La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que propone que se prohíba la oferta de golosinas y ultraprocesados en la línea de cajas y en los accesos de los supermercados. Será controlado por el ICAB.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que propone que se prohíba la oferta de golosinas y ultraprocesados en la línea de cajas y en los accesos de los supermercados. Se apunta a disminuir el sobrepeso, la obesidad, diabetes y otras enfermedades no transmisibles en la población.

La iniciativa, impulsada por la diputada Paola Rubattino (PJ-Frente Creer), fue aprobada en la sesión de esta semana. El proyecto establece que se prohíba «la exhibición, oferta y publicidad de alimentos ultraprocesados (como golosinas, bebidas y snacks que contengan alto contenido de azúcares, sales y grasas) en filas y líneas de cajas registradoras, proximidad a estas, y accesos y salidas de supermercados, hipermercados, y otros comercios de modalidad autoservicio».

También prohíbe la exhibición de publicidad y/o promoción de tales productos en cercanías de este tipo de comercios, pero aclara que «quedan exceptuados los comercios cuya actividad principal sea la venta de golosinas o alimentos de similares características», y los almacenes y pequeños autoservicios.
El Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología (ICAB), dependiente de la Secretaría de Producción, estará a cargo de controlar el cumplimiento y de articular con los Municipios la aplicación de las sanciones».
El proyecto «tiene la finalidad de proteger a un amplio sector de la población, que podemos considerar vulnerable, precisamente por su condición de resultar sujetos de derecho en una etapa inicial de evolución donde los cuidados respecto de su salud deben extremarse, esto es: la niñez», dice Rubattino en los fundamentos de la iniciativa.
«El objetivo fundamental de esta iniciativa es la búsqueda de la estimulación de mejores hábitos alimentarios, promoviendo en particular la reducción del consumo de azúcares», señala luego.
«La presencia de golosinas con altos contenido de azúcar en tales lugares -de acceso y egreso- resulta una exposición que busca tentar al sector infantil hacia un desmedido consumismo en perjuicio de una correcta alimentación», agrega en el proyecto al que accedió APF Digital.
Luego menciona que la Organización Mundial de la Salud da cuenta de que el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016.

Además se habló de la situación de los puertos y la posibilidad de ampliar una unidad penal de la provincia

El gobernador Gustavo Bordet avanzó con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero en acciones conjuntas y la asistencia en el marco de la emergencia sanitaria. También abordaron el sistema de puertos de la provincia y la ampliación de una de las unidades penales.

Acompañado por el senador Nacional, Edgardo Kueider, Bordet explicó que durante el encuentro abordaron la agenda que lleva adelante la Provincia con el gobierno nacional: «Nos permite ir avanzando en temas centrales para la provincia”.

Durante la reunión de trabajo se analizó la situación sanitaria de la provincia en el marco de la pandemia por Coronavirus: «Tenemos dos ciudades con circulación comunitaria, una es Paraná y desde este viernes Gualeguaychú, son los dos lugares más complejos pero estamos trabajando con todo un equipo de salud, en el territorio».

En ese sentido, subrayó que desde Entre Ríos se articula con el Ministerio de Salud de Nación todas las acciones para llegar en tiempo y forma para, fundamentalmente, evitar que los contagios se produzcan por una mayor circulación de personas, y tratar de reducirlos. Hizo referencia además al objetivo del DNU presidencial que prohíbe las reuniones sociales y familiares: “Es donde detectamos que se produce la mayor cantidad de contagios”.

Bordet señaló que junto a Cafiero se han coordinado muchas acciones, entre ellas las para impulsar el sistema portuario integrado de la provincia: «Estamos trabajando mucho para brindar soporte e infraestructura a la producción entrerriana y la generación de trabajo”. También participó del encuentro el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Leonardo Cabrera.

Por otra parte, Bordet destacó que analizó junto al Jefe de Gabinete de Ministros la posibilidad de trabajar con el Ministerio de Justicia en la ampliación de una de las unidades penales de Entre Ríos: «Es algo muy necesario para ir erradicando las viejas cárceles que son del siglo XIX. Es una asignatura pendiente».

