El Presidente de la Nación le envió sus condolencias a la familia del diputado radical de La Rioja.
El presidente Mauricio Macri decretó este domingo dos días de duelo nacional por la muerte del diputado Héctor Olivares, tras haber sido baleado el jueves pasado en la Plaza de los Dos Congresos.

«Lamento mucho la muerte del diputado Héctor Olivares. Todas las personas que lo conocimos lo recordamos como un hombre recto, trabajador, querido. Acompaño el dolor de su familia y seres queridos», escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter, pasadas las 22 horas.

A través de la misma red social informó la decisión de decretar el duelo: «Hemos decretado el duelo nacional por 48 horas a partir de mañana (por el lunes) para honrar al diputado nacional». La muerte del presidente de la UCR de La Rioja se produjo en el Hospital Ramos Mejía, donde había arribado el pasado jueves por la mañana luego de sufrir los disparos en la zona abdominal.
Por el ataque a balazos también había muerto su amigo Marcelo Yadón, que lo acompañaba en la caminata matinal en la Plaza del Congreso. De acuerdo al último parte médico, difundido el pasado sábado, el legislador estaba «inestable» y en «estado crítico» debido a que una «falla multiorgánica» que afectaba al corazón, pulmones y riñones.

Por el hecho se encuentran detenidos Juan Jesús «Gitano» Fernández; Juan José «Cebolla» Navarro Cadiz; Rafael de la Santísima Trinidad Cano Carmona; Estefanía Fernández Cano; y Miguel Navarro Fernández.
Además, se confirmó que la pistola calibre .40 secuestrada durante un allanamiento realizado en el departamento porteño de Navarro Cadiz es la que se utilizó en el ataque.

Un auto y una camioneta, chocaron de manera frontal a la salida de un puente distribuidor sobre Ruta Nacional 12. Como consecuencia del impresionante accidente, una persona resultó herida y fue trasladada hacia el hospital de Gualeguaychú.
Un Chevrolet Corsa y una camioneta Toyota, chocaron esta tarde a la salida de un puente distribuidor sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 160, indicaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas que intervinieron rápidamente en el siniestro vial, que ocurrió minutos antes de las 16.

El impacto entre ambos vehículos fue frontal y se presume que uno de los rodados circulaba sobre la mano contraria.
La camioneta Toyota RAV4, era conducida por un ciudadano de 35 años, de nacionalidad china e identificado como Lin Pingfeng; mientras que el Chevrolet era comandado por un hombre de apellido Leiva.

Como consecuencia del impresionante accidente, el conductor del Corsa resultó herido y fue trasladado hacia el hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú.

Los adolescentes volvían de una fiesta y caminaban a la vera de la ruta 38. La víctima fatal, de 16 años, fue arrastrada casi cien metros en el capot.
Abrumado por la escena, un automovilista se suicidó luego de atropellar en la madrugada del sábado a cuatro jóvenes que caminaban a la vera de una ruta en Río Seco (Tucumán), uno de los cuales murió en el acto.

Según el portal Tucumán Despierta, el trágico episodio se registró cerca de las 6 de la mañana en la ruta 38, a pocos metros del acceso al pueblo, donde el conductor tomó repentinamente la banquina e impactó contra los adolescentes, que -según testigos- volvían a sus casas tras participar de una fiesta en la zona.
A toda velocidad, el auto VW Surán conducido por Enrique Mentz (40 años) sorprendió a los jóvenes Gonzalo Saracho (16 años), Lourdes María Roldán (17), Sofía Tamara Herrera (16) y Elín Artaza (20). Saracho, incluso, fue arrastrado en el capot casi 100 metros y falleció en el momento. En tanto, los otros tres sufrieron heridas de diversa índole.

Cuando llegó la Policía al lugar, Mentz se encontraba sin vida producto de un disparo en la cabeza. Tal vez abrumado por la situación, el conductor decidió utilizar su propia arma para quitarse la vida.

Ahora los investigadores analizan los motivos del accidente y, entre las hipótesis, no descartan que el hombre se hubiera quedado dormido mientras conducía o incluso que estuviera borracho o drogado, lo cual se determinará en las pericias.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción II del Centro Judicial de Monteros.

El siniestro vial sucedió en calle Divisoria y Ruta 270, en el límite con 25 de Mayo. Personal de la Comisaría 9 intervino en el lugar.

