Los legisladores entrerrianos se propusieron constituir una comisión bicameral para crear una norma que regule el uso de agroquímicos. Una de las opciones es la prohibición total de la fumigación aérea. Un nuevo caso de contaminación sacude a la comunidad educativa.
Hace más de 10 años que se pretende la promulgación de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas.
Un nuevo obstáculo asoma para cumplir el objetivo de evitar la promulgación de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas: la creación de una comisión bicameral para abordar el tema.
Este ámbito parlamentario está previsto para hacer un seguimiento a una institución o la creación de un nuevo organismo estatal. Los casos más conocidos son los que refieren a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Defensoría del Pueblo. En el Senado el argumento que brindaron es que la bicameral permitirá lograr una redacción conjunta entre el oficialismo y la oposición y esto, precisamente, evitará la dilación, como viene ocurriendo.
Proyectos y pedido de prohibición
En la actualidad hay dos proyectos que tienen estado parlamentario, es decir, que están en comisión y pueden ser tratados en cualquier momento. Una iniciativa duerme en la Cámara baja y otro en el Senado. Al primero se le dio media sanción en diciembre del año pasado.
Los senadores Ángel Giano y Mario Torres están abocados en la elaboración de un nuevo texto que regula el uso de agroquímicos, “basado en los principios de protección de la salud humana, protección del medio ambiente, los recursos naturales y en la protección de la producción agrícola”.
En 2010 el diputado del Nuevo Espacio, Héctor De la Fuente directamente presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones. Oficialismo y oposición se fueron en promesas de una inminente aprobación que no se dio.
En tanto, el senador de Cambiemos, Exequiel Blanco dijo que “vería con agrado” que el gobierno suspenda las fumigaciones aéreas en la provincia “teniendo en cuenta los efectos negativos” que los agrotóxicos provocan en la salud humana.
Si bien el legislador no fija límites de tiempo a la suspensión, deja entrever que podría instrumentarse al menos mientras se debate una modificación de la ley vigente sobre el uso de agroquímicos o se elabora un nuevo marco regulatorio “para proteger la salud humana animal y vegetal”, según consta en los fundamentos del proyecto de comunicación que ingresó esta semana en la Cámara de Senadores.
Una Ley de la Dictadura
En Entre Ríos, el uso de agrotóxicos se rige por una norma de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque luego tuvo modificaciones. La norma establece, además, que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Sin embargo, las formas de producción han evolucionado.
Casos que alarman
Sumado al caso de la docente Estela Lemes, contaminada por agrotóxicos, se suma un nuevo episodio ocurrido en el marco de una escuela rural.
Una docente de la Escuela 11 Valentina Páez, de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, denunció que un mosquito expandió agrotóxicos al aire y el veneno afectó de lleno al establecimiento escolar. Según informó la organización Paren de Fumigar Escuelas, los docentes llamaron a la Policía que “corrió” al mosquito que estaba en un campo lindero. “La secundaria estaba en clases y la primaria en recreo. El viento soplaba en dirección a la escuela y todo el veneno llegó de lleno. Después, la cocinera tuvo un ataque de asma, otros docentes manifestaron sequedad en la boca, ardor y picazón en la piel, los ojos y dolor de cabeza”, denunció la docente Alejandra Pereira.
El soplido del viento esparciendo por hectáreas el veneno es tan conocido como el veneno mismo. De ahí que hubo intentos de minimizar los efectos de la lluvia ácida con leyes que, por lo menos, reglamenten la altura en que las avionetas puedan regar los campos entrerrianos con plaguicidas.
En un informe realizado por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asamblea Ambiental Ciudadana de Concepción del Uruguay consta que “el 80% de las escuelas rurales entrerrianas denuncian ser fumigadas entre cuatro y ocho veces al año, sin existir responsables en cuanto siquiera al cumplimiento de la ley”. Los datos surgen de un relevamiento sobre 82 instituciones de distintos niveles, a las que asisten 2.452 alumnos y trabajan 447 docentes y 82 no docentes como ordenanzas y cocineras. Fuente eldiaonline.com