Con veto parcial, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley
El Poder Ejecutivo Nacional promulgó hoy parcialmente la ley que declara de «interés nacional» la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística y dispone la obligatoriedad de la cobertura integral a pacientes por parte de obras sociales y empresas de medicina prepagas.

A través del Decreto de Promulgación Parcial 662, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno se expidió sobre la ley sancionada por el Senado el 23 de julio pasado e incluyó un criterio de equidad para que en los tratamientos tenga participación el rubro farmacéutico de los denominados «medicamentos genéricos».

De todas maneras, «se deja en claro que las prestaciones requeridas por los pacientes serán cubiertas en su totalidad, tal como se establece en el proyecto sancionado», aclara la norma.

Uno de los puntos salientes explica que se vira de la concepción de la discapacidad, según el llamado «modelo médico hegemónico», hacia «este nuevo paradigma que concibe a la persona con discapacidad desde toda su complejidad.»

Este enfoque biopsicosocial conlleva a que «la sola presencia de una determinada condición de salud -aun irreversible- no implica discapacidad, sino que esa condición es la puerta de entrada para la evaluación del perfil de la persona, influenciado por una compleja combinación de factores; reconociendo a la discapacidad como un concepto dinámico, en constante evolución».

En el decreto se «redefine la prohibición de sustitución y/o modificación del medicamento, en este caso el llamado «genérico», señalado en el proyecto de ley «dado que se aparta de las políticas públicas de medicamentos existentes en el país, tal como señala la Ley Nº 25.649».

La Ley Nº 25.649 dispone que toda receta o prescripción médica debe efectuarse en forma obligatoria por su «nombre genérico»; garantizando así la realización de una política más efectiva para la atención de la salud pública.

El artículo original, ahora modificado, «implicaría un retroceso respecto de lo dispuesto por la Ley N° 25.649, pues prohibiría la sustitución de productos y no admitiría su prescripción por denominación común internacional (genérico)», se dijo, y «se hubiese obstaculizado la realización de una política más efectiva para la atención de la salud pública».

Sobre los aspectos positivos de decisión gubernamental se puso de relieve la decisión de «garantizar la defensa del consumidor o de la consumidora de medicamentos y drogas farmacéuticas; permitir a los y las pacientes ejercer con libertad su derecho de elección; facilitar una política competitiva de precios; garantizar un mayor acceso a los medicamentos por parte de los consumidores y las consumidoras y autorizar la sustitución de un producto por otro de menor precio con iguales resultados».

En cuanto al Programa Médico Obligatorio (PMO), «debe contemplar todos aquellos medicamentos que son de uso habitual, excluyendo de las prestaciones aquellos medicamentos de baja frecuencia y alto precio».

Fuentes oficiales destacaron que, si no se produjeran estas modificaciones, «el costo que imponía la normativa anterior podía exigirse a una obra social de estructura nacional, pero no a las obras sociales provinciales». Además, se «imposibilitaba la correcta implementación de la ley y facilitaba los enredos judiciales».

«Ahora se garantiza que las prestaciones requeridas por los y las pacientes serán cubiertas en su totalidad, y el diagnóstico y tratamiento en tiempo oportuno de forma tal que se magnifique el beneficio en su salud generando un impacto positivo sobre la misma», añadieron.

Y explicaron que «el decreto pondera el modelo biopsicosocial de las personas con discapacidad, definido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por sobre el modelo ‘médico-hegemónico’, contemplando las decisiones del equipo de salud integrado también por otros u otras profesionales».

Asimismo, «se confirma el otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la persona diagnosticada; modificando la condición de que esto sea ‘de por vida’, reconociendo a la discapacidad como un concepto dinámico y en constante evolución».

También, «se define que todas las personas con fibrosis quística tendrán acceso a las prestaciones requeridas y éstas serán cubiertas en su totalidad, tal como se establece en el proyecto sancionado».

En los considerandos, el PEN sostuvo que «resulta aconsejable promulgar parcialmente el proyecto de ley sancionado para su mejor y más equitativa aplicación, garantizando la completa provisión de las prestaciones allí establecidas pero sin afectar el marco normativo que regula la salud pública».