Un tren de carga arrolló a un colectivo que trasladaba a trabajadores rurales. El siniestro ocurrió cerca de las 7, en calle Divisoria y Ruta 270, en el límite de Caucete con 25 de Mayo.
Los priomeros datos, el tren, que circulaba con vagones con ripio, se dirigía de Norte a Sur. En tanto el colectivo, en el que viajaban 20 personas, lo hacía de oeste a este.

Según los primeros datos, el tren, que circulaba con vagones con ripio, se dirigía de Norte a Sur. En tanto el colectivo, en el que viajaban 20 personas, lo hacía de oeste a este.
Al parecer el tren sólo alcanzó a golpear la parte delantera del micro, resultando herido el chofer de la movilidad.

Gendarmería realiza un operativo en el Sindicato de Camioneros por la causa Bebote Alvarez que habría informado de amenazas por parte de los dirigentes gremiales.

El juzgado de Garantías de Lomas de Zamora ordenó allanar la sede de Camioneros en Constitución en el marco de la causa por presuntos vínculos del barra de Independiente Pablo Bebote Álvarez con Pablo y Hugo Moyano, líderes del sindicato.
La Gendarmería desplegó un fuerte operativo en las inmediaciones del gremio ante la posibilidad de que exista algún tipo de resistencia de parte de los sindicalistas. Los referentes de Camioneros Hugo y Pablo Moyano se hicieron presentes en la puerta del edificio junto a varios afiliados.

Se hizo saber que el arrepentido Alvarez, habría informado de amenazas y extorsiones que sufrieron empresas por parte de los Moyano.

Ambas funcionaban en el departamento mendocino de San Martín desde hace 70 años. Los directivos de la compañía ofrecieron a los trabajadores indemnizaciones o trasladarse a Villa Mercedes, San Luis.

Después de 70 años, los directivos de la compañía, del grupo Arcor, anunciaron este sábado el cierre de la planta que La Campagnola tendía en Mendoza. Paralelamente, bajó sus persianas la distribuidora de esos productos, ubicada sobre la ruta 7, y también perteneciente a la compañía alimenticia.

La empresa dará a elegir a los 125 empleados de ambas fábricas si toman el 100% de las indemnizaciones o si desean continuar en la compañía que se trasladen a la planta que funciona en Villa Mercedes, San Luis, a 300 kilómetros de donde residen.

La histórica compañía había comenzado a funcionar en San Martín en 1950 en la planta de la manzana de la calle Arjonilla y luego abrió otra sobre la ruta 7. Argumentaron que los últimos tres años dejaron muy malos balances.

El intendente de San Martín, Jorge Giménez, afirmó al Diario Uno que la culpable del cierre “es la política de Cambiemos. Ya le ha pasado a muchos comercios chicos y ahora le llega a estas empresas. Que se hagan cargo los que manejan la política económica y que den respuesta todos los candidatos que andaban dando vuelas en San Martín hasta la semana pasada, a ver si se les ocurre algo”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Alimentación, Antonio Moyano, contó que “hace un par de años ya se habían perdido varios puestos de trabajo en esa compañía. Habíamos denunciado ante el gobierno provincial y ante la Subsecretaría de Trabajo lo que estaban padeciendo los trabajadores”.

Empresa de origen italiano llegó a la Argentina en 1912, fundada por Silvio y Luis Benvenuto. En un principio comercializaban productos que importaban, los productos se comercializaban con la figura de una campesina (campagnola en italiano). En 1933 decidieron afincarse en la Argentina, transformando la firma en una empresa industrial y comercial.
COMUNICADO DE ARCOR

“Como es de público conocimiento, la industria frutihortícola no está atravesando un buen momento desde hace varios años, producto de los altos costos, el incremento de las importaciones y la caída generalizada de consumo. En este contexto, La Campagnola ha tenido que redefinir las operaciones del negocio a nivel industrial, a fin de mantenerlo operativo.

Esto ha implicado en los últimos años, la incorporación de nuevas líneas en algunas de sus plantas y el traslado de equipos entre diversas plantas de la empresa, siempre con el objetivo de recomponer la competitividad y contribuir con la sustentabilidad del negocio.

