La ANAC emitió un comunicado para las líneas aéreas en el que confirmó una nueva postergación para la reanudación de los vuelos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó a través de un comunicado enviado a las aerolíneas una nueva postergación para la reanudación de los vuelos de cabotaje que, en un principio, estaba previsto para el 1 de octubre. La nueva fecha de reinicio se dispuso para el 12 del mismo mes, día que coincide con la culminación de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde marzo y cuya extensión se anunció el pasado viernes.

 

«Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general», informó el Notam (Notice to Airman), un comunicado emitido por la ANAC el 20 de septiembre con finalización el 12 de octubre a las 3 am.

Desde el sitio web de Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya se muestran como no disponibles los pasajes para los días previos al 12, mientras que para los posteriores a esa fecha sí figuran las tarifas.

Hace poco menos de un mes, el ministro de Transporte, Mario Meoni, había informado la intención por parte del Gobierno para que el 1 de octubre se reanudaran los vuelos de cabotaje, así como también los micros de larga distancia.

«La decisión final la vamos a tomar en consonancia con el Ministerio de Salud y siguiendo los lineamientos que desde el principio ha establecido el presidente Alberto Fernández, en cuanto a que la prioridad es la seguridad y la salud de la gente», había expresado el ministro de Transporte respecto a la vuelta de los vuelos en medio de los cuidados por el coronavirus.

«Por eso es que, si bien estamos trabajando con el objetivo de esa fecha (por el 1 de octubre), todo va a depender de la evolución de la pandemia en los próximos días», había agregado Mario Meoni y detallado: «En lo que hace a los vuelos internacionales, vamos a analizar hacia qué destinos vamos a volar y desde cuáles destinos se va a permitir el ingreso al país».

Al respecto había pronosticado que probablemente abran «en primera instancia» vuelos «con Uruguay y Paraguay y posteriormente con Chile y Brasil, también dependiendo de la decisión que tomen los otros países».

 

La plantación estaba oculta tras un cerco de tacuaras y los propietarios de la finca argumentaron que “desconocían” que se trataba de esa especie. Producto del deshoje surgió el peso de 900 gramos de la sustancia, con un avalúo aproximado de 95 mil pesos.
Una pequeña plantación de marihuana fue descubierta en la zona rural de Garaví por personal del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de Gendarmería. Los dueños de la finca dijeron desconocer que se trataba de esa especie y que creían que era una especia de mandioca silvestre. Tras el deshoje de las plantas, surgió un peso de 900 gramos de la sustancia, cuyo valor de venta en el mercado sería de unos 95 mil pesos aproximadamente.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la citada fuerza realizaban patrullaje preventivos por caminos rurales de Garaví, para prevenir justamente el tráfico de estupefacientes. Al pasar por una de las fincas, divisaron una pequeña plantación que estaba rodeada por un cerco construido con tacuaras cuyas medidas eran aproximadamente de tres metros por tres metros y de un metro y medio de altura.

Tras sospechar que podría tratarse de la mencionada planta, la patrulla regresó al lugar luego de obtener una orden de allanamiento y luego de requisar el lugar hallaron un total de 12 plantines. Lo curioso del caso reside en que la pareja propietaria dijo desconocer que se trataba de marihuana y argumentaron que pensaban que era algún tipo de “mandioca silvestre” por lo que manifestaron su intención de que sean entregadas a la fuerza inmediatamente.

Según indicaron, luego del deshoje surgió el peso de 900 gramos de la sustancia, con un avalúo aproximado de 95 mil pesos.

Fuente: El Litoral

La creación del fondo fue anunciada ayer por el Presidente, en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales.
El Gobierno nacional oficializó hoy la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que tendrá como objetivo «contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas» de la provincia de Buenos Aires.

Así lo dispuso por medio del decreto 735/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«El fondo que se crea se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1º del presente», dice el artículo 4 del decreto.

La creación del fondo fue anunciada ayer por el Presidente desde la residencia de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes oficialistas y de la oposición de distintos municipios, en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales.

El artículo 1 del decreto establece que «a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde» a esa jurisdicción por coparticipación «se fija en un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total recaudado».

El artículo 2 precisa que, «a partir de la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad», la participación que le corresponde a la Ciudad se «fijará en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado».

Las transferencias serán realizadas a través del Banco Nación en forma diaria y automática, indica el artículo 3 de la norma.

En los considerandos, se indica que la medida cumple con «la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones».

Ayer, el Poder Ejecutivo explicó que la medida buscará «reponer un equilibrio» que la Provincia de Buenos Aires «perdió a mediados de los ’80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal».