Fuente: Télam

La reforma judicial que encara el gobierno todavía no comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.

La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etc) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matias Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Como así también el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.

La primera de las críticas al proyecto es de característica general. Los camaristas -que analizaron artículo por artículo el contenido del proyecto de Ley, dijeron que “el fuero -computando también los tribunales orales- registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos”.

Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la situación de los empleados y funcionarios del fuero Criminal y Correccional de la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “en el caso de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.

Los camaristas concluyeron que “lo señalado en los puntos anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.

El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la justicia local. Dijeron que “…las únicas causales para el cese -además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente- de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”, publicó Infobae.

También consideraron que no es acorde a la Constitución y a las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo explicaron así: “ Análoga objeción…merece la pretensión de privar a los tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a plazo -por cierto cercano- en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones, como podría haber sido la asignación – eventualmente también progresiva- del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal. Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial -que son reaseguros de su imparcialidad-, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”.

El presidente Alberto Fernández anunció que dispuso la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días.

El presidente Alberto Fernández anula el decreto para intervenir y expropiar la cerealera Vicentin, indicaron esta tarde fuentes oficiales.

El Presidente tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal.
Con un nuevo decreto, el jefe de Estado anulará el DNU 522 que dispuso hace menos de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, dictada para intervenir la compañía.

El abogado Daniel Igolnikov presentó una demanda. «No tiene derecho a estar exceptuado de lo que tenemos que hacer los 44 millones de argentinos», dijo

El abogado Daniel Igolnikov denunció al expresidente, Mauricio Macri, por su viaje a Paris. «No hay excepciones con el aislamiento, nadie tiene el privilegio de hacer reuniones presenciales”, dijo el letrado.

La denuncia se realizó esta mañana de manera virtual. “Tiene derecho (Macri) a hacer política, pero no tiene derecho a estar exceptuado de lo que tenemos que hacer los 44 millones de argentinos», lanzó.

“El exPresidente Macri, bajo la cobertura de la presidencia de una Fundación referida al fútbol hace política y reuniones presenciales, hay antecedentes que no obran a favor de su credibilidad, el caso más importante es el Correo”, completó.

Además, sostuvo que “dirigentes como Macri deberían dar el ejemplo, no debería hacer campaña de manera presencial también hay rumores de que se traslada a los Abrojos”.

“Quiero que se investigue si está haciendo reuniones presenciales, algo que está prohibido no tiene privilegios para eso”, completó en declaraciones que reprodujo Ámbito.

La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro.

La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo.

La bancada de Juntos por el Cambio firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban «más rígida» la regulación y «desalentaban» a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza.

En representación del oficialismo, Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que «no surge a las apuradas», destacó que tuvo «amplio consenso en la Cámara de Diputados» y afirmó que la ley «garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años».

«Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral», sostuvo, y remarcó que la cuestión de la reversibilidad del formato de teletrabajo -uno de los puntos cuestionados por la oposición- alcanza con un preaviso de 15 días.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que «hay una mirada sesgada (del oficialismo) con esta idea de no aceptar cambios» y señaló «falta de sentido común», ya que la ley «pone un freno a las fuentes de trabajo» y demuestra «una enorme torpeza desde lo político».

Naidenoff cuestionó el punto de la reversibilidad al señalar que «para contratar trabajadores del interior, por ejemplo, se pueden considerar despedidos si el empleador no alquila un local para oficina» y cuestionó que el Frente de Todos «busque arremeter y avanzar», pese a que el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a ello.
Ley

La ley aprobada con los votos del Frente de Todos busca establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas.

Según la ley aprobada, las personas que trabajen bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que trabajen en forma presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían en modalidad presencial.

Además, determina que los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

Respecto a la jornada laboral establece que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes y que las plataformas y/o sistemas utilizados por el empleador deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma.

También menciona el derecho a la desconexión digital, es decir la posibilidad de no ser conectados y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias aquellos trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad, sin que sean sancionados.

