió “la violación de los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso” y la “falta de notificación de los actos procesales del procedimiento sumarial”.

Al responder, el Gobierno sostuvo que “no hay elementos para admitir las afirmaciones que en este sentido vierte en sus agravios el recurrente”. Y remarcó que en el proceso sumarial no hubo irregularidad alguna.

Oficialmente se subrayó que Berlo comenzó una licencia de facto el 30 de agosto de 2011 “con la sola presentación del formulario genérico de licencias, sin instar o al menos esperar la respuesta de la Administración, ya que quedó plenamente acreditado por las opiniones legales referidas, que esta solicitud no es de usufructo inmediato, en especial por las particularidades del cargo que pasó a desempeñar en la Justicia de Entre Ríos”.

“Es decir- se resaltó – se está con un comportamiento de origen irregular, que se prolongó en el tiempo, ya que nunca se lo autorizó al Dr. Berlo a esta licencia y fue fehacientemente anoticiado de su no concesión mediante carta documento del 27 de agosto de 2014, donde se le notificó, que la misma no había sido reconocida y que a pesar que solicitó licencia hasta el 31 de diciembre de 2012, no se presentó a prestar funciones en el nosocomio, intimándoselo a regularizar su situación, bajo apercibimiento de ley en fecha 1º de septiembre de 2014”.

“El Dr. Berlo nunca respondió esta intimación y muy por el contrario prosiguió usufructuando la ilegítima licencia. (Además), prestó funciones en el Departamento Médico Forense de ese Superior Tribunal desde el 29/08/2011 hasta el 02/06/2015. Ello demuestra acabadamente que, a pesar de la carta documento descripta, prosiguió con su conducta desaprensiva y negligente”, se destacó luego.

Finalmente, se mencionó que, tras su salida del Poder Judicial, Berlo volvió a su lugar de trabajo en el Hospital San Martín, pero ya era tarde: en 2015 se había comenzado a tramitar el sumario en su contra, que terminó con su cesantía en abril de 2019.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Se extendió una hora más la habilitación para circular de viernes a domingo. La medida rige hasta el viernes 12 de marzo de 2021 inclusive. Se dispone la restricción de la actividad comercial en la misma franja horaria.

El gobierno provincial oficializó mediante, decreto Nº184, la nueva disposición en la restricción de circulación de personas en todo el territorio entrerriano. De lunes a jueves será entre la una y las seis de la mañana, y de viernes a domingo de dos a seis, con tolerancia de 30 minutos, en ambos casos.

La medida rige desde este lunes 1 de marzo hasta el viernes 12 de marzo de 2021 inclusive.

También se dispone la restricción de la actividad comercial en esa franja horaria.

Mediante el mismo decreto y con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales, se exceptúa de la mencionada restricción a las actividades declaradas esenciales y a los ciudadanos afectados a su efectivo cumplimiento.

También, se faculta a los presidentes municipales y/o comunales según corresponda a ampliar la franja horaria determinada en caso de considerarse oportuno y conveniente, previo análisis de las variables sanitarias y epidemiológicas en las jurisdicciones de su competencia.

Argumentos
En la norma se da en vistas de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 4/2021 y N° 125/2021 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto N° 74/21 GOB del Poder Ejecutivo Provincial; y considerando “que por el primer decreto mencionado, se facultó a los gobernadores y las gobernadoras de Provincias y del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de limitación de la circulación, cuando se cumplan los siguientes parámetros sanitarios: La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20. Y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, sea superior a 150”.
Y, “que por el segundo citado en el Visto se determinó un nuevo marco normativo, aplicable en el plazo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 12 de marzo de 2021 inclusive, para las zonas donde regirá el «Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» (DISPO) y el «Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio» (ASPO) según corresponda conforme la verificación positiva de parámetros epidemiológicos y sanitarios contenidos en la norma, donde se establecen además las pautas y reglas de conducta con el objeto de proteger la salud pública, en razón de la pandemia del nuevo coronavirus covid-19 declarada el pasado 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud y su evolución en el transcurso del tiempo”, reza otro de los considerandos”.