El fondo se financiará con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal, dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Lanzó una bomba tipo molotov casera contra una de las paredes de la Quinta Presidencial de Olivos. Ocurrió esta madrugada. El propio personal de la Policía Federal Argentina que custodia el lugar detuvo al sospechoso.
Un hombre de 48 años fue detenido hoy tras arrojar una bomba molotov contra la Quinta de Olivos.

Fuentes policiales precisaron a NA que el artefacto incendiario fue lanzado a las 6:00 por una persona identificada como José María Álvarez, que se encuentra registrado ante AFIP como chofer de taxis y remises.

El incidente se registró a la altura de Malaver 1.350, sobre uno de los paredones laterales de la Residencia Presidencial de Olivos.

El hombre, de 48 años y domiciliado a unas 15 cuadras de la Quinta, fue detenido por efectivos de la Policía Federal, luego de que vecinos realizaran un llamado al sistema de emergencias 911.

Después de ser reducido, los uniformados descubrieron que Álvarez tenía en su mochila otras tres bombas molotov preparadas.

La investigación del hecho quedó en manos del Juzgado Federal número 2 de San Isidro, que conduce Sandra Arroyo Salgado.

Tras conocerse el hecho ocurrido en Malaver y Lisandro de la Torre, fuentes de Casa Rosada minimizaron la situación y señalaron a Noticias Argentinas que «sólo fue una botella contra un paredón», a la vez que destacaron que no hubo heridos ni instalaciones dañadas en la Residencia Presidencial.

Si bien es el primer incidente de este estilo que se registra desde que Alberto Fernández asumió al frente de la Casa Rosada, no es la primera vez que ocurre un incidente en las inmediaciones de la Quinta de Olivos.

En 2017, un hombre de 33 años había sido detenido tras intentar entrar armado a la Residencia Presidencial: había tratado de ingresar afirmando a los guardias que quería ver al entonces presidente, Mauricio Macri, para llevarle «regalos», tras lo cual los custodios lo sometieron a una requisa.

Allí descubrieron que llevaba una escopeta de fabricación casera, popularmente conocida como «tumbera», con al menos cinco cartuchos.

De todos modos, el líder del PRO no se encontraba en la Quinta de Olivos, sino que estaba de vacaciones en Villa La Angostura.

Un paciente de 80 años no pudo ser asistido en una cama de Terapia Intensiva de Cipolletti porque no hay más lugar
El aumento de los casos de coronavirus comenzó a sentirse con fuerza en el interior del país durante las últimas semanas y la situación en algunas ciudades ya se volvió alarmante.
Ayer, un paciente de 80 años con Covid-19 fue derivado al Hospital de Cipolletti, en Río Negro, pero no pudo acceder a una cama de terapia intensiva con respirador porque ya estaban todas ocupadas.
Tal como ocurrió en algunos países europeos, las autoridades hospitalarias empezaron a implementar un protocolo para definir qué pacientes tiene prioridad a la hora de administrar los recursos sanitarios.
Según informó el Diario Río Negro, el pastor Luis Anastassi, oriundo de Fernández Oro, fue derivado ayer tras una agravamiento de su cuadro. Su amigo Fabio Huenchunao reclamó desesperadamente un respirador y aseguró que en el Hospital de Cipolletti le dijeron que “darán prioridad” a otras personas.
Anastassi ahora se encuentra asistido con oxígeno -sin respirador- mientras los médicos buscan una cama en otro centro de salud de la provincia.

La directora del hospital, Claudia Muñoz, confirmó a la prensa local que no hay más camas de terapia intensiva disponibles en el sistema de salud y además reconoció que hay que priorizar. “Yo lo entiendo porque es muy duro, puede ser mi papá pero en Cipolletti hoy no tenemos camas”, dijo.
En ese sentido, señaló que la asignación de respiradores no depende de una decisión personal sino de un protocolo: “Una de las cosas que se ha marcado es la edad. La atención no se le niega a nadie, lo que se está analizando es el tema de ingresar o no a respirador”.
El paciente de 80 años finalmente fue trasladado al Hospital de Allen, una ciudad cercana a Cipolletti donde podrá ser asistido por un respirador.
Fuentes de la intendencia confirmaron a Infobae que no hay más camas disponibles pero señalaron que todavía no se ha tenido que “elegir” a quién darle un respirador.

 

El proyecto que apunta a la ampliación del fuero federal, fue aprobado con 40 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, tras un debate de 10 horas y una votación caótica.

El oficialismo en el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma judicial tras un extenso debate en el que defendió que la iniciativa «fortalecerá» la justicia federal, mientras la oposición lo cuestionó por «inoportuno» e insistió en que persigue «impunidad».