Sobre las tareas de cuidado, señala que quienes cumplan esa actividad y acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con esas tareas de cuidado y/o a interrumpir la jornada.

El traslado de quien trabaja en una posición presencial hacia la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, debe ser voluntario y el consentimiento debe prestarse por escrito.

El punto sobre la reversibilidad, uno de los que más discrepancias generó, indica que el consentimiento prestado por la persona trabajadora para pasar a la modalidad de teletrabajo es reversible en cualquier momento de la relación laboral.

La ley ordena que el empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o compensar por la utilización de herramientas propias de la persona trabajadora, publicó Télam.

El Senador Provincial, Francisco Morchio, en compañía del Coordinador de Juntas de Gobierno Departamental, Pedro Meda, mantuvo reuniones de trabajo con la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y con la Ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.
De esta forma, junto con Paira, se abordó la situación social de los distritos y comunas, del departamento Gualeguay, y sus necesidades en este contexto de distanciamiento social producto de la pandemia por Covid – 19.

Con el mismo propósito se concretó la reunión con la Ministra Romero, así como también se planteó la necesidad del cambio de categoría para la Junta de Gobierno de Estación Lazo.
Tanto el Senador Morchio como el Coordinador Meda manifestaron la importancia de trabajar en conjunto para dar respuestas a los vecinos de las zonas rurales.

Viene de ser subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación. Reemplazará a Daniel Elías, que deja el cargo tras 16 años

Luego de 16 años al frente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías dio un paso al costado. Gustavo Bordet decidió reemplazarlo, según supo Página Política, por Edgardo Scarione, quien viene de desempeñarse como subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación.

En tanto, Elías trabajará en el ámbito de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados que preside el legislador entrerriano, Marcelo Casaretto y que, a su vez, integrará una Comisión Bicameral a los efectos de redactar el proyecto del nuevo régimen de movilidad jubilatoria y evaluación de los Regímenes Especiales.

Casaretto fundó su pedido en la necesidad de contar con la participación de Elías a quién se le reconoce su extensa formación y trayectoria en materia previsional. “Esto significará un aporte de nuestra provincia a dicha comisión”, destacó el legislador.

El proyecto que se debate actualmente en el Congreso prevé también las previsiones presupuestarias nacionales para el financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos, como es el caso de Entre Ríos.

En ese contexto, Elías calificó la propuesta como “un desafío histórico de participar junto a nuestro diputado del debate de los contenidos de esta normativa que impactará en una de las políticas pública más importantes de nuestro país”.

De esta manera, Elías deja tras 16 años de trabajo, el cargo de presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia para participar de la discusión y el diseño del nuevo régimen de movilidad jubilatoria nacional.

En ese sentido, Elías destacó que la Caja de Jubilaciones de la provincia “cuenta con personal capacitado, eficiente y honesto”, en el cual, “quien lleve adelante la conducción del organismo, podrá apoyarse para sostener un nivel de gestión como el que merece toda nuestra sociedad”.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la 8ª sesión ordinaria del 141º período legislativo, lo hizo bajo modalidad virtual. En la jornada, se aprobó sobre tablas y por unanimidad las modificaciones a la Ley N° 10.394.

La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, promueve la diversificación y la innovación productiva, incorporando a las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia y al sector turístico.

La vicegobernadora de la provincia y titular de la Cámara Alta, Laura Stratta, presidió la sesión desde el Recinto, junto a los presidentes de los bloques, Armando Gay (Concordia – Frente Justicialista Creer Entre Ríos) y Francisco Morchio (Gualeguay – Cambiemos); además del secretario de la Cámara, Lautaro Schiavoni, y el prosecretario del cuerpo, Leonardo Centurión, respetando los protocolos de distanciamiento social para evitar la propagación del Covid-19. El resto de las y los senadores provinciales participaron del debate mediante videoconferencia.
Régimen de Promoción para el Emprendedorismo Entrerriano
Durante la sesión, senadoras y senadores aprobaron sobre tablas, en forma unánime las modificaciones a la Ley N° 10.394 (Expediente Nº 24.260). La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, propone incorporar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) como beneficiarias de financiamiento y programas de desarrollo.