La medida se toma teniendo en cuenta “que desde el Gobierno Provincial se continúa en forma permanente adoptando medidas y ejecutando acciones tendientes a morigerar la transmisión del virus y a fortalecer el sistema sanitario”.

Asimismo se insiste con la necesidad del “cumplimiento de las medidas de prevención de transmisión del virus porque, al aumentar la cantidad de personas circulando también aumenta el número de contagios y de personas fallecidas a causa de covid-19”.

A través de la resolución N° 37 del 15 de enero de 2020, las cuotas de los colegios privados con el 100% de la planta docente reconocida y pagada con fondos del Estado pasó a $582,58 para el nivel inicial y primario desde marzo de ese año; en julio hubo otro aumento, y el valor se fijó en $640,81. Ahora, ese monto pasó a $833,09.

La decisión está contenida en la resolución N° 384 que el CGE emitió el pasado viernes 26 de febrero, y se fundamenta en los mayores costos a los que deberán hacer frente ahora los colegios privados como consecuencia de la decisión del gobierno de aplicar, vía decreto, un aumento promedio del 36% en los salarios de los docentes.

Las escuelas públicas de gestión privada absorben el 24% de la matrícula escolar en Entre Ríos. Según cifras oficiales, actualmente, hay 478 colegios privados en Entre Ríos –el 60% son confesionales-, de todos los niveles, que suman en total una matrícula superior a los 93.000 alumnos.

Los apoderados legales de esos establecimientos educativos fueron autorizados por el Estado a subir el monto de la matrícula de sus alumnos.
Las escuelas de nivel inicial y primario que tengan hasta el 80% de su planta docente reconocida financieramente por el Estado podrán cobrar valores de $1.119,70; en cambio, si el 100% de los sueldos de su personal son abonados con recursos públicos, podrán percibir cuotas de hasta $833,09.

En el nivel secundario, cuando el reconocimiento financiero estatal sea del 80% de los docentes, podrán percibir cuotas de hasta $1.659,55; pero si tienen un 100% de cobertura estatal, podrán cobrar a sus alumnos aranceles de hasta $1.259,65.

En educación superior, los valores autorizados por Educación para el ciclo lectivo 2021 es de $3.218,45, cuando el reconocimiento de la planta docente sea del 80%; y de 1.786,16con el 100% de financiamiento de los sueldos docentes con fondos públicos.

En los fundamentos de la resolución que autorizó el aumento, el CGE señaló que “los apoderados legales de las escuelas públicas de gestión privada deben hacer frente a los aumentos establecidos para los cargos y horas que no cuentan con la subvención estatal, como así también a los aportes y contribuciones correspondientes”.

Además, que “con los montos devengados del cobro de cuotas de sus alumnos deben afrontar el pago de diversos servicios entre los que se cuentan seguros obligatorios, mantenimiento de los edificios, insumos, entre otros”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

En virtud de los datos reportados al 27 de febrero de 2021 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 92 casos de Coronavirus.

De ese modo, en la provincia son 46.839 los casos confirmados.

Subsecretaría de Prensa y Políticas de Comunicación

Una fundación ubicada en el ejido de Colón denunció en sede policial que una avioneta sobrevoló el campo en el cual desarrollan un espacio educativo, realizando una fumigación aérea.

El hecho habría ocurrido el domingo 14 de febrero alrededor de las 07.30 cuando la avioneta (matrícula LV-LDZ) sobrevolaba de manera circular, a muy baja altura, aplicando agroquímicos en un campo lindero al de la Fundación Arbolar Espacio Vivo, a 7 kilómetros de Colón.

“En la zona, el campo de Arbolar es uno de los pocos que conserva intacta su flora y fauna. En otros linderos se está desmontando para realizar loteos”, indicaron los denunciantes a El Entre Ríos.

Riesgos y protocolos no cumplidos

“Nos sentimos muy expuestos. Más allá de que no haya arrojado nada sobre nuestro campo, el riesgo está igual, ya que el viento nos expone a recibir los residuos tóxicos. Además, está atravesado por un curso de agua que llega hasta nuestro campo. El riesgo es real y concreto”, precisaron.

