Varios meses después de que el presidente Alberto Fernández lo convocara para ese cargo, la Cancillería lo designó en el puesto a través del Decreto 570/2020 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

En plena pandemia del coronavirus y varios meses después de que el presidente Alberto Fernández lo convocara para ese cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó formalmente al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli como embajador argentino ante Brasil. Lo hizo a través del Decreto 570/2020 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, y con la firma del canciller Felipe Solá, el hasta entonces diputado nacional fue confirmado en el puesto, aunque el dirigente ya había comenzado con su trabajo diplomático desde antes.

A comienzos de febrero pasado, de hecho, Scioli hizo una gira por San Pablo en la que se reunió con empresarios locales y con el titular de la Federación de Industrias del Estado de esta ciudad (FIESP), Paulo Skaf, la más poderosa organización patronal del país vecino.

“Desde que el presidente Alberto Fernández me confirmó como el embajador, empecé a trabajar en el relevamiento de todos los sectores, de la diversidad que hay de productos argentinos (en Brasil), como también de productos brasileños en el mercado argentino”, sostuvo durante una entrevista que brindó a Infobae durante ese viaje.

En plena pandemia del coronavirus y varios meses después de que el presidente Alberto Fernández lo convocara para ese cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó formalmente al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli como embajador argentino ante Brasil. Lo hizo a través del Decreto 570/2020 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, y con la firma del canciller Felipe Solá, el hasta entonces diputado nacional fue confirmado en el puesto, aunque el dirigente ya había comenzado con su trabajo diplomático desde antes.

A comienzos de febrero pasado, de hecho, Scioli hizo una gira por San Pablo en la que se reunió con empresarios locales y con el titular de la Federación de Industrias del Estado de esta ciudad (FIESP), Paulo Skaf, la más poderosa organización patronal del país vecino.

“Desde que el presidente Alberto Fernández me confirmó como el embajador, empecé a trabajar en el relevamiento de todos los sectores, de la diversidad que hay de productos argentinos (en Brasil), como también de productos brasileños en el mercado argentino”, sostuvo durante una entrevista que brindó a Infobae durante ese viaje.

El pliego para su designación fue aprobado a fines de ese mismo mes por el Senado con 65 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones, durante una sesión en la que también fueron ratificados otros 11 representantes del Gobierno en diferentes partes del exterior.

Días más tarde, la oposición cuestionó su presencia en la Cámara de Diputados durante un debate en el que, justamente, se discutía el proyecto para reformar el sistema jubilatorio de jueces y embajadores, que luego sería aprobado.

El dirigente del Frente de Todos llegó al recinto y ocupó la banca a la cual todavía no había renunciado, permitiendo así el quórum necesario para que el oficialismo pudiera comenzar aquella sesión, lo que motivó el enojo del bloque de Juntos por el Cambio, que se terminó retirando del Congreso.
“Lamentamos que los demás legisladores de la oposición sean cómplices de esta anomalía; si no se levanta la sesión nosotros nos vamos a retirar y vamos a judicializar esta situación”, advirtió el jefe del interbloque opositor, Mario Negri.

Además, el ex mandatario cordobés apuntó entonces contra el presidente de la Cámara, Sergio Massa, por permitir que comenzara el debate contando a alguien “que dejó el cargo, que tuvo acuerdo en la comisión del Senado” y que, por ende, “pertenece al Poder Ejecutivo”.

“Era mi responsabilidad cumplir con mi tarea de diputado hasta que esté formalizada mi designación como embajador en Brasil, cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial”, se defendió Scioli en esa oportunidad.

Además, el ex gobernador bonaerense aseguró que pagó de su bolsillo dos viajes que había hecho a Brasil anteriormente y sostuvo que el canciller Felipe Solá viajó junto a él porque encabezaba una comitiva oficial.

Más tarde, realizó su descargo frente a la jueza federal María Servini en la denuncia en su contra por haber votado como diputado nacional la reforma de jubilaciones de jueces y personal diplomático tras ser designado como embajador argentino ante Brasil.

Finalmente, Scioli presentó la renuncia a su banca a principios de marzo, unas semanas antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia: “Mi decisión se basa en que los próximos días asumiré como embajador argentino en la República Federativa de Brasil”, explicó el flamante diplomático, quien ahora deberá mudarse a la residencia oficial donde ya se encuentra trabajando Roberto Bosch, el encargado de negocios.

 

El legislador entrerriano defendió la iniciativa, criticó a los empresarios por sus aportes de campaña y dijo que buscarán el consenso con sectores de la oposición.

El diputado nacional Marcelo Casaretto defendió la iniciativa del presidente Alberto Fernández en relación a la intervención y expropiación del Grupo Vicentin. «El Estado ha puesto el dinero de todos los argentinos e, indudablemente, si la crisis de la empresa se profundiza, tiene que poner más dinero. Si tanto dinero pone el Gobierno, lo más claro es que se expropie la empresa y quede a cargo de una administración por parte del Estado», enfatizó.
“El presidente Alberto Fernández decide razonablemente la intervención de la empresa, envía el proyecto de expropiación y, en lo que a mí respecta, voy a acompañar el proyecto que mande», remarcó.

Casaretto explicó que el Grupo Vicentin «es una empresa en crisis, que se presenta y se concursa después de haberse declarado en cesación de pagos. En diciembre dejó de pagar sus compromisos; en febrero sigue sin pagar, presenta el concurso, acusando una deuda -declarada por ellos- de 1350 millones de dólares, de los cuales, 350 millones son con proveedores, productores y 1000 millones son con bancos, donde, la mayor parte está a cargo de bancos estatales. De hecho, en el mes de noviembre recibió miles de millones de pesos del Banco Nación».

En ese contexto, «en el mes de febrero, la empresa propone pagar el 50 por ciento de sus deudas. Es decir que el Banco Nación tenía que hacer una quita de la mitad de la deuda, del dinero de todos los argentinos” señaló al tiempo que agregó: “No hay acuerdo con los acreedores y eso conlleva a una crisis de la empresa que, al mes siguiente, despidió alrededor de 500 trabajadores y se pone en serio riesgo el funcionamiento de las empresas y las fuentes de trabajo directas o indirectamente vinculadas al sector».