Al respecto, el senador Armando Gay destacó el trabajo que realizó este cuerpo, conjuntamente con la Vicegobernadora y su equipo. También valoró el aporte del ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, “quien nos dio un pantallazo claro sobre la actual situación provincial y la necesidad de contar con una herramienta legislativa”, resaltó.

Seguidamente, el legislador provincial comentó que “esta pandemia nos pone a prueba en esto de buscar herramientas y soluciones para amortiguar una crisis que la tenemos, que es profunda y que se pueden generar condiciones para tener una rápida reactivación económica”.

En tal sentido, Gay consideró que «es absolutamente necesario adecuar la ley de Emprendedorismo al contexto complejo que tenemos hoy y se lo hará en forma adecuada, sencilla pero poniendo las modificaciones que son estrictamente necesarias”, opinó tras detallar los puntos centrales de la iniciativa.

indicó que “el turismo sintió un golpe enorme, y seguramente será el último en poder vivenciar una reactivación real” entendiendo que en este contexto “son miles de personas y también muchos emprendedores que se encuentran en una encrucijada penosa y triste, donde entre todos tenemos la responsabilidad de buscar alternativas para que salgan lo más rápido posible”, aseveró.

“Creemos en un Estado presente, que el Estado tiene que tener los elementos y desplegar todos su potencial apelando a la innovación y solidaridad”, expresó el senador del bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos destacando el diálogo y el trabajo conjunto del cuerpo “para lograr soluciones superadoras”.

Por su parte, el senador Francisco Morchio manifestó: “Coincidimos desde el bloque en la importancia del sector turístico y cómo se vio afectada por esta situación sanitaria”. Además, el legislador valoró el trabajo del tratamiento del proyecto junto con la vicegobernadora, el ministro Bahillo y los aportes del diputado Esteban Vitor. “No hay ningún motivo para no votar a favor y también hacerlo sobre tablas”, argumentó tras adelantar el voto afirmativo del bloque.

Uso sustentable de bienes del Estado
Además, durante la sesión ingresó el proyecto de ley (Expediente Nº 13.649), para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado, ubicados en zonas de islas y humedales de la provincia, que será trabajado en comisión. Se trata de una iniciativa elaborada conjuntamente entre las diversas áreas que componen el Poder Ejecutivo entrerriano y en la que la Vicegobernación hizo sus aportes, tendientes a regular el uso de estos inmuebles. La norma, propone que todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados deban estar sujetos a la evaluación de impacto ambiental que establezca la Secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.

Comisión de la Región Centro
Tras tomar conocimiento de un nota remitida por el senador de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, expresando su preocupación por las consecuencias dañosas de la quema de pastizales en las Islas del Delta del Paraná, se conformó la Comisión de la Región Centro para el tratamiento y abordaje de la problemática.
El presidente del bloque, Armando Gay (Concordia – Frente Justicialista Creer Entre Ríos), propuso los integrantes de la mencionada Comisión, son 10 titulares y cinco suplentes. Los senadores y senadoras titulares por el oficialismo: Marcelo Berthet, Adrian Fuertes, Amilcar Genre Bert, Claudia Gieco, Juan Carlos Kloss, Flavia Maidana, Daniel Olano y Armando Gay; por la oposición: Gastón Bagnat y Francisco Morchio. En tanto, los suplentes serán: por el oficialismo: Jorge Maradey, Nancy Miranda y Mauricio Santa Cruz; por el bloque de la oposición: Rubén Dal Molin y Omar Migueles.

Lista de conjueces
Luego, durante la jornada de debate legislativo, se dio ingreso a la lista de conjueces para subrogar a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en caso de que éstos deban excusarse. Ahora, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. A continuación se detalla la lista: Alejandro Daniel Canavesio, Gastón Alberto Justet, Amado Siede, Martín Acevedo Miño, Raúl Barrandeguy, Roberto Behéran, Luis María Campos, María Susana Benítez, Enrique Marciano Martínez, Miguel Ángel Federik, Ladislao Fermín Uzín Olleros, Carlos Alberto Schiavo, Julio Federik, Blanca Raquel Acosta, Gabriela María del Carmen Ceballos, Alejandro Daniel Briozzo, María Elena Romero y Carlos Antonio Chemez.