“Consultamos en la comisaría de Colonia Hughes si el responsable de la avioneta había informado que se fumigaría, si había entregado la receta donde debe constar qué tipo de sustancias se aplicarán y si estas son aptas para la salud. Nos dijeron que ese trámite no se había cumplimentado y que debíamos radicar la denuncia en la Jefatura de Policía de Colón, a donde se dirigieron. Nos hicieron saber que el tema se había enviado a Fiscalía para realizar las averiguaciones pertinentes”, añadieron.

“La ordenanza 55/2012 vigente en la Municipalidad de Colón dice en su Art. 32, al referirse a las aplicaciones aéreas: Queda expresamente prohibida la aplicación de agroquímicos mediante aeronaves en toda la superficie del ejido municipal de Colón y hasta una distancia de tres mil (3.000) metros del límite del mismo en atención a las corrientes de aire así como a los vientos zonales que puedan servir como agentes que trasladan los agroquímicos en el aire”, recordaron.

Entre las contraindicaciones que representa la fumigación en condiciones inadecuadas, “hay suficientes testimonios en Entre Ríos, además de informes de médicos y científicos, que alertan sobre los riesgos de los agroquímicos en la salud humana. Sabemos que hay campos linderos que son fumigados y que, por reversión térmica, esas sustancias ingresan a nuestro espacio”, expresaron desde la ONG.
“El campo fumigado está ubicado a 500 metros de la Fundación Arbolar. Su dueño es de Buenos Aires y se lo alquila a una persona de 1º de Mayo”, agregaron como dato.

“Esta es la segunda fumigación que se realiza en ese lugar. Existe un protocolo a nivel provincial que no se cumplió. La Policía nos tomó la denuncia, y si bien nos dijeron que no había registro de que se iba a fumigar, no nos podían dar constancia por escrito de lo que nos estaban diciendo”.

“Vemos muchas irregularidades naturalizadas. Queremos que esto no suceda más y que se activen los protocolos provinciales y municipales, haciéndose cargo los organismos correspondientes”, concluyeron.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos notificó a los gremios docentes sobre la Resolución Nº 0065/21, la que establece el cierre de la instancia administrativa de la paritaria salarial docente. Ante esta situación, queda habilitada la vía judicial para la continuidad de las negociaciones en el sector.

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) recibió la cédula de notificación al mediodía de este miércoles por parte de la Secretaría de Trabajo y evalúa los pasos a seguir.

Desde el gremio mayoritario de los docentes señalaron que en la resolución se indica que la solicitud de cerrar la paritaria salarial administrativa fue realizada por el Consejo General de Educación. De hecho, el CGE pidió mediante nota a Trabajo que se diera por «fracasada» la discusión en esta instancia.

«El Consejo General de Educación dio por fracasada la instancia administrativa en la paritaria salarial docente», indicaron a Uno desde la dirigencia de Agmer. «Esto significa que se apuren los plazos de la Ley de Paritarias. Una vez que se da por cerrado el proceso administrativo, cualquiera de las partes está liberada a apelar a la Justicia», precisaron.

Agmer tiene un congreso convocado para el viernes, en la que se resolverán los pasos a seguir. Por el momento está vigente la decisión tomada el año pasado de no inicio de clases en 2021. Además se pueden resolver más medidas de fuerza, que se debaten en estos momentos en las asambleas, y no se descarta que se evalúe ir a la Justicia para la continuidad de la discusión salarial.

Los sindicatos docentes habían rechazado la propuesta del Ejecutivo de la provincia, presentada el 19 de febrero, consistente en un 15% de aumento. Los gremios solicitaron la continuidad de la discusión paritaria y exigieron una propuesta salarial que contemple el 36,1 % perdido en 2020 y una pauta que tuviera en cuenta el proceso inflacionario del presente año. En tal sentido, la representación sindical planteó un cuarto intermedio para no más allá de este martes 23.