El diputado reconoce que «no es justo que haya un grupo económico que se consolide con ganancias millonarias, que juegue a la política aportando como principal sponsor de Macri en las últimas elecciones para obtener favores por izquierda porque, gran parte de los créditos, fueron dados sin cumplir los mecanismos de aprobación. De hecho, se produjo una denuncia contra el directorio anterior del Banco Nación y, desde la Fiscalía, se ha imputado a González Fraga por la presunta comisión de un delito en el otorgamiento a una empresa que ya estaba en cesación de pagos», remarcó.

Por último, señaló que «tenemos una realizada Parlamentaria en la cual, en el Senado tenemos mayoría para sesionar y aprobar las leyes y, en la Cámara de Diputados, no la tenemos. Necesitamos 129 votos para sesionar. El Frente de Todos tiene 118 diputados, por eso, siempre se requiere el consenso con sectores de la oposición».

 

El Presidente Alberto Fernández mantuvo este mediodía una reunión por videoconferencia con los gobernadores de las provincias donde se han dado los mayores focos de contacto del Covid-19.

El jefe de Estado dialogó así desde la residencia de Olivos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco) y Arabela Carreras (Río Negro).

Durante el encuentro, Fernández escuchó el estado de situación y la realidad de cada distrito, se destacó el avance del Plan Detectar y adelantó a los mandatarios provinciales algunas de las medidas que hoy se anunciarán para entrar en la próxima fase de la cuarentena.

Además, el presidente se refirió a los protocolos de trabajo que se están implementando en distintas industrias que recorrió esta última semana en Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires.

Por su parte, los gobernadores destacaron la coordinación permanente con el gobierno nacional y entre distritos, y resaltaron que gracias “al tiempo ganado” la pandemia los encuentra “muy preparados” para esta etapa, en la que los casos de contagios están aumentando.

Fernández estuvo acompañado en el encuentro por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti.

 

Este miércoles se realizó la tercera sesión de la Cámara de Diputados, presidida por Ángel Giano, con la presencia de autoridades de los bloques en el Recinto y la integración del pleno de diputadas y diputados de forma remota.

En la misma fueron aprobados importantes proyectos de expropiación de inmuebles y adjudicación de predios para distintas obras de importancia en diferentes localidades de la provincia. También se aprobaron proyectos de Leyes que determinan la adhesión de la provincia a la ley de Tránsito, estableciendo la Licencia Nacional de Conducir en formato Digital, al igual que la exhibición del comprobante del seguro vial tanto en papel como de manera virtual o digital.

En el inicio de la tercera sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano informó que «a partir de la próxima semana, y organizados por turnos, se comenzará a realizar la firma digital de diputadas y diputados». «Esto será un paso más hacia la democracia digital y servirá para ser utilizada tanto para los instrumentos públicos como para la vida privada de cada una y cada uno», sostuvo Giano y destacó el trabajo de las distintas áreas del órgano legislativo para que el proceso sea realizado en estos tiempos de pandemia».

En la sesión se debatieron y aprobaron los proyectos de Ley que contaban con dictámenes favorables de las distintas Comisiones de trabajo de la Cámara. La diputada Carina Ramos, presidenta de la Comisión de Legislación General, fue quien informó sobre el dictamen alcanzado sobre nueve proyectos analizados en dicha comisión: «Todo esfuerzo que hagamos, que garantice y posibilite herramientas, como así también la realización de obras, tendrá incidencia directa en el ejercicio de los derechos humanos» señaló Ramos y añadió: «Quienes hoy legislamos en la provincia, compartimos el compromiso de trabajar en una agenda y en el debate de propuestas cuyo principal objetivo sea el bienestar de las entrerrianas y entrerrianos».

Los proyectos aprobados declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación a distintos inmuebles -de acuerdo a las ordenanzas respectivas- en la ciudad de Concordia, Chajarí, Paranacito, General Galarza, Bovril, Viale y Paraná, de importantes locaciones para el funcionamiento y mejoramiento de cada localidad: -por el que se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a favor el Municipio de Viale, un inmueble de su propiedad, con destino a calle pública (Exp. 21108); por el que se acepta la donación formulada por la Municipalidad de Villa Paranacito, de inmueble con destino a la construcción del edificio de la Dirección Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy (Exp. 21305); por el que se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a la Municipalidad de Concordia, dos inmuebles de su propiedad destinados a calles públicas (Exp. 22847); por el que aceptan dos fracciones de terreno dentro de inmuebles de mayor extensión, de la Cooperadora «Gurisito» de la Escuela Primaria Nro. 112 «Independencia» de la ciudad de Bovril (Exp. 22865); por el que se adjudican inmuebles para el programa de Mejoramiento Barrial de la ciudad de Concordia (Promeba Dos, Concordia noroeste) (Exp. 22889); por el que se adjudican inmuebles para la radicación definitiva de los grupos familiares que actualmente se encuentran habitando en el éjido de la ciudad de Concordia (Exp. 23098); por el que se adjudica inmueble de la planta urbana del Municipio de Chajarí con destino a la construcción del edificio de la Escuela Secundaria Nro. 15 «San Antonio» (Exp. 23103); por el que se acepta la donación formulado por la Municipalidad de Parancito, de un inmueble con destino a la construcción del edificio de la Unidad Educativa Nro. 11 «Sonrisas de Sol» (Exp. 23274); – por el que se acepta la cesión de los derechos y obligaciones de una parcela de terreno a favor de integrantes de la Cooperadora de la Escuela Primaria Nro. 42 «El Santo de la Espada» de la localidad de General Galarza, destinada a ese establecimiento (Exp. 23566).