Homenajes
Al momento de los homenajes, el senador Morchio mencionó el reciente fallecimiento de Don Delfor Benedetti, presidente de la Junta de Gobierno González Calderón (Departamento Gualeguay). “Delfor era una persona comprometida con su familia, con su trabajo y su comunidad”, destacó el legislador tras agregar: “Delfor fue un hombre de trabajo y de familia, y junto a Marta y sus hijos, transmitió ese amor por la tierra y siempre con el propósito de progresar y pensando en el hacer; su compromiso era con su querida comunidad”.

Finalmente, la sesión se completó con proyectos de ley venidos en revisión de la Cámara de Diputados, declaraciones y comunicaciones de las y los legisladores que aluden a distintas temáticas de interés.

Preocupados por la crisis, la CGT y la Asociación Empresaria Argentina mantuvieron un diálogo para analizar la post pandemia. Coincidieron en la necesidad de consensos que deben dar lugar a la «implementación de políticas específicas».
Referentes de la CGT y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) coincidieron hoy en la necesidad de «avanzar en la formulación de consensos básicos» para encarar una salida de la crisis provocada por el coronavirus.

Los participantes acordaron que esos consensos deben dar lugar a la «implementación de políticas específicas».

Preocupados por el impacto de la caída económica producto de la crisis sanitaria, los principales sindicalistas y empresarios del país realizaron este encuentro en momentos en que se demora una convocatoria formal de parte del Gobierno para impulsar el diálogo tripartito que la CGT y la AEA reclaman de cara a la postpandemia.

Entre los temas abordados figuraron «el papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y especialmente para la salida de esta crisis», informó un comunicado de AEA.

También se habló de «políticas específicas para promover el empleo registrado; políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios y la inserción inteligente de la Argentina en el mundo».

Y además se abordó la «necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales», indicaron los empresarios.

Ambos sectores coincidieron en la necesidad de «avanzar en la formulación de consensos básicos, que den lugar en el tiempo a la implementación de políticas específicas» para la complicada etapa que atraviesa el país».

«Ello se hace aún más urgente en vista a la crítica situación económica y al esfuerzo enorme que implicará mantener en actividad al dispositivo productivo y al empleo formal en el país», plantearon los empresarios.

Y agregaron que la Argentina «viene de muchas décadas de un mal rendimiento económico, a lo que se adiciona el impacto muy negativo de la pandemia. Es solo con el esfuerzo de todos que podrán iniciar un proceso de recuperación».

Por la CGT asistieron Carlos Acuña (SOESGyPE); Héctor Daer (Sanidad); Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Gerardo Martínez (UOCRA) y Antonio Caló (UOM).

Por la AEA participaron: Luis Pagani (Arcor); Paolo Rocca (Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Carlos Miguens (Grupo Miguens); José Cartellone (José Cartellone Construcciones Civiles); Cristiano Rattazzi (FCA Argentina); Federico Braun (La Anónima); Alberto Grimoldi (Grimoldi); Enrique Cristofani (Santander); Eduardo Elsztain (IRSA); Marcelo Argüelles (Sidus) y Alberto Hojman (BGH).

También estuvieron Jorge Aufiero (Medicus); Norberto Morita (Grupo de la Cruz del Sur); David Lacroze (Grupo Lacroze); Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos); Marcos Galperín (Mercado Libre); Alejandro Bulgheroni (Grupo Panamericano de Energía); María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc).

Por Iniciativa del Concejal Agapito Blanco, ingresó al Concejo Municipal de la ciudad de Rosario un proyecto que declara persona no grata al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Eduardo Bordet, sustentado en la evidente pasividad e inacción frente a la dramática situación que atraviesa la ciudad Rosario y su zona de influencia, producto de la quema indiscriminada e intencional de pastizales en islas entrerrianas.