El proyecto impulsado por el Gobierno, que apunta a la ampliación del fuero federal, fue aprobado con 40 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, tras un debate de 10 horas y una votación caótica.

Hubo quejas de la oposición antes y durante la votación por la cantidad de modificaciones al proyecto -con creación de juzgados y cámaras- leídas sobre el final, que según dijeron no habían sido siquiera informadas.

Durante el debate, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a «la necesidad de recuperar la independencia de los jueces», con críticas al proceder del Poder Judicial durante la gestión de Mauricio Macri.

Por su parte, Juntos por el Cambio remarcó que el proyecto apunta a «lograr un sesgo de impunidad» y puso un manto de dudas sobre la creación de nuevos cargos para la justicia federal de las provincias, al acusar al oficialismo de usar eso para «negociar» los votos que le faltan en Diputados.

La oficialista María de los Ángeles Sacnun destacó que se hicieron «modificaciones» al proyecto para «mejorarlo», y acusó a la oposición de «cerrada» por no sugerir «ningún cambio a un proyecto que no estaba cerrado» y rechazó que pretenda «buscar impunidad».

«El artículo 14 establece que ninguna causa va a ser sacada a los jueces naturales, todas seguirán siendo instruidas por los mismos jueces», subrayó la santafesina en este sentido, al tiempo que destacó que la iniciativa tomó cosas del plan «Justicia 2020» de la gestión anterior.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) sostuvo que «no es un cambio para acercar la justicia a la gente en cosas del día a día» sino para modificar «la Justicia Federal Penal que atiende a los poderosos, a los que cometen delitos de corrupción».

«Este proyecto es simplemente un engranaje más en un plan estratégico para lograr un sesgo de impunidad», agregó la cordobesa, al tiempo que sostuvo que «han estado negociando cargos» en la nueva estructura judicial «con algunos de los que se espera que voten a favor en la Cámara de Diputados».

El jefe de la principal bancada opositora, Luis Naidenoff, reforzó: «No es una reforma integral sino una reforma del fuero federal penal. La pregunta es ¿para proteger a quién? ¿Creen que con esta reforma paramos el narco en la Argentina?».

«Que la Cámara de Diputados encuentre ese equilibrio que hoy nos está faltando», agregó.

En tanto, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, subrayó que «antes de que el proyecto llegara al Senado la oposición ya se declaró en contra» y afirmó que la propuesta «asegura la mejora de la justicia federal en todo el país».

Varios senadores del oficialismo, como el pamepano Daniel Lovera y el santafesino Roberto Mirabella, entre otros, destacaron la importancia de la ampliación en la estructura de la justicia federal con asiento en las provincias, que tienen causas sobre temas como narcotráfico y enfrentan problemas operativos.

Entre los opositores, la mayoría remarcó lo «inoportuno» del proyecto impulsado en medio de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y sostuvo que la reforma «no va a servir para modificar la realidad», como opinó el porteño Martín Lousteau.

Su compañero de bloque mendocino Julio Cobos criticó el sistema de subrogancias del proyecto por entender que generará «jueces interinos, sin estabilidad y van a estar más condicionados».

Los siguientes son los puntos salientes del texto aprobado hoy por la Cámara alta:

– Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

– Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

– Los actuales ocho Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA conservarán su numeración (del 1 al 8) y los cuatro Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico con asiento en CABA pasarán a identificarse con la numeración continuada, del nueve al doce.

– Se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

– La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

– Los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad.

– Las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos hasta su conclusión.

– Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

– Se trasladará una secretaría de cada uno de los actuales Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y en lo Penal Económico, denominados en adelante, Juzgados en lo Penal Federal 1 a 23, con sus respectivas dotaciones, a los Juzgados en lo Penal Federal 24 a 46 al momento de su habilitación.

– En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismo de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

– Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

– Con un cambio de último momento, se modificó el artículo sobre las reglas para los jueces que quedó redactado de la siguiente manera. Remarca la obligación de «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse».

– Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.

– El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes dentro del plazo máximo de 30 días de su recepción. Para la elección se deberán ponderar positivamente los antecedentes curriculares que acrediten la especialización en la materia penal federal de los magistrados y las magistradas propuestas. Se deberá respetar la paridad de géneros en la selección, en tanto sea posible.

– El artículo 19 establece que los subrogantes permanecerán en sus cargos hasta tanto asuman sus funciones los magistrados y las magistradas titulares y que en ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año de subrogación desde la fecha de su designación.

– Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

 

El gobernador Raul Jalil firmó un decreto junto a sus ministros de Salud y Seguridad que prohíbe circular entre las 00:30 y las 7 de la mañana, excepto para quienes trabajen en esa franja horaria. La provincia fue la última en registrar casos de coronavirus en Argentina y tiene 65 positivos confirmados y ninguna muerte.

Catamarca fue la última provincia argentina en registrar casos de coronavirus -estuvo 105 días sin contagios– y fue además fue la primera en establecer el uso del barbijo obligatorio para todos los ciudadanos: lo implementó el 27 de marzo. Actualmente, según las últimas cifras oficiales, registra 65 casos positivos (sólo 4 están activos) y ninguna muerte por COVID-19.

Luego de que trascendieran públicamente distintas noticias sobre varias fiestas clandestinas realizadas en distintos puntos de la provincia durante los últimos días, el gobernador de Catamarca, Raul Jalil, anunció una medida severa para ponerle freno a este tipo de actividades: a través del decreto Nº 1481, que lleva las firmas del mandatario provincial y de sus ministros de Seguridad y Salud, Hernán Martel y Claudia Palladino, respectivamente, se estableció una restricción de circulación en todo el territorio, todos los días, entre las 00:30 horas hasta las 07:00 horas, excepto para quienes estén habilitados para trabajar en ese horario y dispongan de un permiso para hacerlo.

“Para tomar esta decisión se han analizado tres variables fundamentales: en primer lugar, la situación epidemiológica regional; segundo, la necesidad de que personas que ejecutan tareas esenciales como transporte de mercadería, fármacos o combustible entren a la provincia; y en tercer lugar, la profusa realización de reuniones sociales con multitudes, especialmente de fiestas con menores”, señalaron las autoridades provinciales a través de un comunicado.

Apelamos a la responsabilidad de los padres para controlar a sus hijas e hijos en una situación realmente alarmante a nivel regional. La pandemia no ha terminado y todavía debemos ceñirnos a todas las medidas de prevención”, agregaron en ese mismo texto.

De acuerdo al decreto, violar esta norma podría significar la acusación de delitos que tienen previstas penas desde 15 días hasta dos años de prisión. En su artículo 2, la disposición indica que “el incumplimiento de la restricción deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205° y 239° del Código Penal de la Nación”. Estos artículos, también mencionados en las últimas extensiones de la cuarentena dispuestas por el presidente Alberto Fernández, contemplan delitos contra la salud y la administración pública.

El artículo 239, en primer lugar, prevé penas de quince días a un año para quien “se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”. El 205, por otra parte, dispone un período de prisión de seis meses a dos años, a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En el decreto, el Gobierno destacó que “se habilitaron paulatinamente la mayoría de las actividades laborales, en atención a la situación epidemiológica que se registra y con el propósito de favorecer la economía local” y aclara que el último DNU del Gobierno Nacional sobre la continuidad del distanciamiento social en Catamarca “faculta a las autoridades provinciales a dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus”.

“Las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas e implican la responsabilidad individual y colectiva para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud”, consideraron desde el Ejecutivo provincial y remarcaron la existencia de “un número importante y creciente de brotes en el país se originó a partir de la trasmisión en eventos sociales, donde las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención”.

Según informó hoy el diario El Ancasti, la policía de Catamarca realizó ya las primeras detenciones en el marco de este decreto. Este martes a la madrugada dos jóvenes de 22 y 25 años fueron arrestados mientras se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública en el barrio Guanchín del departamento Tinogasta y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.

Hasta este martes por la noche, la provincia no registró aún nuevos casos de coronavirus y tiene un 37% de ocupación de camas de terapia intensiva. En los últimos días, la ministra de Salud pidió a la sociedad “un último esfuerzo” frente a la pandemia. “Si observamos las provincias limítrofes, están todas con una multiplicación de casos muy importante, en plena curva de ascenso, y por lo tanto el riesgo de la provincia es mayor en cuanto al ingreso o a la posibilidad de casos de COVID-19 aquí, por más estricto que uno sea en los controles, como lo estamos haciendo”, manifestó Palladino.

 

En el encuentro Cristina Castro, madre del joven desaparecido, el Presidente se comprometió «en la búsqueda de la verdad» en el caso.

El presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos a la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el pasado 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca, y se comprometió «en la búsqueda de la verdad» en el caso.

«El presidente se ha comprometido en la búsqueda de la verdad y ha puesto a disposición las garantías para que la investigación se de con transparencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento del presidente», resaltó Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo.