 

Planta de Agua de la ciudad de Paraná

También se aprobó el proyecto de Ley que incorpora al plan de obras públicas -aprobado por el Artículo 21º de la Ley de Presupuesto Nº 10.754- la obra de «Optimización del sistema de captación de agua-cruda-Refuncionalización y aumento de producción en Planta Ramírez y Nuevas redes maestras y enlaces desde Centro Distribuidor Ejército» en la ciudad de Paraná (Exp. 24141). El diputado Julio Solanas se refirió a esta obra a la que calificó como «muy importante» para la ciudad. «El gobierno nacional tiene como prioridad a la salud pública y se ha tomado el tiempo de considerar este proyecto que busca optimizar la Planta Potabilizadora de Agua de Paraná y a la antigua planta de calle Ramírez, como así también generar actividad económica y empleo» .Por su parte el diputado Zacarías agregó que «se debe apuntar no solo a la inversión en el caudal de potabilización sino también a invertir en la línea domiciliaria, ya que la mayoría de los problemas de pavimento de nuestra ciudad es por causa de la falta de mantenimiento de las cañerías».

Proyectos de Ley aprobados

En la sesión fueron aprobados los proyectos de Ley por el que la provincia adhiere a la Ley 27.510 -modificatoria de la Ley Nacional de Tránsito 24.449- que permite la exhibición del comprobante de seguro, ya sea en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos, y otro proyecto que dispone la adhesión de la Provincia al anexo de la Agencia de Seguridad Vial, estableciendo la Licencia Nacional de Conducir en formato Digital.
En referencia a estos proyectos el diputado El diputado Gustavo Zavallo afirmó que «se trata de nuevas formas de uso que nos permiten la tecnología y un avance en cuanto al cuidado al medio ambiente, enmarcado en la despapelización a la que desde hace varios años apuntamos». Uriel Brupbacher, quien preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte, destacó que en contexto de pandemia «también nos habilita a evitar exhibir la documentación y poder hacerlo desde la pantalla del celular».
También fue aprobado otro proyecto presentado por el presidente de la Cámara, Angel Giano, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N.º 26985, referido a la Red Mundial de Escuelas Scholas Ocurrentes.

Proyectos de Declaración

Otros proyectos sancionados fueron de Declaración en relación al desarrollo de la ciencia y el coronavirus. Los primeros de ellos presentados por el diputado Sergio Castrillón, por el que declara beneplácito por la aprobación del primer test nacional para medir los anticuerpos contra el coronavirus, desarrollado por un equipo de científicos, investigadoras e investigadores del CONICET y la Fundación Leloir, y también por la creación del nuevo test nacional «Neokit-Covid-19? que permite detectar el coronavirus SARS-COV-2 en menos de 2 horas. El mismo fue desarrollado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (CONICET-Fundación Pablo Cassará).
«Felicitamos a científicas y científicos, a investigadores e investigadoras de nuestro país, que además de ir asesorando a nuestro presidente están trabajando para encontrar soluciones ante el virus que nos atraviesa. El desarrollo del kit es un orgullo para todos los argentinos y mucho más para el CONICET, que ha demostrado la capacidad y la excelencia de la comunidad científica», expresó Castrillón.
Por su parte el diputado Gustavo Zavallo, presentó el proyecto aprobado en esta tercera sesión ordinaria, que declara de interés la Radio Educatic Paraná, desarrollada en el marco del Proyecto Radio Educativa Digital. La diputada Ramos argumentó que «el proyecto nace como iniciativa de un grupo de docentes paranaenses para afrontar la pandemia de manera creativa. Esta herramienta permite a través de las nuevas tecnologías el trabajo interdisciplinario en los distintos niveles educativos».

En el orden del día se trató además el Proyecto de Declaración presentado por las diputadas Stefanía Cora, Carina Ramos, Mariana Farfán, Silvia Moreno, Paola Rubattino, Carmen Toller y los diputados Juan Manuel Huss, Juan Navarro, José Cáceres, Leonardo Silva, Juan Pablo Cosso, Gustavo Zavallo, Angel Giano, Diego Lara, Sergio Castrillón, Jorge Cáceres, José Kramer y Julio Solanas por el que se manifestó «repudio y preocupación por las declaraciones machistas y violentas vertidas por Ricardo Bussi, legislador y presidente del Bloque de Fuerza Republicana de Tucumán». «Bussi niega la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, desestimando las luchas y conquistas del movimiento feminista, y desconociendo la existencia de las situaciones de violencia de género y feminicidios, en pos de justificar el Proyecto de Ley que impulsa para que la Provincia de Tucumán no se adhiera a la Ley Micaela» indicó la diputada Cora encargada de fundamentar el proyecto y aseveró que en nuestra provincia tiene particular importancia este tema ya que la Ley Micaela deja un legado del trabajo en pos de la igualdad de derechos «se lo debemos a la Negra», manifestó en alusión a Micaela García.

Proyecto de resolución

Luego del cuarto intermedio, se aprobó el proyecto de resolución ?Expte. Nro. 23.950–, por el cual se solicita se realicen gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación para que revea el cierre de la delegación de la CNRT en Paraná. «Este ente hace referencia a la posibilidad de prevenir e inspeccionar y el sostenimiento del empleo de los inspectores en toda la provincia», argumentó el diputado Solanas en relación a la necesidad de reabrir la delegación provincial.

Pedidos de Informes

Respecto a distintos pedidos de informes presentados por las y los legisladores, los mismos fueron remitidos a las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo: pedido presentado por los diputados Troncoso, Zacarías, Anguiano, Vitor, Satto y la diputada Acosta sobre el destino dado al material extraído por la empresa Luis Lossi S.A. en la repavimentación del camino de acceso a la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia; pedido presentado por los diputados Maneiro, Brupbacher, Zacarías, Troncoso, Vitor, Cusinato y las diputadas Foletto, Jaroslavsky y Acosta sobre la situación existente en relación al COVID-19 respecto a la impresión de las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Urbano (segundo anticipo); pedido presentado por los diputados Zacarías, Vitor, Troncoso y la diputada Acosta sobre el robo de dosis de vacuna antigripal en el Hospital de Niños San Roque de Paraná; pedido presentado por los diputados Brupbacher, Maneiro, Zacarías, Vitor, Cusinato, Troncoso y las diputadas Foletto, Acosta y Jaroslavsky sobre si han llegado facturas de consumo de energía eléctrica en la provincia que no se corresponden con facturaciones anteriores ni con los incrementos conocidos y el pedido de informes de los diputados Troncoso, Cusinato, Brupbacher, Anguiano y las diputadas Jaroslavsky y Acosta sobre el número de becas destinadas a transporte escolar que otorgó el Instituto Becario de la Provincia en el corriente año.

