En un durísimo documento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió al Gobierno que «mire con mucha atención lo que sucede» en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en lo que respecta a la desprotección de la niñez en residencia socio educativas -antes llamados hogares de menores- que subcontrata con ONG o iglesias.
«No queremos el modelo de la tercerización, la autogestión etc… Son caminos que llevan al fracaso, la frustración para sobre todo la población que atendemos», señaló ATE. «El Copnaf no puede ser una empresa que promueva emprendedores para que aborden situaciones de vulneración. Tampoco puede volver a revictimizar a las niñas/os y adolescentes que aborda. Suceden en el organismo hechos gravísimos por esta lógica de la precarización y flexibilización», puntualizó.
El Copnaf cuenta hoy con una planta de 1.400 trabajadores, y «desde hace años» tiene 190 cargos de suplencias y 143 cargos de planta permanente vacantes. A la vez, tiene a su cargo 32 residencias socioeducativas en toda la provincial, un nombre «muy pomposo para lo que realmente cubren en muchos casos y para lo que el organismo invierte». De ese número de residencias, 16 son estructuras tercerizadas con ONG o iglesias: el Copnaf aporta fondos para su sostenimiento y ejerce el control sobre su funcionamiento.
En Paraná existe una residencia que funcionó bajo esa modalidad de administración delegada, y es la única en la Provincia para adolescentes embarazadas, víctimas de violencia, violación u otro tipo de vulneración parecida. «Las trabajadoras están total y absolutamente precarizadas, sin ninguna cobertura social, con salarios cuyo último importe es de $25 mil, sin aguinaldos. Trabajan las mismas horas que el personal de planta del Copnaf, cumpliendo la misma tarea, con un salario menor», fustigó el sindicato de los estatales.
Se trata de la residencia El Sol, que funcionó en calle Belgrano, a cargo de la ONG Sumando Voluntades. «Una residencia que el Copnaf decidió cerrar -denunció ATE-. Las y los trabajadores acordamos absolutamente que ese convenio era inútil para los fines de la protección integral de las jóvenes ahí alojadas. También venimos denunciando hace varios años todas las irregularidades e incumplimientos por parte de la ONG. Lo que no acordamos es que la solución sea cerrar y dejar esa necesidad sin cubrir».
En marzo, las 10 trabajadores de esa residencia denunciaron que trabajaban en negro, con horarios rotativos y con un sueldo mensual de $25 mil, con un atraso de dos meses.
En ese marco y como solución, según el gremio, el Copnaf habría ofrecido a los trabajadores -algunos con una antigüedad de 15 años- la continuidad laboral mediante la conformación de una ONG para poder acceder a algún programa de asistencia social del Gobierno Nacional. El gremio sostiene que hay varias residencias socioeducativas que funcionan bajo esa modalidad «en varios lugares de la provincia. Se caracterizan por la precarización laboral de las y los trabajadores y por cubrir una demanda que al organismo le resulta más económico. El Copnaf envía el dinero del convenio y la entidad que la dirige dispone cómo lo utiliza. El organismo dispone así de lugares donde ingresar niñas, niños y adolescentes. El personal que cuida a estos niños, niñas y adolescentes no tiene responsabilidad ante el Estado por la tarea que cumple. No se pone el foco ´en el interés superior del niño´ como dice la ley».
«Era la única residencia para adolescentes madres en la Provincia», indicó Nélida Fabre, delegada de ATE.
-¿Qué pasa con esas adolescentes ahora?
-Las van a repartir por cualquier lugar. Además, son pibas con derechos absolutamente vulnerados, violadas, maltratadas.
Norma Alonso, miembro de la conducción provincial de ATE, se quejó de la «falta de respuesta» a los constantes reclamos que recibe el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte.
Precarización y emprendedurismo
Durante la cuarentena, apunta el informe de ATE, «la escolaridad de las, los niños/as y adolescentes alojados en las residencias del organismo no fue garantizada ni abordada a lo largo de la misma. Hubo que realizar largos pedidos burocráticos para conseguirla en algunos casos. No sabemos si se consiguió en todos». A la vez, existe un sistema de «cuidadoras», que es una figura de trabajo “voluntario” que lo realizan en su mayoría mujeres en las residencias u hospitales cuidando niñas/os adolescentes que están alojados en dichas residencias y no tienen cuidados parentales.
Por esa labor, reciben de paga $120 la hora por cuidado en domicilio u hospitales; y $300 cuando el cuidado es en una residencia socioeducativa. «Esta figura se explica por la cada vez más compleja y difícil situación social donde la contención y abordaje de la niñez y adolescencia no debería tener parches sino una mirada integral con respuestas iguales. Estas formas revictimizan al niño/a y adolescentes agotando los recursos emocionales y simbólicos que tienen tanto las niñas, niños como los profesionales», dice ATE.
El panorama se complejiza por la burocracia que hunde al Copnaf en trámites eternos. Así, «el programa de fortalecimiento familiar que debería tener respuestas rápidas para la emergencia económica, se pierde en trámites burocráticos y demoran meses las ayudas económicas solicitadas por las, los profesionales para responder a esas demandas». Y agrega: «Los Servicios de Protección que trabajan en territorio y por eso están cuando suceden las emergencias, por ejemplo en el último diluvio en Paraná terminamos entregando plástico para los techos de las viviendas de las familias que atiende provisto por la municipalidad. Denigrante. Las y los profesionales se encuentran desbordados en su capacidad de intervenir en situaciones y siguen siendo acosados y amenazados por la justicia como si fueran sus auxiliares en la vieja ley de patronato”.
Fuente: Entre Ríos Ahora
