Gustavo Bordet le exigió la renuncia al abogado Marcos Rodríguez Allende, como interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía. De lo contrario sería separado del cargo mediante decreto. Es por defender a acusados de narcotráfico.
El gobernador Gustavo Bordet le exigió la inmediata renuncia al abogado Marcos Rodríguez Allende, como interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Lo hizo en horas de la tarde del miércoles y a través del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Fue luego de que se diera cuenta en los medios de que el funcionario ejercía la defensa de los acusados por el secuestro de 605 kilos de marihuana en Paraná.
Rodríguez Allende deberá presentar su dimisión este jueves a la mañana; de lo contrario, se emitirá un decreto por el cual será inmediatamente separado del cargo.
Según da cuenta Análisis, ante el la difusión de la noticia, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el fiscal de Estado -Julio Rodríguez Signes- y le ordenó que le exigiera la inmediata renuncia al cargo de interventor del EPRE.
Bordet, desde el inicio de su gestión, tuvo una firme posición en contra del avance del narcotráfico en la provincia.
Rodríguez Allende es planta permanente en el EPRE, como director de Asuntos Jurídicos del organismo y se encontraba en «uso de licencia por cargo de mayor jerarquía», en su carácter de interventor. Y si bien se le ofreció retornar a ese cargo, el abogado habría desestimado tal instancia.
En la víspera, Elonce TV informó que el Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar a los cuatro detenidos en Paraná por transportar 605 kilos de marihuana. Lo más llamativo en el inicio de la jornada fue uno de los letrados que ofició como defensor de los acusados: Se trata de Marcos Rodríguez Allende. Es que el reconocido abogado es funcionario del Estado, puesto que se desempeña como titular del Ente Provincial Regulador de Energía de Entre Ríos (EPRE), organismo que por estos días está en el eje de la polémica por la suba de la tarifa eléctrica.
Rodríguez Allende también fue abogado de Gonzalo Caudana, condenado por narcotráfico, pero luego renunció.
Asimismo, ejerció la defensa de Gustavo «Petaco» Barrientos, sujeto también vinculado al mundo del narcotráfico en Paraná.
En ese marco, desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sugirieron la idea de bloquearles las matrículas a los letrados que tengan vínculo con el Estado.
Así lo manifestó el vocal del Alto Cuerpo, Emilio Castrillón, quien apuntó directamente contra el funcionario defensor de los acusados de narcotráfico, a quien acusó de tener «incompatibilidad horaria» para ejercer como abogado y a su vez desempeñarse en el Ente Regulador de la Energía.