Homenajes

En el momento de los reconocimientos, se hicieron homenajes a distintas figuras del país. El diputado Juan Domingo Zacarías destacó la figura de José «Pepe» Mujica, quien fue presidente de la República Oriental del Uruguay, en un nuevo aniversario de su natalicio.

Por su parte, el diputado Néstor Loggio mencionó a una luchadora social que falleció en los últimos días como consecuencia del coronavirus, Ramona Medina, una militante barrial. Además repasó las acciones humanitarias del sacerdote Carlos Mugica: «Hizo una opción preferencial por los pobres y vivió en consecuencia; tuvo un oído en el evangelio y otro en el pueblo», sostuvo Loggio, homenaje al que adhirió el diputado Julio Solanas, quien por su parte manifestó que el sacerdote fue «un revolucionario que prefirió a los humildes y estuvo presente en cada uno de los problemas de los barrios y sus soluciones».

También Solanas reconoció la figura de Néstor Kirchner, quien asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003: «Fue la esperanza venida del sur, quiero rendir homenaje a su obra pero también a su pensamiento» sostuvo el diputado. La diputada Stefanía Cora, destacó en igual sentido la necesidad de «recuperar la figura de un hombre que con su vida movilizó a que miles de jóvenes nos enamoremos de la política».

Además Cora adhirió a todos los homenajes realizados y se refirió a la relevancia que tuvo el 25 de mayo en el desarrollo del país mencionando el rol de Entre Ríos: «nuestra provincia fue parte de otra idea de país, de pensarnos en una República de Entre Ríos».

Por su parte el diputado Juan Manuel Huss destacó la figura del doctor Ramón Carrillo e hizo un reconocimiento a quien «realizó importantes acciones sanitarias que marcaron un antes y un después en el sistema de salud de nuestros país». «Recordar su figura en esta época, en medio de la pandemia, lo hace aún más grande de lo que fue», manifestó Huss.

La diputada María del Carmen Toller adhirió al homenaje realizado a la figura de Ramón Carillo y destacó uno de los logros sanitarios Carrillo: «Villa Paranacito fue la primera localidad entrerriana en implementar el sistema de Agentes Sanitarios. Hoy nos parece algo común pero debemos recordar las luchas que existieron para poder realizar ese sistema».
Además,Toller hizo mención al pasado 15 de mayo fecha en que se celebra el Día Mundial del Siciliano.

El diputado Uriel Brupbacher junto a la diputada Lucía Varisco centraron su homenaje a Alfredo Tomás Maffioly, ex integrante de la Cámara quien también fuera militante radical y dirigente deportivo. «Maffioly fue un ejemplo de democracia para todos los jóvenes a través de su credo político», sostuvo Varisco.

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrado el pasado 17 de mayo, fue reconocido por la diputada Mariana Farfán que resaltó que «estas fechas sirven para recordar que seguimos siendo una sociedad a la que le falta mucho y nos invitan a trabajar para ser todavía mejores». Y concluyó: «Es momento de revisar qué futuro queremos para nuestras hijas e hijos, no solamente desde las leyes sino desde nuestro rol en la sociedad».

A su turno, el diputado Julián Maneiro se refirió al próximo 31 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Energía Nuclear: «Hay decisiones estratégicas en el desarrollo de un país que tienen que ver con la soberanía energética, a esas decisiones hay que festejarlas porque superan las ideologías partidarias y se unen para hacer grande a un país».

Por último, el diputado Manuel Troncoso adhirió a los homenajes realizados y manifestó que «el padre Mugica fue un defensor de las causas sociales».

El gobierno nacional oficializó la designación del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, como embajador argentino ante Israel. También hizo lo propio con el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne como representante ante Uruguay.

Por medio de los decretos 438/2020 y 437/2020, publicados este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández designó a ambos al frente de esas embajadas.

Firman también los decretos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá.

Asimismo, a través del decreto 440/2020, también publicado en el Boletín Oficial, se formalizó la designación de Alfredo Atanasof, ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, como embajador en Bulgaria.

En tanto, por medio del decreto 439/2020, se designó como representante Especial para la Promoción Comercial e Inversiones en la Embajada de China a Gustavo Sabino Vaca Narvaja, quien se desempeñó como director general de Relaciones Internacionales del Senado.

En China, semanas atrás quedó oficialmente designado como embajador al diplomático de carrera Luis Maria Kreckler.

 

El jueves se realizó la primera sesión en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, bajo una modalidad mixta. En el recinto, estuvieron presentes sólo los jefes de ambos bloques, la vicegobernadora y las autoridades de la cámara. La sesión se concretó con el resto de los senadores por videoconferencia.

Consultado, el senador por el Departamento Gualeguay, Francisco Morchio (Jefe del Bloque de Cambiemos) señaló que “entre los proyectos que tuvieron ingreso estuvieron los que presenté, con acompañamiento de todo el bloque de Senadores Juntos por el Cambio Entre Ríos, expresando el rechazo la llegada de los médicos cubanos en el país y el rechazo a la liberación de presos con la excusa de la pandemia.
Con respecto a la situación económica, tuvo ingreso el proyecto por el cual solicitamos al poder Ejecutivo Provincial la prórroga de los vencimientos de impuestos provinciales de los contribuyentes cuyas actividades no hayan sido exceptuadas durante el aislamiento. Asimismo, solicitamos prohibir la suspensión o corte de servicios de aquellos usuarios cuya actividad no haya sido exceptuada.
Por último, también ingresó el proyecto para prohibir la pesca en el río Paraná, y sus afluentes, mientras dure la bajante extraordinaria; y el proyecto para que se garantice la atención primaria y guardias permanentes en los centros de salud de las comunas y distritos del departamento #Gualeguay”.