En el caso puntual de la base productiva de San Martín, Provincia de Mendoza, el reordenamiento industrial mencionado implicará la mudanza de su capacidad productiva con el consecuente traslado de sus operaciones al complejo industrial ubicado en Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

Frente a este escenario, la compañía ha decidido ofrecer diversas alternativas a los actuales colaboradores de la base San Martín, entre las que se encuentra el traslado a otras plantas del grupo. Por otra parte, también se darán opciones de continuidad a los productores locales proveedores de materia prima”.

El Gobierno y las empresas afinan la letra del acuerdo para fijar los valores de una canasta de productos esenciales. El ministro Dante Sica adelantó que ampliarán la oferta que falta en las góndolas. El precio rondaría los 35 pesos.
El presidente Mauricio Macri anunciará este miércoles el acuerdo de precios para dejar fijos por seis meses los valores de una canasta de 50 productos «esenciales». La canasta contará con alimentos básicos, como la leche, la harina y los fideos. Las empresas y el Gobierno trabajaban por estas horas en la letra chica del acuerdo y el precio inicial (y permanente) de los bienes. La leche, el alimento básico que más escasea en las góndolas de los Precios Cuidados por estos días, tendría un aumento de precio del orden del 30 por ciento.

Según aclararon fuentes oficiales, la vigencia de la canasta de productos esenciales (serán 12 ítems de alimento y limpieza) será inmediata. Se tratará de una nueva variante del programa Precios Cuidados, que debe renovarse en 20 días. Pero su vigencia correrá en paralelo y hasta podría tener un nombre particular.

Las empresas del sector privado estimaban un aumento promedio del 5 por ciento en los precios iniciales de los productos, en comparación con los actuales. Como varios de ellos forman parte de Precios Cuidados, mantienen valores inferiores al promedio de cada categoría. En enero, última renovación del programa, se delineó una suba promedio del 4,42% para los 560 productos.

El ministro de Producción, Dante Sica, adelantó este lunes en conferencia de prensa que habrá una mayor oferta de leche, el producto que escasea en las góndolas desde hace semanas. «Estamos consiguiendo otras marcas, que a partir de esta semana van a empezar a complementar para tener esa oferta disponible en Precios Cuidados», dijo el funcionario luego de la reunión de Gabinete. «Estamos buscando otras marcas que terminen de completar la oferta», insistió.
Según adelantaron el sachet de precio «congelado» costaría entre 34 y 36 pesos. Implicaría un aumento del 33% desde el valor actual del envase de Armonía, que rige desde enero. Así y todo, costaría casi 10 pesos menos que el sachet de primera marca, que se consigue a un precio de entre 42 y 45 pesos en los supermercados.

El envase UAT, indicaron fuentes oficiales, tendría un precio similar al de un sachet de primera marca (es decir, entre $40 y $45). Según el portal Precios Claros, el envase de cartón de leche cuesta entre $43 y $56 en la Ciudad de Buenos Aires, según la marca.
«La idea es no bastardear los productos de las empresas, que no vendan a pérdida, aunque sea por debajo del promedio», dijo Sica.

Acerca del programa Precios Cuidados Sica afirmó que el gobierno anterior «lo usó como una herramienta antiinflacionaria» y ahora se lo ve «como una guía y un complemento».

El ministro negó que hubiera habido subas de precios extraordinarias en estos días, como antesala al acuerdo de precios que anunciará Macri. «No se está observando que haya un proceso de remarcación tipo colchón, sino que es la tendencia propia que venía siguiendo el sector de alimentos en los últimos meses», indicó.

El anuncio del nuevo acuerdo de precios -la palabra «congelamiento» repele en los despachos oficiales- será un día después de que el Indec difunda la inflación de marzo. Macri anticipó que será un registro «pico», que superaría el 4 por ciento que estimaron las consultoras privadas.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne este viernes para analizar los números de la economía argentina y aprobar un nuevo desembolso de 10.870 millones de dólares que llegarían en los próximos días al Tesoro. El board está formado por los directores ejecutivos de los países miembros, aunque pesa más el voto de las economías grandes como Estados Unidos.

Ellos evaluarán el llamado staff report, el informe técnico que redactó el economista italiano Roberto Cardarelli, jefe de la misión que realizó la última visita a nuestro país para revisar la marcha del programa stand by firmado con el organismo.
La reunión será por la mañana y los directores podrán hacer preguntas específicas a los técnicos. Esta sería la tercera vez que se revisan los números y se descuenta que el informe será aprobado sin problemas, lo que daría luz verde al tercer desembolso, originalmente previsto para marzo, de 10.870 millones de dólares.