El artículo 1 de la Resolución 0065/21 de la Secretaría de Trabajo dispone: «Dar por fracasada la instancia administrativa dejando expedita la vía judicial prevista en el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley Nº 9.624 (de Paritaria Docente)».

 

En virtud de los datos reportados al 23 de febrero de 2021 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 110 casos de Coronavirus.

De ese modo, en la provincia son 46.264 los casos confirmados.

Subsecretaría de Prensa y Políticas de Comunicación

Los vecinos denunciaron que por segundo fin de semana consecutivo, un sujeto del barrio, organizó una fiesta clandestina en su vivienda. Al llegar la policía, los concurrentes escaparon y arrojaron piedras a los uniformados.
Alrededor de las 5 de este domingo se tomó conocimiento que en el Barrio Campo de Mayo, Pasaje Hermana Rosa Gutiérrez, de la ciudad de Federal, se estaría realizando un encuentro no autorizado con varias personas, y que estarían perturbando el vecindario con ruidos molestos, en clara infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia vigente a la fecha.

Al llegar el personal policial al lugar, se determinó que el encuentro se estaba desarrollando en una vivienda ubicada en el sector interno de dicha manzana, ocupada por un masculino de 31 años de edad, quién sería el organizador de dichos encuentros.

Al percatarse el acercamiento de los móviles policiales, el grupo de personas huyeron hacia casas vecinas, dado que se encuentran separadas solo por bajos tejidos, como tampoco se logró dar con el citado masculino.

Además, los efectivos recibieron como respuesta desde el interior del barrio, que se arrojaran piedras, cuyo destino no solo eran los policías intervinientes, sino viviendas vecinales, a los que presuntamente, indican como quienes los delatan ante los uniformados.

Como resultado de dicha agresión, no se constataron lesiones en las personas, ni daños en las viviendas ni móviles policiales.A raíz de ello, un vecino radicó una denuncia ante esta Jefatura Departamental.

Según los registros existentes en esta Dependencia policial, el propietario de la vivienda, el fin de semana anterior había sido notificado formalmente del contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia, a modo de advertencia, por un encuentro no autorizado, similar al informado.

Con todos estos elementos se comunicó la situación a la Sala penal N° 2 del Juzgado Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay, que dispuso medidas al respecto, y la remisión de todas las actuaciones labradas al respecto, quedando involucrado en dicha causa el propietario de la vivienda, que deberá rendir cuentas ante la autoridad judicial.

En el marco de dicha intervención, se procedió a la aprehensión de un masculino de 18 años de edad, que se encontraba en las inmediaciones, en evidente estado de ebriedad, que arremetió verbalmente contra los uniformados, por lo que fue trasladado a esta Jefatura Departamental, sin perjuicio de determinar si el mismo participaba anteriormente se ese encuentro y comunicar al Juzgado interviniente.

Fuente: Federal al Día

El viernes hubo jornadas institucionales en la provincia para capacitar a los docentes ante las nuevas medidas de bioseguridad y cómo será la rotación de los alumnos en las aulas. Se estima que tendrán dos clases presenciales al mes por materia.

El objetivo de toda esta reglamentación es la de garantizar los derechos de los alumnos, por lo tanto las normativas del Consejo General de Educación (CGE) están sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades que se presenten sobre la marcha del comienzo del ciclo lectivo.

Durante la primera semana de clases, del lunes 1ro de marzo al viernes 5, la llegada de los alumnos será escalonada por día, año o grado. Los chicos que comienzan el primer año de un ciclo escolar primaria o secundaria, serán los primeros en comenzar el lunes. Luego seguirán los de 2 año el martes, 3ro el miércoles, 4to el jueves y el viernes estará destinado para 5to y 6 año, publicó Ahora.

La misma modalidad se repetirá en la primaria, aunque podría estar sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa.

El ingreso al edificio escolar

El ingreso de los alumnos a la institución será tomando distancia, no habrá acto de izamiento de la Bandera y habrá docentes encargados de tomar la temperatura a cada uno de los alumnos antes de entrar al aula.