Días atrás ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que dispone un protocolo con reglas básicas que se deben seguir para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de situaciones de violencia de género.

El proyecto fue presentado por la diputada Verónica Paola Rubattino y dispone “un protocolo de pautas mínimas, en relación a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género” para ser tenido en cuenta por los distintos poderes del Estado.
Tales pautas se suman a las que puedan ser adoptadas por cada repartición Ministerial, Fuerzas de Seguridad, de manera particular y que resulten complementarias y más eficaces.-
En el anexo de la iniciativa se detallan las pautas y e explica que el protocolo “es una guía para la investigación de situaciones de desaparición de mujeres o personas autopercibidas como tales, en el marco de contextos de violencia de género y a fin de dar con el paradero y estado de la persona desaparecida”.
Establece una serie de “principios orientativos” que “deben operar a lo largo de toda la intervención e investigación de este tipo de casos”. En tal sentido, menciona la perspectiva de género, la regla de celeridad, la de Accesibilidad, trato y contención, la regla de Información, personal capacitado, la regla de la no revictimización y la de Abordaje Integral y Coherencia interna
En otro tramo de la iniciativa se hace referencia a las “medidas a adoptar” y, en ese marco, dispone la implementación de oficio y sin dilación alguna de la búsqueda de la persona desaparecida, el establecimiento de un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona y la confrontación del reporte o denuncia de desaparición con la base de datos del Rejucav (Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia), con las bases de datos de otras personas desaparecidas en circunstancias similares, buscando patrones también similares y priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda.
También se establecen una serie de sugerencias destinadas a los familiares y allegados a la persona desaparecida, como la presentación de la denuncia en la comisaría más cercana para que se proceda de oficio: “Aclarar que no tiene que esperar que pase un tiempo mínimo, y que las autoridades policiales y/o judiciales están obligadas a tomar su denuncia”. Esa es una de las recomendaciones, entre otras tantas.
A su vez, el proyecto señala que “deben adoptarse todos los recaudos para obtener y salvaguardar filmaciones de cámaras de seguridad públicas o privadas; computadoras; tablets y todo dispositivo electrónico e informático de almacenamiento de datos de la víctima, como así también de telefonía celular, tratando de obtener en lo posible la clave de uso de ellos y de sus cuentas” y resalta la importancia de “conocer a quien se busca con la mayor profundidad posible”, para lo cual da una serie de parámetros.
También se refiere a la importancia de poder “precisar el último lugar en el que fue vista y solicitar la intervención de los profesionales en criminalística para el análisis de ese sitio como presunto lugar del hecho”.
Además hace hincapié en la centralización de las decisiones e información en el Fiscal de la causa. Fuente APFDigital

 

 

 

La Cámara alta dio este jueves la media sanción que le faltaba al proyecto. Se aprobó con 41 votos afirmativos y 21 negativos
En una sesión atravesada por la preocupación mundial por el coronavirus -que provocó el auto-acuartelamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir en ley en la Cámara alta el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y el Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.

Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más agresiva para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.

La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, en tanto que el oficialismo contó con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Hubo en total 10 ausentes: además de los auto-aislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.

La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -solo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.

Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, donde se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.

Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto aprobado este jueves, que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese.

Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.

Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.

En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.

Fuente: Parlamentario

El tema central será resolver las estrategias a seguir tras la audiencia paritaria que se desarrolló este viernes en la Secretaria de Trabajo de la provincia, donde el gobierno propuso subir sueldos según inflación e ingresos.

Se llevará a cabo en San Salvador la segunda sesión del 190 congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El cónclave se desarrollará a partir de las 9, en Salón de la seccional San Salvador, ubicado en calle 1° junta 448.

El tema central será resolver las estrategias a seguir tras la audiencia paritaria que se desarrolló este viernes en la Secretaria de Trabajo de la provincia.
En el encuentro se dará tratamiento al siguiente temario: elección mesa del congreso; informe de gestión; análisis de la situación nacional y provincial; lectura de mandatos de las departamentales y estrategias a seguir.

La oferta del gobierno
El gobierno propuso a los gremios docentes que el aumento salarial sea establecido de acuerdo a la evolución de la inflación, la actividad económica y los ingresos de la provincia durante el primer trimestre. También se confirmó el pago de la suma fija acordada en la paritaria nacional.

La propuesta del gobierno entrerriano busca repetir en el primer trimestre la metodología introducida por los gremios en las paritas del año pasado. De esa manera, la provincia terminó pagando con los haberes de enero un aumento anualizado de 57,6 por ciento, por encima de la inflación.

Las autoridades provinciales retomaron la propuesta de los representantes gremiales el año pasado e impulsaron calcular el aumento para este periodo mediante el análisis de la evolución, durante el primer trimestre, de los tres factores determinantes para la política salarial: el índice inflacionario, el nivel de actividad económica y los ingresos de la provincia.

No obstante, se propuso el pago de la suma fija extraordinaria acordada en las paritarias nacionales, de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos, con los haberes de marzo, abril, mayo y junio.
«El principal objetivo de esta propuesta es llegar a un acuerdo salarial que contemple la protección del poder adquisitivo del salario y los recursos de la provincia para hacer frente de manera responsable a ese compromiso», explicó el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, al término del encuentro.

«Es muy necesario contemplar la evolución de la inflación y de los ingresos de la provincia para llegar a un punto de acuerdo que sea sustentable, y acorde con la situación de la provincia, que se ha visto muy afectada por la crisis provocada durante el segundo semestre del año pasado», recordó el funcionario.

«Si bien en Entre Ríos el salario inicial es mayor al fijado por la Nación, la propuesta que expresamos hoy incluye el pago de la suma fija extraordinaria acordada en la paritaria nacional, que permitió el comienzo de clases en tiempo y forma en la mayoría de las provincias», remarcó Müller.