Con este dinero ya casi se alcanza la mitad de lo previsto en el acuerdo de 57.600 millones. El FMI otorgaría hasta diciembre, cuando se vence el mandato del presidente Mauricio Macri, 51.200 millones.

Hace ya unos días, Cardarelli emitió un comunicado que dio los primeros indicios de lo que había hallado en febrero en Buenos Aires, donde se reunió con funcionarios de Economía y del Banco Central, pero también con empresarios, sindicalistas y representantes de la oposición como Axel Kicillof, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna.

Cardarelli dijo entonces que “la actividad económica ha sido débil, pero hay buenas perspectivas para una recuperación gradual” y que se necesitaban “más restricciones” en el gasto gubernamental, producto de la débil recaudación impositiva.

Seguramente en el staff report incluiría que a partir de abril el Tesoro venderá 9.600 millones de dólares hasta fin de año, en licitaciones diarias de 60 millones, una medida que conversó el ministro Nicolás Dujovne cuando se reunió con Christine Lagarde en Washington hace un par de semanas. Esta medida servirá al gobierno para frenar las tensiones del dólar en un año electoral.

Lejos de las pretensiones de los productores de Misiones que solicitaban $13,50 por kilo de hoja verde, la Nación estableció un valor de $11,55 y $43,89, para la hoja verde y canchada respectivamente, puestas en secadero.

 

El dirigente y productor yerbatero de la zona de Andresito, Julio Peterson, se mostró disconforme con el laudo de precios conocido hoy. La Nación estableció en $11,55 y $43,89 los precios por kilo de hoja verde y canchada respectivamente. Los productores pedían dos pesos más. El yerbatero apuntó sus críticas contra los legisladores nacionales Luis Pastori y Humberto Schiavoni, a quienes acusó de no haber hecho mucho para defender a la producción misionera. Representantes del sector primario se reunirán mañana en San Pedro para definir si adoptan alguna medida de fuerza.

El laudo de los precios de la materia prima para elaborar yerba mate difundido hoy por el Gobierno nacional dejó disconformes a muchos productores misioneros. En la mesa de concertación el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) los representantes del sector primario exigieron que el precio mínimo oficial de la hoja verde fuera establecido en $13,50 por kilo y la industria ofreció $10,10. Tras un nuevo fracaso en la instancia de definición de precios del INYM, el Ejecutivo nacional terminó laudando $11,55, $1,45 más de lo que ofrecieron los industriales, pero $1,95 menos de lo que pretendían los productores.

“Para el sector productivo no es un buen día. Tenemos un Gobierno nacional que decidió apostar a las nueve industrias y al sinvergüensismo de las tasas de interés y no por las 45 mil familias de productores que dependemos de esta actividad y necesitábamos como mínimo $13,50 para seguir subsistiendo. Este laudo que está dos pesos debajo de esa cifra nos genera un gran dolor, mucha furia. Mandamos nuestra grilla de costos, sin los últimos dos aumentos de combustibles, sin las últimas corridas cambiarias, sin la última inflación, pero nos hicieron caso. Estábamos esperanzados de que en este panorama político, al menos una vez en estos últimos cuatro años este Gobierno nacional se acordara los productores, pero no fue así”, señaló Julio Peterson en diálogo con Radio Libertad.

El dirigente cuestionó particularmente a los legisladores nacionales misioneros de Cambiemos, Luis Pastori y Humberto Schiavoni. “Teníamos la esperanza que los señores Pastori y Schiavoni se iban a poner los pantalones e iban a pelear a favor de Misiones y no salir a favor de las industrias que están el 80% y capaz el 90% en la zona de Corrientes, creo que estas dos personas tendrían que cambiar su domicilio para Corrientes porque como representantes misioneros a nivel nacional son una vergüenza total, una falta de respeto. A ellos dos los hacemos responsable por la falta de comida que va a haber en las mesas de los trabajadores. Ellos son del mismo color político del gobierno nacional, tendrían que haber peleado por nosotros. Demostraron una vez más que necesitan la plata de la industria para hacer sus campañas”, dijo el productor de la zona de Andresito.