Para lograr una mayor organización, el ingreso de los estudiantes a las aulas será de forma coordinada de acuerdo a las aulas que ocupará cada curso y grado o planta del edificio escolar, el mismo sistema se empleará para el horario de salida de los alumnos. El propósito de esta norma será la de evitar aglomeramientos a la entrada y a la salida de los espacios de estudio.

Durante la presencialidad en el aula, el docente no podrá acercarse al banco de un alumno en caso que el chico requiera al docente para algunas preguntas aclaratorias de la materia que esté dando, el alumno deberá levantar la mano y manifestarle su inquietud sin dirigirse hasta el escritorio del docente.

Cada grupo o burbuja cursará durante una semana de forma presencial y la siguiente de forma virtual. Durante la tercera semana los docentes deberán abocarse a darles clases a los alumnos rezagados que se llevaron más de seis materia del año pasado, con el fin de que se pongan al día lo antes posible.

Es decir que con esta metodología de alternancia, los alumnos que no se llevaron materias durante el ciclo lectivo pasado, solo tendrán dos clases presenciales por materia al mes estimativamente.

Medidas de bioseguridad en el aula

Cuando concurran a la presencialidad, cada estudiante deberá llevar alcohol en gel, barbijo y una botella de agua para uso individual.

Cuando el alumno ingresa al aula, el profesor deberá rociar las manos del estudiante con alcohol y en todo momento deberán mantener el distanciamiento social y obligatorio. Durante el recreo, los útiles deberán ser colocados bajo el pupitre para que los ordenanzas o docentes puedan sanitizar los bancos al rociarlo con alcohol.

Los estudiantes deberán sentarse de forma alternada de derecha a izquierda respetando el metro y medio de distancia. En caso de que algún familiar del alumno esté enfermo de Covid, no podrá asistir a la presencialidad y las clases serán virtuales.

El uso de los baños será de dos personas a la vez, y esto requerirá de un control estricto de los preceptores sobre todo en los recreos que serán de 5 a 10 minutos de acuerdo al designio de cada institución.

Los grupos en las aulas no podrán superar los 15 alumnos para poder conformar las burbujas epidemiológicas. El problema será si habrá preceptores suficientes y ordenanzas para poder sanitizar los bancos y los baños de las escuelas en cada turno donde se esté dando la presencialidad en las aulas.

Los estudiantes estarán cuatro horas por día de presencialidad y rotarán de acuerdo a la organización interna de cada institución educativa.

Para que se puedan dictar todas las asignaturas los módulos se acortarán de 80 a 50 minutos, por lo tanto la hora cátedra que antes era de 40 minutos pasará ahora a ser de 25 minutos en la secundaria, medidas que pueden estar sujetas a cambios internos de cada institución que también tendrá que adaptar la duración de las horas cátedras a los horarios de trabajo de los docentes que pasarán de una institución a otra para dictar sus clases presenciales.

El horario de las cátedras si o si tendrá que acortarse para que se puedan dictar las materias que están fuera del horario escolar y corresponden a la jornada extendida como las 6 a 7 más horas, para que también puedan tener la instancia de presencialidad dentro de la jornada de cuatro horas.

El comportamiento docente

Cada docente deberá llevarse su borrador y el marcador para escribir en el pizarrón, deberá tener máscara facial y barbijo, alcohol en gel y siempre permanecer en el escritorio, sin tener que desplazarse para asistir a un alumno en la tarea encomendada durante la clase.

Los docentes de riesgo podrán trabajar en forma virtual, actividad que ya se está realizando desde el 17 de febrero, para el personal que no esté a cargo del aula y se dedique a tareas administrativas y esté dentro de los grupos de riesgo, deberá cumplir horario de forma virtual y realizar las tareas encomendadas por los superiores.

Tal y como estaba previsto, comenzó este viernes el operativo de vacunación en residencias geriátricas. «Al hospital Pascual Palma arribaron 75 dosis y todas fueron aplicadas con éxito», dijo el responsable de Enfermería.
Este viernes comenzó la inoculación contra el covid-19 a residentes de las instituciones geriátricas de la Provincia. Puntualmente, en el Hospital Pascual Palma de Paraná arribaron 75 dosis y se aplicaron todas.