«Esto se suma al último aumento que otorgó la provincia en enero de este año, y que significó un incremento anual de 57,6 por ciento sobre el salario docente, superior a la inflación del último año y muy por encima de los aumentos de las demás provincias y de otras actividades», remarcó el presidente del CGE.

«El aumento que terminamos de pagar en enero fue un esfuerzo muy grande de parte de la provincia que vio reducidos sus ingresos en 17 puntos a raíz de la crisis en la que ingresó el país en la última mitad de 2019», explicó Müller y destacó que, «con este último aumento salarial a los docentes, Entre Ríos ya está por encima de lo establecido por la paritaria nacional, que fue de 23.000 pesos».
Hoy el salario inicial de un maestro de grado en la provincia se ubica en los 23.525 pesos, mientras que el salario inicial de un docente secundario con 36 horas, es de 35.926 pesos, que con la suma fija extraordinaria fijada en la paritaria nacional se irá a 38.346 pesos. Sólo 4.000 de los aproximadamente 36.000 docentes entrerrianos perciben salarios iniciales, comunicaron fuentes provinciales.

El ministro de Educación de la Nación recibió a la diputada entrerriana. Hablaron de la futura Ley de Educación Superior y la implementación del Programa de Educación Sexual Integral, entre otros temas.

La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, y el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvieron un encuentro para avanzar de cara a la agenda educativa 2020 y trabajar mancomunadamente en temas estratégicos.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la cartera de Educación, el Ministro y la diputada priorizaron temáticas como la futura Ley de Educación Superior, la implementación del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y la necesidad de trabajar en conjunto en la solución de los problemas que la pobreza y el hambre generan en el cumplimiento del derecho a la educación.

En ese sentido, la legisladora del Frente de Todos, aseguró que “la atención de la desigualdad educativa que afecta a nuestros estudiantes, como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno anterior, deben ser la prioridad de nuestro gobierno, en donde con acciones claras ya empezamos a poner en marcha varias de nuestras herramientas”.

Al respecto del encuentro, la diputada destacó además que “junto al Ministro avanzamos en el pedido del Presidente de la Nación de trabajar de manera conjunta en la conformación y concreción del proyecto de la futura y necesaria Ley de Educación Superior. Asimismo, conversamos sobre la importancia de la implementación correcta de las ESI”.

Por último la legisladora afirmó que “ha sido un encuentro muy productivos en donde coincidimos en lo importante que será avanzar en el cumplimiento efectivo de las leyes de educación que tienen vigencia en el país y se incumplieron durante el anterior gobierno, porque como dijo Alberto Fernández, debemos garantizar el derecho a la Educación con acciones y un Estado que esté cerca de todos y todas”.

Encabezados por Fernando Iglesias, los legisladores presentaron un proyecto de resolución para que se cite «de forma urgente» al ministro de Salud, Ginés González García,tras conocerse el primer caso confirmado de coronavirus en el país.

La iniciativa, redactada por Fernando Iglesias, lleva también las firmas de Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y Waldo Wolff.

Reclaman la interpelación parlamentaria del funcionario para que pueda «informar y rendir cuentas verbalmente y por escrito acerca de las medidas en relación a la llegada del coronavirus».
El texto presentado contiene preguntas sobre los protocolos implementados por las autoridades sanitarias, y también cuestionamientos al accionar de la cartera presidida por González García.
«Subestimaron de manera insólita y alarmante la probable llegada del virus a nuestro territorio», criticaron, y agregaron que «la falta de competencia por parte de la máxima autoridad sanitaria y la alarmante ausencia de protocolos de prevención colocan al país en una situación de extrema vulnerabilidad frente a un fenómeno que se expande a velozmente en todo el mundo».

Más temprano, el diputado nacional de la UCR Luis Petri había reclamado a través de su cuenta de Twitter que de manera «urgente» se constituya la comisión de Salud en la Cámara baja a los efectos de citar al ministro para que de las explicaciones del caso.

En la cúpula de la Policía de Entre Ríos existe preocupación por la decisión política del Poder Ejecutivo entrerriano de poner en discusión una modificación de la normativa de las jubilaciones y pensiones.

De concretarse, los policías entienden que deberán jubilarse a una edad más avanzada, en función de la crisis que se vive en el organismo previsional entrerriano, que tiene un déficit mensual millonario.
Malestar de la plana mayor
El sitio “Análisis Digital” difundió, al respecto, que este martes por la mañana hubo una reunión de la Plana mayor de la Policía de Entre Ríos, presidida por el propio jefe de la institución, comisario general Gustavo Maslein, para analizar la situación.

“Existe preocupación, tanto en los cargos de conducción como de personal subalterno sobre una modificación que perjudicaría a los funcionarios policiales en relación a sus haberes jubilatorios, tanto en los años de servicio como en los montos a cobrar en sus haberes de retiro que tienen carácter alimentario, luego de los anuncios realizados por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet y que son de público conocimiento”, indicó un vocero autorizado.

Se acotó que existe en el cuerpo policial “malestar y desazón” por la posible decisión que tomaría el gobierno de la provincia en desmedro de los funcionarios policiales. Se supo, en consecuencia, que se realizará un informe para poner en conocimiento de las autoridades tanto gubernamentales como legislativas la efectiva situación del personal de la fuerza de seguridad ante estas circunstancias.
El régimen tal como está hasta hoy
Entre Ríos tiene un sistema con las edades más bajas para acceder a la jubilación y con menor densidad de aportes: 20 años. La edad jubilatoria es de 57 y 62 años y para los docentes entrerrianos 52 y 54 años, con 25 años de aportes. En tanto, los trabajadores vinculados al trato con pacientes con capacidades especiales acceden a la jubilación a los 45 años y con 20 de aportes.
Los efectivos policiales no se retiran por edad sino por cantidad de años trabajados, que son 30 para los suboficiales y 32 para los oficiales, con lo cual un efectivo que ingresa a trabajar a los 19 años, se retirará con más de 50 años de edad. En tanto, a los 20 años pueden acceder al régimen de pensión por enfermedad o por lesión en el servicio, pero no existe la figura del retiro.