Afirmó que ningún funcionario de Agricultura de la Nación atendió a los yerbateros. “No nos recibieron en Buenos Aires, no nos atendieron el teléfono, no nos respondieron las notas que envíamos, ni siquiera nos preguntaron cómo estamos viviendo, esto demuestra que al Gobierno nacional no le interesa la actividad yerbatera y no le importa Misiones, sólo le interesa la timba financiera”, dijo.

Indicó que mañana a las 15 horas habrá una reunión en San Pedro para definir los pasos a seguir. “Entre otras cosas vamos a definir si arrancamos la cosecha o salimos a parar la cosecha para mandar el precio para arriba por falta de oferta. A los productores les decimos: “No seamos cómplices del Estado nacional en aceptar esta miseria’”, arengó.

Luis Escobedo, ex jugador de Vélez y Colón entre otros equipos, y ex combatiente en la guerra de Malvinas, había viajado a las Islas junto a otros siete ex compañeros. Fue arrestado en las islas por mostrar en el cementerio de Darwin una bandera con la imagen del archipiélago y la leyenda “Territorio Argentino”. “Nos trataron como si fuéramos delincuentes y lo único que hicimos fue honrar a los nuestros”, aseguró.

Al otro de homenajear a sus compañeros, mientras dormían, la policía llegó al hotel donde se alojaban y requisó las habitaciones: les sacó pasaportes, teléfonos celulares, cámaras de fotos y objetos personales y se los llevó detenidos. Sucedió que mientras habían rendido honores a sus compañeros en el cementerio estaban un periodista austríaco y un kelper, que los miraban atentamente. Este finalmente denunció a Escobedo y a sus camaradas por “ofensas e insultos”. Luis Alberto Escobedo es también futbolista, con pasado en Vélez, Belgrano y Colón y en clubes del ascenso, como Los Andes, Temperley y Dock Sud, además de uno en Chile.

En la actualidad juega en el equipo senior de Temperley y en el seleccionado argentino de mayores de 50 años. Además de ser parte de la historia de la guerra como soldado, la semana pasada pasó por una situación conflictiva que en las islas.

Escobedo viajó a Malvinas con otros ex combatientes para rendir homenaje a sus compañeros fallecidos allí. Se dirigieron al cementerio de Darwin, ubicado a 77 kilómetros de Puerto Argentino, y realizaron un minuto de silencio, cantaron el himno y exhibieron una bandera que el ex futbolista siempre lleva consigo y que posee una imagen de las islas con la frase “Territorio argentino”.

Al día siguiente, mientras dormían, la policía llegó al hotel donde se alojaban y requisó las habitaciones: les sacó pasaportes, teléfonos celulares, cámaras de fotos y objetos personales y se los llevó detenidos. Sucedió que mientras habían rendido honores a sus compañeros en el cementerio estaban un periodista austríaco y un kelper, que los miraban atentamente. Este finalmente denunció a Escobedo y a sus camaradas por “ofensas e insultos”.

Al cabo de dos días de detención y luego de algunas declaraciones, todos fueron liberados. Pero Malvinas había dejado otra marca imborrable en sus vidas.

“Nos trataron como si fuéramos delincuentes y lo único que hicimos fue honrar a los nuestros”, aseguró Escobedo a Pagina/12. “En el 82 fui prisionero de los británicos después de la rendición y ahora terminé igual por la denuncia de un isleño”, aseguró Escobedo, sin dejar de poner distancia entre ambos casos. A diferencia de sus compañeros, el ex soldado ya había viajado a las islas en el 2012, en 2016 y este año quería darle un cierre a su historia personal. “Esto queremos denunciarlo porque no queremos que le pase a nadie más. Nosotros nos expresamos en el cementerio donde están nuestros compañeros y los homenajeamos a ellos y a los que quedamos vivos. No molestamos a nadie y solo lo hacemos allí”, explicó con enojo.

Apenas había finalizado el servicio militar obligatorio hacía un mes. Solo pensaba en volver a calzarse la camiseta y los botines para poner a rodar la pelota. Al mes de descansar y a punto de volver a los entrenamientos, vio en el diario un anuncio con el llamado a los colimbas de su brigada que figuraban como reservistas en el que los convocaban nuevamente, aunque esa vez era para defender la soberanía frente a los ingleses en Malvinas. En aquella guerra, los jerarcas militares argentinos, que todavía mantenían centros clandestinos de detención en el continente, mandaban jóvenes de entre 18 y 20 años que apenas tenían instrucción militar a enfrentar a los militares profesionales británicos.