En esta ocasión, Gustavo Garcilazo, supervisor de Enfermería del Hospital Pascual Palma, contó que “se aplicaron las 75 dosis al personal de salud y residentes del geriátrico. Los adultos mayores que dieron el consentimiento se los inoculó y ahora estamos a la espera de los restantes”.

Cabe destacar que en la institución hay unos 40 pacientes internados y otros 20 que concurren al hospital de día.

Durante el operativo de vacunación que se desarrolló esta jornada, también fueron inoculados trabajadores de salud, sobre este tema, Garcilazo detalló que “como la vacuna es opcional, el personal de salud que se niega a recibirla debe firmar una constancia”.

Sobre el personal de salud, dijo que “hay muchos trabajadores que se encuentran fuera de la institución por licencias y a medida que se van incorporando se los inocula”.

“Al principio en todo el personal hubo una resistencia a la vacuna, y como se realizó un operativo en etapas de a 20 personas, al notar que no había síntomas extraños aceptaron colocársela”, resaltó. Al finalizar dijo que “ahora nos encontramos aguardando la segunda dosis”.

El Gobierno provincial dio a conocer que labró dos actas de infracción por acopio y procesamiento de pescado en días vedados a la empresa Curimba SA, una de las cuatro firmas que están autorizadas a operar en la cuenca del río Paraná.

Se les constató 5.000 kilos de sábalos en inmediaciones del viaducto que une con la ciudad de Rosario. El monto de la sanción todavía lo debe determinar el departamento de legales de la Dirección General de Agricultura, se confirmó a ERA Verde.

Según se informó en un parte de prensa gubernamental, en un operativo cumplido en la ciudad de Victoria, la Dirección de Fiscalización que depende del Ministerio de Producción de Entre Ríos, procedió a la realización de dos actas de infracción a frigorífico por realizar efectuar tareas de acopio en día vedado, según está dispuesto en resolución Nº 003/21. Se trata de la firma Curimba SA, según se confirmó a este sitio por Manuel Maza, titular del área de control que depende de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

En diálogo con ERA Verde, el funcionario detalló que “en el marco de los controles permanentes”, inspectores del área constataron “la descarga de mercadería en las puerta” de la empresa, así como “en el extremo del viaducto Rosario Victoria, donde se detuvo a un camión perteneciente a dicha firma con 5.000 kilogramos de la especie sábalo en su interior, dejándolo como depositario de la misma y labrándose el acta correspondiente”, apuntó.

Respecto a la monto de la multa, Maza explicó que no está determinado aún, ya que la propuesta de dictamen se encuentra todavía en estudio en el área legales de la Dirección General de Agricultura. El encargado de fiscalización reconoció que “la determinación del costo de la multa no está tipificada aún (con valores de referencia), como sí lo está el área de fiscalización de carnes”, y que para estos casos “se toman cobros de multas (que tenga como) antecedentes y se los actualizan los valores”, señaló. “Estamos trabajando en la tipificación de las infracciones” de este tipo, adelantó.

Y en cuanto a la pregunta si los 5.000 kilos de pescados observados que quedaron en manos del frigorífico serán descontados del cupo de extracción, Maza planteó que quedan depositados “en la empresa hasta que evaluemos junto con legales el dictamen y resolución. Respecto a lo del cupo, se le puede descontar como medida de sanción efectivamente. Además de la multa por supuesto, si bien reitero, no lo definimos formalmente aún. El infractor tiene derecho a presentar un descargo previamente en su defensa”, aclaró.

Como se recordará, la Comisión Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario se reunió el 22 de diciembre pasado y fijó los nuevos topes a la exportación de pescados de agua dulce. Para los 15 frigoríficos autorizados en todo el país se impuso un límite de 1.594,5 toneladas para los tres primeros meses de 2021, es decir 531,5 por mes. De este global, las cuatro firmas de Entre Ríos, Curimba SA, Epuyen SA, Lyon City SA y Pescanor SA (River Fish), se llevan una cuota proporcional de más del 50 % de la torta global para la venta al exterior.