El proyecto de Blanco, resalta la inexistencia de mensajes e indicios que hagan referencia a una mínima preocupación del gobernador en referencia al riesgo sobre la salud y la seguridad vial de los habitantes, como así también al daño ecológico y ambiental de la flora y la fauna circundante. Así mismo, menciona la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de todos los habitantes, a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

El Concejal advirtió que “en lo que va del año 2020, se registraron más de 2.700 focos ígneos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos de Rosario y localidades vecinas, agravándose aún más por la situación de pandemia que atravesamos, y la integridad ecológica de los humedales, lo cuales albergan gran diversidad biológica y cumplen múltiples funciones ecológicas vitales”.

Para el concejal del bloque Cambiemos hay una clara responsabilidad del Gobernador Bordet ya que “la mayoría de las tierras que conforman las islas frente a Rosario, son tierras fiscales propiedad del gobierno de Entre Ríos, que mediante permisos de uso oneroso, permite a particulares y empresas, explotar las mismas con fines ganaderos, utilizando la quema de pastizales como sistema de rotación y aprovechamiento de nuevas pasturas”

“Sorprende la falta de voluntad del ejecutivo provincial en solucionar el problema que tan gravemente afecta a los rosarinos, ya que si lo deseara y a tiro de un simple decreto, podría rescindir y cancelar los mencionados permisos de uso y la consecuente actividad productiva que, en resumidas cuentas es la responsable de tan angustiante situación” concluyó el edil Agapito Blanco.

La fianza fue fijada en $632.500.000. Su defensa pidió una reducción y que se permita un seguro de caución. El empresario quiere ir a vivir a un barrio privado de Pilar.

El Tribunal Oral Federal 4 responderá este lunes si accede a bajar la fianza que le impuso a Lázaro Báez para que pueda dejar la cárcel de Ezeiza. La fianza fue fijada en $632.500.000, tomando en cuenta el valor del dólar blue, algo que tiene pocos antecedentes. El miércoles, antes del fin de semana largo, la defensa del empresario pidió una reducción sensible de ese monto y que se reemplace por un seguro de caución. Si la reducción de la fianza no es sustancial, la negociación podría empantanarse. “No puede pagar una prima ni siquiera por la mitad de ese monto”, dijo una fuente de su defensa.

Si la respuesta es favorable, Báez irá a vivir a una casa del barrio Ayres del Pilar. Los vecinos, en su mayoría, ese oponen a esa mudanza. El miércoles y el jueves hubo protestas en la puerta del barrio. Sin embargo, el directorio del barrio emitió un comunicado en el que destaca que se respetará “lo que disponga la justicia, siempre que no vulnere las normas vigentes”.

“Entendemos que debemos actuar y tomar decisiones, respetando lo que disponga la justicia, siempre que no vulnere las normas vigentes, ni las garantías constitucionales de quienes vivimos en Ayres”, dice el mensaje dirigido a los vecinos. El comunicado, al que tuvo acceso Infobae, también cuestiona la “viralización” de información sobre el barrio en los medios y en redes sociales, y asegura que “no permitirá ningún tipo de excepción, ni atenderá situación particular alguna que vulnere nuestro estatuto, que atente contra los vecinos, o que modifique la armonía del barrio.
La domiciliaria se activó recién el miércoles, a partir de un fallo de la Cámara de Casación y luego del Tribunal Oral Federal 4. Apenas trascendió en los medios que Báez iría a vivir a ese lugar, los vecinos se organizaron a través de los chats internos para protestar. Cerca de las 19, se reunieron en la puerta del barrio con cacerolas y algunas banderas. A esa misma hora, la pareja de Báez logró ingresar a la casa junto a otra mujer.

Ese mismo día, la defensa de Báez apeló el monto de la fianza fijada por el TOF 4 en base a una cifra que había sugerido el fiscal Abel Córdoba, que habló de 5,5 millones de dólares. Ese monto surge de la diferencia entre los USD 10 millones que se habían depositado en una cuenta de Bahamas y el dinero que la Justicia logró congelar, unos USD 4,5 millones. “La caución fijada por el Tribunal deviene exorbitante y de imposible cumplimiento, justamente, en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos por VVEE, en diversos expedientes”, respondieron los abogados.