“Viajamos el lunes. El martes fuimos al cementerio de Darwin donde desplegamos nuestras banderas y cantamos el himno. Después hicimos un minuto de silencio y gritamos bien fuerte ¡Viva la patria!. No hubo más que eso”, recordó Escobedo sobre lo que hicieron y que fue mal visto por los kelpers.

“Había un periodista austríaco al que había llevado un chofer local. Fue el chofer quien nos denunció diciendo que gritamos agresiones y que se había sentido agraviado”, agregó el también ex futbolista. El día siguiente fue normal, en el que se encontraron con militares británicos con los que intercambiaron experiencias y al día siguiente, el jueves a primera hora de la mañana, los despertó la policía. “Nos sacaron los pasaportes y estuvimos dos días bajo arresto en el hotel, porque la comisaría no tiene cárcel”, afirmó Escobedo.

“Aparentemente lo que le molesto al kelper fue mi bandera que tenía una imagen de las Malvinas y decía territorio argentino”, explicó el ex combatiente pero agregó que “de ninguna manera esas banderas, porque no era la única, se mostraron fuera del cementerio. A nuestros compañeros, que ahora tienen nombre y apellido, tenemos que poder honrarlos como nos parece. No faltamos el respeto ni ofendimos a nadie. Las autoridades británicas nos entendieron y nos dijeron que iban a hablar con los kelpers para que cambien su actitud con nosotros”.

La presidenta de la fundación Marita Verón, Susana Trimarco, se presentó en los Tribunales Federales de Tucumán citada para explicar sobre el destino de fondos que recibió durante el gobierno kirchnerista, pero se abstuvo de declarar. La mujer fue reconocida mundialmente por la incesante búsqueda de su hija María de los Ángeles «Marita» Verón, una joven que desapareció tras ser secuestrada en 2002.

La mujer se presentó alrededor de las 12 ante el juez federal Daniel Bejas para prestar declaración indagatoria como imputada por supuesta defraudación al Estado nacional, e ingresó por el estacionamiento del edificio de tribunales para evitar el contacto con la prensa.

En tanto, uno de sus abogados, Carlos Garmendía, dijo a la prensa que «Susana se abstuvo a declarar», y que «se volverá (a presentar ante la justicia) luego de estudiar el expediente para poder dar las explicaciones pertinentes».

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el juez federal Daniel Bejas ordenó a la fuerzas federales buscar a Trimarco para que se presente a prestar declaración indagatoria como imputada, y explique qué sucedió con el anticipo de 5,6 millones de pesos, (U$S 418.000 en aquel momento), que recibió del Ministerio Planificación Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner, para ejecutar obras en la Fundación María de los Ángeles Verón, que ella preside.

Según el fiscal que investigó la causa en un primer momento, Carlos Brito, la madre de Marita Verón «no cumplió su parte del acuerdo con el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, ni reintegró los fondos». En este sentido, Garmendía, sostuvo que «fue Susana quien se comunicó con Gendarmeria para anunciar su paradero» y que «no era necesario ordenar la que la busque la policía», al tiempo que aseguró que Susana Trimarco «no cometió ningún delito».

Ayer prestó declaración Gastón Robles, secretario de la Fundación, y -según informaron fuentes judiciales- se desvinculó del manejo de fondos. También deberá rendir cuentas ante la Justicia la tesorera y prima de la acusada, Alicia Trimarco.

Susana Trimarco fue reconocida mundialmente por la incesante búsqueda de su hija María de los Ángeles «Marita» Verón, una joven que desapareció tras ser secuestrada en 2002 y, según varios testigos, fue obligada a prostituirse. La fundación que lleva el nombre de su hija fue creada por Trimarco para ayudar a víctimas de la trata de personas y violencia de género, situación que conoció mientras realizaba sus propias investigaciones en Tucumán y otras provincias del NOA para buscar a Marita Verón.

A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex  alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su «broma».

 

Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.

 

En su resolución, el juez habló de los «tiempos socioeconómicos que corren» y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, «donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad­ a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original».

 

El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros

 

A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex  alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su «broma».