Durante una conferencia de prensa, Cristina Castro afirmó que el jefe de Estado fue «muy amable» y «muy sincero» con ella durante la reunión que mantuvieron a solas desde las 12:30 en el despacho del Presidente en la Quinta Presidencial.

«Me ha dejado conforme, tranquila. El señor presidente ha sido muy amable conmigo y muy sincero. Hay muchas cosas que no les puedo contar de lo que he hablado con él. Lo he visto a los ojos y ha sido sincero, es todo lo que les puedo contar», resaltó.

En ese marco, advirtió: «Miré al Presidente a la cara y lo he visto sincero, pero eso no quiere decir que yo no vaya a seguir detrás de todo esto y luchando hasta que se sepa la verdad».

Respecto de su relación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la llamó telefónicamente «varias veces», aunque le «gustaría hablar con él personalmente» porque no cree en las personas si no las mira «a la cara».

«Su ministro (de Seguridad, Sergio Berni) está tratando de ensuciarlo a él poniendo cosas en su boca que nunca dijo. Kicillof debería abrir los ojos», manifestó.

La madre de Facundo Astudillo Castro enfatizó: «El señor Berni se ha encarnizado con nosotros. No le tengo miedo, pero en vez de hacer show, debería sentarse 5 minutos y ponerse a trabajar. Así como me ha tratado a mi, el señor Berni ha tratado a cientos de padres de chicos que ingresaron a comisarías».

Al referirse al accionar policial, Cristina Castro apuntó: «La policía de la Provincia de Buenos Aires, a la hora de investigar, ha sido desastrosa».

«Son días difíciles, pero no nos podemos dar el gusto de quebrarnos. Yo sí le voy a hacer frente al señor Berni. Esto no tiene que pasar nunca más, no tendría ni siquiera que haber pasado. No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir para adelante», sentenció.

Por su parte, Peretto afirmó que «hubo una suma de irregularidades en cuanto a lo que la policía dijo que fue, pero no fue así», y aclaró que «no hay ningún elemento para ubicar la hipótesis de que Facundo haya tenido un accidente».

«Hay elementos objetivos como los teléfonos y las contradicciones enormes de los policías para hablar de desaparición forzada», explicó. .

Consultado sobre cuándo estarían los resultados sobre la autopsia al cuerpo hallado en la localidad de Villarino, cercana a Bahía Blanca, respondió: «Mañana se extraerá material genético del cuerpo. El análisis de ADN se realizará en un laboratorio en la ciudad de Córdoba. Recién el 5 de septiembre se tendrían confirmaciones sobre la identidad del cuerpo».

Los restos hallados son un esqueleto con los brazos seccionados que fueron encontrados por pescadores el 15 de agosto en una zona de ría pantanosa y cangrejales.

Al día siguiente, fue hallada una zapatilla que habría pertenecido al muchacho, mientras que en rastrillajes posteriores encontraron otro hueso a varios metros del cuerpo, además de restos de ropa.

La madre del joven y sus abogados sostienen que fue víctima de una «desaparición forzada» y responsabilizan a efectivos de la Policía Bonaerense de haberlo asesinado en el marco de apremios ilegales.

No obstante, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, aseguró que por el momento no encuentra evidencias que sustenten una posible responsabilidad policial.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acusó a los abogados de la familia Astudillo Castro de montar «un gran show» y desestimó la teoría de la «desaparición forzada» del joven.

En declaraciones realizadas este domingo al canal TN, dijo que esa hipótesis es sostenida por la querella «a pesar de que los elementos que tiene la Justicia y los testigos van en sentido contrario».

Berni se pronunció de ese modo diez días después que la Justicia desestimara un pedido de la querella para que sean detenidos varios policías y el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.

 

El presidente anunció que mediante un decreto se declaran «servicios públicos». Las tarifas permanecerán sin cambios hasta el 31 de diciembre

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la noche que se congelarán hasta fin de año las tarifas de telefonía celular, internet y TV paga. «Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas», indicó.

«También hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios», agregó el mandatario nacional.

En esa línea, Fernández destacó: «De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado».

«La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen, concluyó.

 

Alberto Fernández se reunió con Pascal Soriot, el CEO del laboratorio que desarrollará la vacuna contra coronavirus en el país. «Que se produzca sin fines de lucro y en Argentina es el cumplimiento de un sueño», dijo.

El presidente Alberto Fernández se comunicó esta mañana desde la residencia de Olivos mediante videoconferencia con Pascal Soriot, CEO global del laboratorio AstraZeneca, que desarrollará en Argentina el principio activo de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 para América Latina a partir del primer trimestre de 2021.
«Se ha concretado todo: que la vacuna sea una realidad, que no tenga fines de lucro, que se produzca en Argentina, que se haga en conjunto con México y sea una solución para América latina», expresó el mandatario.