El Gobierno confirmó hoy el aumento al 33% de las retenciones a la soja desde el 30% actual, y señaló que habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción. Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.

Hay que recordar que el gobierno de Alberto Fernández ya había aplicado un incremento de las retenciones de la oleaginosa en diciembre pasado, pasando del 24,5% al 30%.
Lo recaudado volverá al campo en formato de segmentación y compensación a pequeños productores, según aseguraron los ruralistas luego de la reunión en el ministerio. El decreto se publicará mañana y también se abrirá el registro de declaración jurada de ventas al exterior que se cerró la semana pasada. También se contemplarían bajas para las economías regionales y el girasol, y maíz y trigo continuarían tributando una retención del 12 por ciento.

“Fue una buena reunión”, resumió Jorge Chemes, de CRA. “No logramos revertir el 3%, pero nos comunicaron que va a quedar en el sector, con mejoría en el resto de las producciones. Vamos a consultarles a las bases cómo seguimos o qué medidas tomamos. Esas mejoras son que en algunas producciones que se intentaban aumentar las retenciones se mantendrán y habrá bajas importantes en economías regionales, maní, girasol, lana, carne. Se estabilizan trigo y maíz”, dijo el dirigente.
Además, la intención del Gobierno es continuar en una mesa de diálogo con los representantes de los productores agropecuarios para definir un esquema de segmentación y compensación de retenciones para pequeños productores y cooperativas agropecuarias. Por otro lado, habría beneficios para los productores alejados de los puertos que tienen el impacto de los altos costos de fletes.

Con este aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, el Gobierno tendría una recaudación adicional de casi 500 millones de dólares, que con el actual nivel de precios internacionales que operan en baja por los efectos del coronavirus el total recaudado por retenciones alcanzaría los 6.000 millones de dólares.

Para algunos dirigentes del campo, la recaudación adicional por el aumento de las retenciones a la soja “sería una cifra insignificante”, teniendo en cuenta el alto déficit fiscal, y por otro lado se pagaría un alto costo político de ingresar en un escenario de conflicto con uno de los sectores más importantes de la actividad económica.
Con este aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, el Gobierno tendría una recaudación adicional de casi 500 millones de dólares, que con el actual nivel de precios internacionales que operan en baja por los efectos del coronavirus

El pasado domingo, en la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Nación anunció que el proyecto que se presentó contemplaba un incremento de la alícuota “sobre uno de 25 cultivos”. Sin dar demasiadas precisiones, dirigentes y productores entendieron que Alberto Fernández se estaba refiriendo a la soja, cuyo complejo es el mayor exportador de la Argentina.

En estos momentos, los presidentes de las cuatro entidades del campo se encuentran reunidos para definir las próximas acciones gremiales. Mientras tanto, en el interior productivo, hoy se llevaba adelante la segunda jornada del cese de comercialización de granos que es impulsado por los productores del NOA y el NEA.
Protestas y reclamos
Además, productores autoconvocados del sur de Santa Fe anunciaron un cese de comercialización hasta el miércoles próximo, y decidieron no sembrar ni trigo ni maíz, y reducir la superficie de soja, en el actual escenario de mayor presión impositiva, costos altos, desdoblamiento cambiario y caída de precios.

Otra de las movilizaciones que están programadas para esta semana será el tractorazo de este jueves encabezado por productores autoconvocados de Altos Fierro, en la provincia de Córdoba. La intención de los productores es llegar con la movilización a la Plaza San Martín, en la ciudad capital.

En todas estas protestas, además, hay un reclamo de los productores al Estado y a la clase política para que reduzcan el gasto. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, aseguró que siempre el campo fue solidario y aportó al país, y agregó: “La solidaridad caracteriza el campo. Nosotros, sin caminos, sin infraestructura, sin escuelas y sin créditos ni políticas, sostenemos el gasto público. El problema no es el campo”.
Por su parte, el tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, desde su cuenta de Twitter expresó: “Respetuosamente, Sr. Presidente: el sector agropecuario aportó entre 2002 y 2019 unos 100.000 millones de dólares en concepto de retenciones, y en el 2020 se aportarán más de 7.000 millones de dólares. ¿Si esto no es solidaridad, como lo llamaría usted? La solidaridad no es solo recaudar más, sino dejar de gastar donde no se debe».

Por último, desde la Rural de Jesús María manifestaron que en los últimos 18 años «la política le confiscó al campo infinidad de recursos para atender problemas que jamás solucionó. Una vez más, nos piden ser solidarios cuando venimos contribuyendo por encima de otros sectores desde el 2002 en adelante”, indicó la entidad del norte cordobés.
Y agregaron: “No vamos a cansarnos de decir que las retenciones son un impuesto nefasto, que van en contra del desarrollo productivo. Este desaliento, a su vez, está comenzando a verse reflejado en el comercio, que sufre un aumento indiscriminado de tributos. Además de achicarse el margen para generar trabajo genuino, se limitan nuestras posibilidades de invertir en el agregado de valor en origen”.

Por el aumento de las retenciones a la soja, los integrantes de la Rural de Jesús María proponen “hacer foco en otros sectores que generalmente no son destinatarios de ningún ajuste. A modo de recaudar más, el Estado bien podría: disminuir el gasto en dietas y sueldos de asesores del Poder Legislativo Nacional; achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias; incrementar los ingresos a partir del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces y funcionarios judiciales; achicar el gasto en publicidad del Poder Ejecutivo, entre otras cosas».
Desde la entidad cordobesa, proponen un ajuste de la política que alcanzaría los 1.200 millones de dólares, una cifra que sería más del doble de lo que el Estado recaudará con la suba de las retenciones a la soja.

El ex ministro de Minería sanjuanino resaltó que cada proyecto «tiene su particularidad», ya sea por el mineral del que se trate, la magnitud o la infraestructura disponible en cada provincia, por lo cual la propuesta es «evaluar cómo hacer factible» cada propuesta.

También agregó que la ley «se va a reglamentar en general no sólo para la minería sino para todas las actividades», de manera que quede claro cuál es el nivel de retenciones a aplicar transitoriamente.