 

Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.

 

En su resolución, el juez habló de los «tiempos socioeconómicos que corren» y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, «donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad­ a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original».

 

El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros funcionarios. Además, van hijos de conocidos músicos y actores.

 

El llamado alertó sobre una bomba en los casilleros. Personal de seguridad del establecimiento reportó lo sucedido al 911 y de inmediato hubo un despliegue del personal de la comisaría 51 junto a la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. Desalojaron el colegio y después de revisar el lugar, se confirmó que la situación estaba fuera de peligro y no había ninguna bomba.

 

Con el análisis de los informes de las compañías telefónicas y las tareas de investigación, se determinó que el llamado había surgido del celular que usaba José Matías Detang, un ex alumno del liceo. El joven, hoy de 19 años, fue procesado por intimidación pública y pidió que se le concediera la suspensión del juicio a prueba (probation).

 

Es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas si el delito en cuestión no excede los tres años de cárcel. A cambio, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente y la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida.

 

Puntualmente, la defensa propuso participar de «jornadas educativas en el Liceo Francés «Jean Mermoz» ­-el mismo al que amenazó-, y hacerse cargo de una reparación patrimonial de 7.823 pesos por los gastos del procedimiento. Fue el Ministerio de Seguridad el que fijó el costo del operativo.

Luego de 17 años, la carne vacuna argentina volvió al mercado de Estados Unidos, más precisamente el pasado viernes arribó a la ciudad de Filadelfia el primer embarque nacional enviado por el frigorífico Swift, fueron en total 12,5 toneladas de cortes de primera calidad. De esta manera esa empresa se convirtió en la primera empresa en exportar directo a este destino luego de la formal reapertura del mercado en diciembre pasado cuando se realizó un envío simbólico.En esta oportunidad, Estados Unidos recibió cortes magros que atravesaron los estrictos controles necesarios para exportar. Fue elaborado en la planta de Swift, establecimiento SENASA 13, que cuenta con la habilitación para enviar a este destino.

Swift Argentina S.A., del grupo Minerva Foods, fue fundada en 1907 y elabora cortes de carne envasada al vacío, hamburguesas, salchichas y otros productos de valor agregado. Exporta sus productos a Holanda, Alemania, Chile, China, Rusia, entre otros.

Este envío es clave para el futuro del sector frigorífico argentino que justamente hoy apunta a crecer en envío de cortes de calidad y a mejores precios.

El Embajador argentino, Fernando Oris de Roa, participó del arribo de la embarcación y de esta forma formalizó la reapertura de un mercado que se mantuvo cerrado por 17 años.

Será un nuevo requisito para quienes quieran radicarse en la Argentina; el anuncio se hará hoy en la Casa Rosada y estará a cargo de Frigerio.

Con el objetivo de impedir el ingreso de delincuentes a la Argentina, el Gobierno anunciará hoy que, a partir de ahora, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de carencia de antecedentes en los últimos 10 años. Así, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre los inmigrantes.

Se trata de una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y un paso más en el plan que puso en marcha la Casa Rosada para ordenar lo que considera un «descontrol migratorio».

Sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio.

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana. Es por eso que para establecer un mayor control migratorio el gobierno nacional decidió avanzar con el nuevo requisito para las futuras solicitudes.

Hasta ahora, aquellos que iniciaban el trámite para solicitar la residencia permanente debían presentar un certificado que acreditara que no registraba condenas anteriores ni procesos penales «emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años».

«El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad», dijo García en diálogo con La Nación.

El encargado de la presentación que se realizará esta tarde en la Casa Rosada será el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Toto García. El Gobierno busca con esta resolución impedir el ingreso de personas involucradas en delitos y al mismo tiempo optimizar los controles migratorios en los pasos internacionales. La norma está regulada bajo los criterios de la ley de migraciones que se sancionó en 2003.

La ley establece el principio de reciprocidad entre los Estados de acuerdo con los criterios del derecho internacional, pero hasta el momento no se aplicaba. Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período.

Según fuentes oficiales, de haberse conocido determinado antecedente o condena o requerimiento judicial o de fuerzas de seguridad, posiblemente a muchos delincuentes se les habría impedido el ingreso a la Argentina y nunca hubieran podido cometer delitos en nuestro territorio.

El Gobierno aprovecha la instalación de la agenda de seguridad para insistir en la aplicación de un programa más extenso. Ahí incluye la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos. Además, se está trabajando en la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada que se encargue de la búsqueda de los inmigrantes. Con la campaña electoral en marcha y ante una economía deprimida, el Gobierno buscará mostrar resultados positivos en otras áreas, en especial en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el control de la calle.

Según datos oficiales, el 83 por ciento de los 660.000 extranjeros que se radicaron en la Argentina en los últimos tres años lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, publicó La Nación.

Cuando faltan ocho días para el inicio del ciclo lectivo en todo el país, surge un escenario dispar entre las provincias que cerraron acuerdos con los docentes, las que mantienen negociaciones y aquellas en que, hasta el momento, las partes no se sentaron ni siquiera a discutir la pauta salarial de 2019.

En solo cinco de los 24 distritos ya se pactó un acuerdo. Existen condimentos que distancian a los gremios de las administraciones provinciales en pos de concretar un acuerdo. La pérdida salarial en 2018 es uno de ellos. En muchos distritos no hay una mirada conjunta sobre de cuánto fue esta pérdida. Estiman que fue de entre un 15 y un 20 por ciento. Por esto, en Santa Fe, Corrientes, Córdoba, La Rioja los gobiernos aún no adelantaron un porcentaje de aumento.

Según un informe publicado este martes por LA Nación, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Tierra del Fuego ya hubo ofrecimientos. La pieza asegura que los sindicatos “dilataron su respuesta”. En el caso de Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó inmediatamente la propuesta por “insuficiente” aunque recién este lunes se conoció la convocatoria a congreso que se hará el 1 de marzo, en Concordia. En tanto, este martes a las 18 continuará la negociación con las autoridades del gobierno.

En Río Negro, Jujuy, Catamarca, Salta y Tucumán los gremios analizan las propuestas salariales,

Ante la incertidumbre inflacionaria que imposibilita anclar una propuesta salarial para este año, una de las llaves para lograr un acuerdo es la cláusula gatillo, que habilita una actualización automática en línea con la inflación.

Desde los sindicatos docentes reconocen que la actualización por inflación es la mejor herramienta para limitar la conflictividad. “La posibilidad de acuerdo pasa por la incorporación de la cláusula gatillo y del 23 por ciento de aumento”, explicó Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). En la misma sintonía, Sonia Alesso, líder de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), sugirió que las negociaciones deben ser sobre la base de “paritarias libres y sin techo” y tener el norte de «recuperar el poder adquisitivo del salario», para lo cual «la cláusula gatillo es bien recibida».

En las provincias de Chubut, Mendoza y Neuquén se incorporó esta herramienta y permitió llegar a un acuerdo. En la provincia de Buenos Aires, la propuesta de la gestión de María Eugenia Vidal, aunque fue rechazada, también incorporó este punto.

Las otras provincias que alcanzaron un trato son: Santiago del Estero, donde el gobernador decretó un aumento del 40 por ciento en el básico docente, y Misiones, que acordó el 23 por ciento de alza con uno de los cuatro gremios provinciales.

Son seis las provincias donde aún no hubo negociación: Chaco, San Juan, San Luis, Formosa, La Pampa y Santa Cruz.

Negociación nacional

Los gremios reclaman una serie de medidas cuya resolución depende del gobierno nacional. La principal, que encabeza la Ctera, es la convocatoria a la paritaria nacional docente. Sin embargo, Finocchiaro descartó de plano este pedido.

El gremio, que es el mayoritario entre los maestros, tiene convocado su congreso para pasado mañana y podrían definir un paro de actividades. Otro reclamo que enfrenta el Gobierno es el de adelantar a marzo el aumento del salario inicial -previsto para junio-, lo que llevaría el sueldo que perciben aproximadamente 250.000 maestros de 12.500 pesos a 15.000 pesos.

En la reunión del jueves pasado, entre el Gobierno y los sindicatos docentes nacionales, de la que no participó la Ctera, el ministro de Producción, Dante Sica, se comprometió a analizar el pedido.

Además, los dirigentes de UDA, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que no descartaron la convocatoria a un cese de actividades, reclamaron el aumento de una serie de asignaciones que cobran los maestros. También, que el Gobierno aumente las partidas del Fondo Compensador. De estos puntos, el ministro descartó ceder ante los reclamos.