Durante la comunicación, el Presidente destacó a AstraZeneca por «haber logrado vincular a todas esas entidades para que esto sea una realidad, no es fácil hacer eso en el mundo en crisis», al tiempo que expresó su gratitud «por haber pensado en Argentina».
El jefe de Estado estuvo acompañado por el director de Acceso y Asuntos Corporativos para Argentina y Uruguay de la empresa, Germán de la Llave.

«Estamos contentos de ser parte de un proyecto de esta naturaleza, el futuro de la sociedad está en el desarrollo de la ciencia y tecnología», aseguró el presidente Fernández y subrayó que «en Argentina tenemos un caudal científico muy importante que no siempre fue tratado bien desde el Estado».
Al respecto, agregó: «Tenemos desarrollos científicos que ayudan y colaboran con ese potencial que Argentina tiene», y subrayó el trabajo de la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD.

Por su parte, el CEO global de AstraZeneca aseguró que «es alentador que Argentina y México se asocien para el beneficio de todos en América latina» ya que «es un ejemplo de fuerte liderazgo. Habiendo trabajado con muchos gobiernos en el mundo puedo decir que la alianza Argentina-México ha sido una de las mejores, y fue muy eficiente y fluido el trabajo en conjunto».
«Queremos lograr que esta vacuna tenga un acceso equitativo y llegue a todos sin fines de lucro», coincidió Soriot y dijo: «El mundo es una gran y único lugar, tenemos que proteger a todos para luchar contra la enfermedad».

«Hay dos formas de trabajar, una es que cada uno vaya por su lado y la otra forma de hacerlo es considerar alianzas público-privadas, asociadas a universidades y gobiernos», explicó al tiempo que agradeció a mAbxience por el trabajo realizado.
En su comunicación con el Presidente, Soriot mostró una serie de diapositivas de un informe de la empresa sobre el desarrollo de la vacuna, que incluye tecnologías aplicadas, el relato sobre los estudios que se desarrollan en varios países del mundo, e información sobre los resultados que estarán listos para noviembre de este año sobre la vacuna.

El gobernador Gerardo Zamora indicó que de volver a reiniciarse el cronograma presencial los miembros de la comunidad educativa «recién deberían concurrir a las escuelas el próximo 6 de septiembre».

La vuelta a las clases presenciales programadas en Santiago del Estero para el 18 de agosto próximo, fue suspendida por el término de 30 días ante el aumento récord de casos que tuvo la provincia en las últimas 48 horas, medida que fue respaldada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

El gobernador Gerardo Zamora indicó que de volver a reiniciarse el cronograma presencial los miembros de la comunidad educativa «recién deberían concurrir a las escuelas el próximo 6 de septiembre», mientras ratificó que «se mantiene la educación y capacitación virtual para garantizar la continuidad pedagógica, que se venía dando a los alumnos».
«Valoramos lo que venían haciendo docentes y directivos» de preparar las escuelas para lo que será el regreso a las aulas de los últimos años de los niveles primario y secundario, cuando la situación epidemiológica lo permita, expresó Zamora.

Ante esta situación, Trotta lamentó la aparición de nuevos casos y apoyó la decisión del gobernador ya que la prioridad «siempre ha sido el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa».

«El regreso a las aulas no es un camino sencillo; implica avances, revisiones y retrocesos de ser necesario, la vuelta segura conlleva una revisión diaria de la situación epidemiológica de cada región, la aplicación de protocolos, la construcción de consensos», añadió el ministro de Educación.

Y destacó que «el regreso físico a las escuelas requiere de una mirada integral».

La Nación y la provincia garantizarán la continuidad pedagógica a distancia de alumnas y alumnos y de los procesos de capacitación previstos para las maestras y maestros en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que se han programado para la semana del 10 al 14 de agosto.

 

El presidente Alberto Fernández ratificó que se mantendrán el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) «para todos los que los necesiten», mientras permanezcan las restricciones económicas y de movilidad por la situación de pandemia.

Así lo manifestó durante la conferencia de prensa que brindó en la Quinta de Olivos junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para anunciar la continuidad del aislamiento social hasta el 16 de agosto.

En la oportunidad, el Jefe de Estado ratificó la permanencia del programa ATP, que consiste en que el Estado pague parte de los sueldos del sector privado y que ya benefició a más de 310 mil empresas y más de 2,8 millones de trabajadores.

La semana pasada, el Gobierno anunció que la cuarta edición de la iniciativa incorporará financiamiento a tasa cero para las empresas que registren una mejora interanual en la facturación y que sectores más afectados como turismo, entretenimiento, la cultura y la salud percibirán el beneficio hasta diciembre.

Por su parte, el IFE ya alcanzó a 9 millones de personas y a partir del 10 de agosto comenzará a liquidarse su tercera ronda de $10 mil por beneficiario.

El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus.

 

El Presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno ratificarán hoy su estrategia común frente al COVID-19, mientras el hartazgo por el confinamiento ya alcanzó niveles inéditos y la ocupación de las camas se encuentra cerca del estado de saturación.

Ya no hay diferencia ideológicas o pertenencias partidarias, y cada uno soporta del otro sus propias debilidades personales. Funcionan como una Troika, sin miserias del poder, y asumiendo que caminan en el filo de la navaja tras cinco meses seguidos de confinamiento. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta renovaron votos ayer en la quinta de Olivos y decidieron seguir juntos para enfrentar los costos políticos, sociales y económicos que implicarán anunciar hoy la extensión de la cuarentena en el AMBA.

El Presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno porteño están convencidos de su estrategia contra la faena del COVID-19, y asumen que era imposible calcular que el pico de contagio y de muerte aparecería después de cinco meses de confinamiento. Y ahora, en medio de la saturación social, los tres decidieron resistir los embates mediáticos ante la ausencia de un método efectivo que reemplace la aplicación rutinaria de la cuarentena.

Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof manejan su propia información respecto a los niveles de contagios, muertes y capacidad vacante de las camas con Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Esa información debe ser tomada como un secreto de Estado, y su clave estadística lacera por la simple lectura: si la pandemia crece al ritmo de las últimas horas, el sistema sanitario colapsará en las próximas semanas.

Cuando aún no eran una troika, y apenas chateaban entre ellos, Alberto Fernández mediaba en la relación de Kicillof y Rodríguez Larreta. El gobernador tenía prejuicios ideológicos, mientras que el jefe de Gobierno no soportaba sus clichés al momento de analizar la realidad política. Pero el confinamiento bajó las defensas personales y ahora hay respeto mutuo entre Kicillof y Rodríguez Larreta.

Sin embargo, al momento de explicitar sus posiciones institucionales, el Presidente debe volver a su papel de hábil componedor para alinear la marcha bajo la misma hoja de ruta. Kicillof no soporta que ciertos medios aseguren que Rodríguez Larreta no abre más la cuarentena para evitar un caos social en la Provincia. Y Rodríguez Larreta replica que no se trata de una operación política a favor, sino que simplemente la realidad de la Ciudad es diferente a los hábitos del conurbano.

Alberto Fernández también mutó sus opiniones personales sobre Kicillof y Rodríguez Larreta. El Presidente se mordía la lengua cada vez que el gobernador se salía del guión institucional y avanzaba con un discurso ácido y tumultuoso, y respecto al jefe de Gobierno consideraba que era sólo una versión inteligente de Mauricio Macri.

Pero los cinco meses de cuarentena, forzaron en Alberto Fernández un cambio de perspectiva personal y política. Ya tiene afecto por Kicillof y habla con respeto de Rodríguez Larreta. El Presidente no dejó de valorar en Olivos que, a la misma hora que Macri volaba a París, su aliado político pedía un vaso de agua mineral para iniciar una reunión a solas junto al gobernador bonaerense.
La armonía política de los tres será fundamental en las semanas que vienen. A diferencia de situaciones anteriores, cuando la cuarentena no era tomada aún como una pesadilla social, el anuncio de hoy estará signado por el hartazgo y la ausencia de medidas que permitan explicitar un avance en la lucha contra la pandemia.

El status quo, o la calma chicha, que signarán la presentación de Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, se vinculan a la imposibilidad de mejorar las condiciones del confinamiento. El COVID-19 se encamina a su pico histórico, sin discriminar entre la Ciudad o el conurbano bonaerense, y no hay una sola chance de abrir la cuarentena y cumplir las promesas de antaño.

La capacidad sanitaria de las camas con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) está yendo del amarillo al rojo, y una apertura del confinamiento puede transformar un hecho eventual en una crisis real con puja social en clínicas privadas y hospitales públicos.

Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta son conscientes de esta posibilidad y hoy aprovecharán el espacio mediático para explicar una y otra vez que la tragedia está agazapada para coronar su propia naturaleza. Habrá extensión de la cuarentena por otros 15 días, a la espera de una tregua del COVID-19 que ya parece un sueño distópico.