El TOF 4 decidió postergar la respuesta hasta hoy.

La diputada provincial Paola Rubattino (Frente de Todos) pidió “poner en contexto la iniciativa. Hay que tener en cuenta la génesis o el punto de partida: hay un enorme desfinanciamiento en las provincias”. La legisladora, que acompañó con su voto el proyecto que ya es ley, en contacto con El Día de Gualeguay remarcó que “esto arranca en agosto de 2019 cuando después de las primarias se desplomó la previsibilidad del país. Macri tomó medidas que tuvieron enorme incidencia y para Entre Ríos fueron 4.000 millones de pesos menos. Esto dejó un agujero enorme que nos dejó en una debilidad extrema”.

Rubattino apuntó que “luego vino la pandemia. Por eso necesitamos tener una herramienta. La caída de la actividad económica también aceleró la situación y nos dejó en este desequilibrio actual. Recuerdo que Bordet siempre fue un gobernador previsible y equilibrado, pero en agosto del año pasado empezaron todos los problemas”.
La legisladora dijo que “esta ley se autolimita porque es por un año con posibilidad de seis meses más. Otras provincias como Córdoba lo han hecho de manera definitiva y acá no es así. Hay que tener en cuenta que esto no va a terminar con pandemia. No es para escandalizarse pero sí para tomar recaudos. El gobierno necesita contar con este dinero, que tampoco resuelve la cuestión estructural. Por supuesto que esto es antipático, pero es así cuando se gobierna”.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos manifestó su «total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6» del proyecto de «emergencia solidaria» por «ser regresivos y atentatorios de nuestros derechos laborales»

SOLICITADA

AL GOBERNADOR BORDET Y AL PODER LEGISLATIVO

LAS Y LOS TRABAJADORES YA HEMOS HECHO NUESTRO ESFUERZO

Ante el anuncio y posterior presentación por parte del Ejecutivo provincial, en la figura de Gustavo Bordet, de un proyecto de ley de Emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria y previsional, desde la ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6 del mencionado texto por ser regresivos y atentatorios de nuestros derechos laborales.

En un contexto como el que estamos atravesando, en donde el avance de la pandemia originada por el COVID 19 profundizó la crisis económica, y con ella la desigualdad y la pobreza, y con una paritaria salarial abierta, el Ejecutivo obrando de mala fe y violentando todo espacio de discusión toma la decisión de que seamos las y los trabajadores -una vez más- quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos de esta emergencia.

Claramente afirmamos, el aumento de los aportes personales constituye un saqueo y un ajuste al salario, además de modificar a la baja el 82 % móvil en las jubilaciones. Desde los ámbitos orgánicos de AGMER, el Plenario de Secretarios Generales ha emitido claramente un posicionamiento relativo a los artículos que nos involucran y determinado un plan de acción; y la Multisectorial de trabajadores, como espacio político desde hace años, pero sobre todo en los últimos 40 días, ha trabajado elaborando proyectos que permitan que tributen quienes han acumulado riquezas.

Las y los trabajadores ya hemos y continuaremos haciendo el esfuerzo, atendiendo a nuestras y nuestros alumnos, muchas veces pagando desde nuestro propio bolsillo las conexiones y demás materiales, estando en la primera fila sosteniendo los comedores escolares. Tenemos muy presente y claro el significado de la solidaridad. Ahora es tiempo de que el esfuerzo y el aporte solidario lo hagan el capital financiero y económico que desde hace años se viene enriqueciendo a costa de las necesidades nuestras.

Exigimos a los legisladores de esta provincia que se abstengan de avanzar en el tratamiento de cualquier punto que signifique cercenar derechos adquiridos. Demandamos que estén a la altura de lo que hoy necesitan los sectores laborales, en una de las peores crisis de la historia nacional.

Al gobernador Bordet le exigimos, una vez más, salarios que estén por encima de la inflación y de los índices de pobreza. Le demandamos celeridad en la discusión paritaria y le recordamos en este ámbito no se pueden tomar decisiones de mala fe.

ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS
COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL