“Entiéndase bien Sres. Jueces, lo que ocurre es equivalente a que mañana aparezcan personas hablando en Persa (asumo que ninguno de los juzgante habla ese idioma) en nuestro domicilio, vestidos con sus atuendos típicos y se lleven a un familiar nuestro. Así de trágica, caótica y desesperante es la situación por la cual se encuentran atravesando estas personas a la fecha”. Con esta apelación directa a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia. Los letrados ya intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.
Suizer y Oneto describieron crudamente ante los integrantes de la CIDH la situación que están viviendo las comunidades originarias Wichi, Pilagá y Qom de Formosa. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares».
Los abogados acudieron al máximo organismo internacional en el continente en temas de derechos humanos por considerar que se está frente a una violación por parte del estado formoseño de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que define a esta figura como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”, publicó Infobae.
Según relataron en la cautelar, debido a estas prácticas por parte de las autoridades de Formosa, muchos de los integrantes de estas comunidades originarias optaron por irse a vivir al monte, situación que los equipara -según los abogados- en “desplazados internos”, tal como lo entiende la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.
En la presentación detallaron cómo funciona la política sanitaria formoseña, caracterizada por un confinamiento extremo, falta de información y decisiones discrecionales. “En las comunidades originarias, policías y personal de salud les realizan hisopados, y en caso de que uno de ellos tenga resultado de hisopado positivo para COVID-19, es sacado de su comunidad, y trasladado a un centro de cuarentena del gobierno. Dichos centros son escuelas, y se encuentran en la localidad de Ingeniero Juárez, distante a unos 100 kilómetros de sus comunidades en algunos casos. Allí son encerrados por 14 días y en caso que el hisopado realizado ya bajo el encierro, nuevamente resulte positivo, se quedan por otros 14 días encerrados, sin conexión con sus familiares. Sin embargo, están apareciendo quejas de que aún los dejan encerrados cuando el hisopado da negativo”, explicaron sobre el rígido sistema sanitario establecido en Formosa que ya fue denunciado por la oposición y la organización Amnistía Internacional como violatorio de los derechos humanos.
Pese a las críticas crecientes sobre esta política “autoritaria” y “violatoria de los derechos humanos” por las condiciones de hacinamiento e “infrahumanas” de los centros de aislamiento, el gobierno descalificó las acusaciones, a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
“La mayoría de los miembros de comunidades originarias no hablan idioma español, solo su idioma nativo, por ende no existe comunicación con las personas que se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y del estado no existe un mínimo esfuerzo para poder hablar su lengua. De ese modo, a los originarios no les informan a donde se llevan a sus familiares, configurándose así los tres requisitos para que exista una desaparición forzada, 1) privación de libertad 2) participación de agentes estatales, 3) omitir informar a los familiares del detenido a donde lo llevan”, sostuvieron Suizer y Oneto en su presentación ante la CIDH, a la que accedió Infobae.
En cuanto a los lugares en donde se los alojan, los abogados alertaron que “carecen de las comodidades mínimas, están hacinados, no tienen agua potable, ni tampoco atención médica y psicológica permanente para que los contengan”, y solo están “cuidados por una guardia policial”. Esto derivó, por ejemplo, en el caso de Normanda Agüero, quien debió permanecer 14 días encerrada esas condiciones, lejos de su familia, de sus hijos, de sus padres. Tras iniciar una huelga de hambre, el 19 de octubre pasado sufrió una descompensación, y al no haber médicos en el lugar, “otras originarias oraban en su lengua implorando a Dios la recuperación”, según relataron los letrados en la presentación.
“Es necesario decir que es el Estado de la provincia de Formosa el que ordena estos encierros en estas condiciones, ninguno de los originarios es llevado a esos lugares por su propia voluntad”, abundaron Suizer y Oneto.
“Acciones como las descriptas vienen siendo práctica común en la provincia de Formosa con las comunidades originarias, muy lejos de cumplirse lo establecido por la CIDH en su Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, las acciones del gobierno de Formosa, actualmente y conforme pruebas gráficas y documentales que se adjuntan, resultan totalmente desproporcionadas, irrazonables y violatorias de los derechos humanos de las comunidades originarias”, señalaron. La presentación fue acompañada de más de una docena de videos, audios, testimonios y fotos de caciques, dirigentes originarios, pastores religiosos, madres originarias, personas originarias privadas de su libertad y puestas en cuarentena lejos de sus familias y sus tierras.
“Esto genera un temor abrumador, que hace que muchos originarios huyan a vivir en los montes. Ante la falta de comunicación, sólo tienen la vivencia de que unos desconocidos llevan a sus familiares, sin saber el motivo ni el lugar donde son trasladados», buscaron hacerle entender a los integrantes de la CIDH cómo viven los aborígenes las irrupciones de los efectivos policiales sin las debidas explicaciones.
“Madres originarias, que detectaron a sus familiares, fueron a buscar una respuesta a la situación y solicitar mejores condiciones de alojamiento, pero lejos de otorgarle una respuesta, el estado de la provincia de Formosa, a través de la fuerza policial, las detiene y las encarcela”, alertaron los abogados, quienes agregaron que “su derecho de peticionar a las autoridades se viene violentando sistemáticamente”, agregaron.
Sin medios de supervivencia
Suizer y Oneto recordaron en el escrito enviado a los siete integrantes de la CIDH que, por las rígidas restricciones de circulación establecidas por el Gobierno provincial, los pueblos originarios no pudieron continuar con sus actividades de supervivencia, como la caza, la pesca y la venta de artesanías, “quedando sin la posibilidad de moverse para conseguir comida”. Y señalaron que tampoco les fue permitido trasladarse hacia alguna ciudad cercana, donde exista un cajero automático para retirar dinero.
«Se observa entonces que la limitación del Estado, deja a los originarios sin posibilidad de conseguir dinero y sin posibilidad de conseguir alimentos. Muchos de ellos, que trabajaban en la cosecha en la provincia de Salta quedaron sin trabajo, y decidieron volver a sus comunidades, pero, a modo de aislamiento, el estado provincial los aísla en carpas, en el monte, sin luz, sin agua, sin sanitarios y en pequeñas carpas de lona para dos personas. Situación violatoria de los derechos humanos”.
Este cuadro fue planteado a la Justicia de Formosa mediante un habeas corpus presentado por Suizer, pero el juez Rubén Antonio Spessot no le hizo lugar. “Actualmente, la situación en vez de mejorar, ha empeorado, claramente con la complicidad de la justicia, que viendo situaciones extremas en la que colocan a los originarios, nada ha hecho siquiera por mejorar”, reclamaron los letrados en el escrito ante la CIDH.
En la cautelar se precisa que en Formosa habitan diversas comunidades de pueblos originarios, entre ellos las etnias Toba Qom, Pilagá y Wichí, que conforman el 7,2% de la población, convirtiéndola en la provincia de mayor población aborigen. Estas tres etnias – ubicadas en las localidades de Las Lomitas, Ramón Lista e Ingeniero Juárez – mantienen sus tradiciones y continúan hablando sus lenguas. Pero advirtieron que las comunidades aborígenes “tienen altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, se encuentran en zonas periféricas rurales, con una marcada desigualdad social y menor cantidad de oportunidades”.
Detenciones violentas
El 19 de enero pasado, más de 30 policías golpearon y detuvieron a varios miembros de las comunidades de San Miguel, en El Potrillo, que estaban realizando una protesta en una ruta cercana, reclamando un banco móvil para poder cobrar los planes sociales que les permitieran comprar mercadería. También pedían que les informen el paradero de los familiares que habían sido llevados a Formosa capital, distante a 500 kilómetros, para aislarlos por el COVID-19. Por ese reclamo, 15 de ellos y un menor de edad fueron detenidos por la Policia provincial, varios de ellos golpeados, y trasladados hasta Las Lomitas, distante a unos 200 kilómetros de su comunidad, donde quedaron detenidos en la comisaría.
Los letrados sostuvieron en el escrito que “la detención con extrema violencia de los originarios por haber hecho una protesta porque no tenían para comer ni para subsistir” es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
“Entendemos que la situación de los pueblos originarios es insostenible, viéndose cercenados sus derechos humanos más básicos, motivo por el cual nos dispusimos a tomar cartas en el asunto”, concluyeron.
Las comunidades aborígenes huyen a los montes cuando llega la Policía para evitar ser llevados a centros de aislamientos por la pandemia.
Los abogados -Suizer es formoseño y Oneto reside en la Ciudad de Buenos Aires- también sostuvieron que Gildo Insfrán viola el artículo 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone que “los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”.
No es la única norma internacional que el gobierno formoseño estaría violando, según Suizer y Oneto. La Convención Americana sobre Derecho de los Pueblos indígenas dispone que “los estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a usar sus propias lenguas e idiomas”; y que los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.
Cautelar de Juntos por el Cambio
Esta nueva cautelar se suma a la ya presentada por los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri también ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.
La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las «condiciones inhumanas» en los centro de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.
En esa presentación de carácter colectivo, los legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.
Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.