El programa de viviendas busca reactivar la economía a través de la construcción, entre 2020 y 2021. ¿Qué rol tendrán los municipios?
El Gobierno nacional apostará fuerte a la reactivación de la economía mediante la construcción. Y para hacerlo, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa está dispuesta a poner un plan sobre la mesa que incluye la cesión de terrenos por parte de municipios, la construcción de viviendas por parte de desarrollistas y la creación de fideicomisos para entregar préstamos a través del sistema bancario. De fondo se pone en juego la salida de la crisis que dejará la pandemia.

Fuentes del ministerio recalcan que habrá mucha iniciativa público-privada y que ésta se encontrará enmarcada dentro del relanzamiento del plan Procrear, mediante el cual se buscará construir unas 14.000 viviendas entre 2020 y 2021. En el Gobierno cuentan que también se sumarán otras once mil correspondientes a la versión anterior del programa, serán entregadas en lo que resta de este año.

Mientras trabajan contra reloj para aceitar el lanzamiento de las 60 medidas que el Presidente tiene en carpeta, desde la cartera de vivienda apuntaron a Ámbito que la cesión de terrenos será determinante para impulsar la actividad privada y para que el precio de los lotes no se dispare con el anuncio de los planes. “Esto ya pasó con el Procrear anterior. Al ver que se iban a construir más viviendas, aumentaron el precio de la tierra”, dijeron.

La medida cuenta con el aval de la confederación de pymes constructoras, que son las encargadas de llevar adelante este tipo de obras. “Todos los sistemas alternativos son bienvenidos. Nosotros ya veníamos proponiendo la asociación entre el sector público y privado. Nos parece clave para salir de la crisis”, dijo a este medio Daniel Mafud, presidente de la entidad.

Según los datos que arroja el INDEC, el sector cayó más de un 48 por ciento interanual en mayo, pero Mafud adelantó a Ámbito que “si los planes que lanza el Gobierno son eficaces, la recuperación y la generación de empleo va a ser muy rápida”.

Para lograr los objetivos trazados, se ampliará el rango de ingresos mínimos requeridos en las líneas de crédito, según detalló a este medio el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esto permitirá que participen familias monoparentales o con sueldos más bajos. “Incluirá a la clase media, pero también a la media baja”, dijo María Eugenia Bielsa.

La oferta se dividirá en dos grupos, de acuerdo a la información a la que accedió Ámbito. Créditos personales para la refacción, ampliación y mejoramiento de los hogares, por un lado y por el otro créditos hipotecarios orientados a la construcción de nuevas viviendas y el desarrollo de lotes. Entre las novedades que incluye el relanzamiento del Procrear está también la financiación de proyectos de sustentabilidad ambiental.

Por último, desde el Gobierno analizan la posibilidad de potenciar al sector mediante un incentivo para que los capitales que actualmente están en el exterior puedan ser invertidos en obras. Evitan llamarlo blanqueo, prefieren decirle incentivo. “El esquema es interesante siempre que podamos garantizar que ese dinero reintegrado sea efectivamente utilizado en la construcción”, concluyó Bielsa, según publica Ámbito.

 

Se trata del programa «Acompañar» por el cual se les pagará $500 por día por hasta un máximo de 10 días a las personas que sean derivadas a centros de aislamiento extrahospitalarios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta tarde el lanzamiento del programa «Acompañar» por el cual se les pagará $500 por día por hasta un máximo de 10 días a las personas que sean derivadas a centros de aislamiento extrahospitalarios, como el montado en Tecnópolis.

 

Durante una recorrida por el centro especial que se montó en el predio ferial y que puede albergar más de 2000 personas con síntomas leves o asintomáticos del virus SARS-CoV-2, el mandatario anunció la medida.

«Son $500 por día por persona durante 10 días. Es para todas las camas extrahospitalarias, no solo las de Tecnópolis», detallaron desde la administración de Kicillof a La Nación, y agregaron que accederán al beneficio las personas que sean derivadas por el sistema de salud provincial a cualquiera de los centros que hay en toda la provincia.

Ante la consulta de qué originó el programa lanzado, las autoridades consultadas explicaron: «La gente es reticente a aislarse. Son personas que no va a un hospital. Volverían a su casa, porque son pacientes leves o asintomáticos, pero aún en sus casas pueden contagiar».

Luego remarcaron que esta situación es aún más compleja en aquellos casos donde los infectados no tienen buenas condiciones habitacionales y la propagación del virus se puede dar con mayor facilidad.

Desde la administración bonaerense también detallaron que, además de los $500 que recibirá cada uno de los infectados por cada día de internación en estos centros, el municipio donde se encuentre la estructura recibirá $2000 cada vez que utiliza una cama.