Hensel explicó al auditorio las razones económicas y sociales, por las cuales el gobierno de Alberto Fernández adoptó un conjunto de medidas que pueden afectar la atracción de la millonaria inversión que requiere el sector para su desarrollo.
«Estas medidas que se tomaron tiene un carácter plenamente coyuntural que se traducen en las retenciones, las restricciones al mercado cambiario, a las transferencias de utilidades», afirmó al admitir que también hay «algunos embates cíclicos a la actividad y otro antiguo tema que es la Ley de Glaciares».

Hensel llegó a Toronto con el planteo de que la Argentina tiene el potencial de más que triplicar sus exportaciones mineras, para pasar de los u$s 3200 millones que ingresaron en 2019 a los u$s 10.765 millones proyectados para el 2030.

Este martes 3 de marzo se publicó, en el Boletín Oficial, el decreto 203/2020 que lleva la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí, formalmente, fue designado el doctor José Eduardo Lauritto como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para secundar al ex intendente de Concepción del Uruguay, el presidente recurrió a un hombre que integró el Tribunal de Enjuiciamiento que, allá por 2013, había votado la suspensión del fiscal José María Campagnoli. Se trata de Rodolfo María Ojea Quintana que, desde ahora, ocupará el cargo de vicepresidente.

Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación. Ojea Quintana es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros y está vinculado con algunas acciones armadas que llevó a cabo la agrupación durante los 70.
Rodolfo María Ojea Quintana, que regresa a CARU donde ya estuvo entre 2010 y 2016, «es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros y está vinculado con algunas acciones armadas que llevó a cabo la agrupación durante los 70», tal como publicó Infobae años atrás.

De momento, el Gobierno Nacional no designó a nadie más en el organismo binacional. Dicho de otro modo, no se conoce formalmente aún quiénes serán los delegados argentinos. En la última gestión, encabezada por Mauricio Macri, Argentina estuvo representado por 5 hombres (presidente, vice y 3 delegados).

Según datos oficiales de Vialidad Nacional, hay grandes proyectos para la provincia que no continuaron, entre los años 2016 y 2018. El más afectado fue el corredor de la Ruta 18, clave para el desarrollo de la provincia.

La recorte presupuestario para obras durante el Gobierno de Mauricio Macri afectó a distintos puntos del país, más aún en un contexto generalizado de caída en los niveles de actividad. Entre Ríos no fue la excepción y sufrió la paralización de proyectos clave para el desarrollo provincial, nacional e internacional, por ser un paso estratégico para el comercio del Mercosur.
Las obras viales que quedaron en stand by incluyen accesos a localidades, pero fundamentalmente tramos del Corredor de la Ruta Nacional 18, que conecta Paraná con Concordia. En promedio, todas ellas quedaron prácticamente sin ejecución a mitad de camino, con desembolsos financieros pendientes.

Sobre todo, los trabajos en la Ruta 18 más demorados son los del tramo 2 y 3, por ser los del medio. Por falta de fondos y definiciones políticas, durante la gestión de Macri se decidieron no continuar. En su momento, la justificación fue que el flujo del tránsito no ameritaba realizar autovía en esta zona, que conecta el Arroyo Moreyra, la Ruta Provincial N° 20 y el Arroyo Sandoval.

En este sentido, según información de Vialidad Nacional a la que accedió AHORA, las deudas de Nación por obras viales para la provincia ascienden a unos 3.400 millones de pesos. Se trata de importantes proyectos que quedaron paralizados entre febrero de 2016 y noviembre de 2018.

1. Acceso a localidades

El primer ítem incluye obras clave para las comunidades de la provincia, por tratarse de accesos a localidades conectadas con la Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Nacional N° 18. En total, son 130,43 kilómetros de longitud, con la construcción de caminos pavimentados en zonas rurales. Precisamente, abarca desde el puente sobre el arroyo Hernandarias hasta la finalización de tramos y subtramos de acceso a La Paz. El proyecto se inició en julio de 2013 y se frenó en noviembre de 2018, mes en que se pagó el último certificado de obra. El mismo tuvo un avance financiero del 38%, lo que representó un avance físico del 53%. El saldo vigente por este proyecto asciende a $1.015.820.002,61.

2. Corredor Ruta Nacional 18 Paraná-Concordia: Tramo 1

Este segundo ítem es por el Tramo N°1, por una longitud de 67,75 kilómetros de duplicación de la calzada en la autovía de la Ruta 18, proyectada para conectar Concordia con Paraná. El proyecto incluye la intersección con la Ruta Nacional N°12, colectoras y pavimentación progresiva. El mismo se inició en septiembre de 2011 y se paralizó en agosto de 2018, con un 51% de avance financiero y un 71% de avance físico. La deuda alcanza los $ 1.104.751.036,53.

3. Corredor Ruta Nacional 18 Paraná-Concordia: Tramo 2

Este tercer ítem es por el Tramo N°2 de la Autovía 18, cuyas obras abarcan colectoras pavimentadas y la intersección con la Ruta Provincial N° 20. Técnicamente, también es la duplicación de la calzada de otros 67,85 kilómetros, para convertir en autovía la transitada arteria, clave para la provincia, el país y el desarrollo comercial del Mercosur. Este tramo fue iniciado en octubre de 2011 y se abandonó en febrero de 2016, con un 38% de avance financiero y un 48% de avance físico. En este sentido, la deuda asciende a $ 853.680.503,79.

4. Corredor Ruta Nacional 18 Paraná-Concordia: Tramo 3

El cuarto ítem, también por el Corredor de la Ruta Nacional 18, se extiende en 30,4 kilómetros, desde la intersección de la Ruta Provincial N° 20 hasta el Arroyo Sandoval, en concepto de duplicación de la calzada en autovía. La obra también se inició en octubre de 2011 y se paralizó en febrero de 2016, con un 50% de avance financiero y un 60% de avance físico. La deuda al respecto es por $ 419.777.632,10.

 

Fuente: Ahora