Siete procedimientos simultáneos realizaron hoy miembros de la Policía Federal y Gendarmería que llegaron a Paraná desde Concepción del Uruguay y Santa Fe, en relación a la investigación por el supuesto crecimiento patrimonial del ex gobernador Sergio Urribarri, que alcanza también a familiares y allegados.
Los procedimientos fueron ordenados por los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo. Los funcionarios solicitaron la presencia de las fuerzas nacionales para que la Policía de Entre Ríos no actuara, con el objetivo de evitar cualquier tipo de intromisión y suspicacia.
Según supo Página Judicial, fueron siete allanamientos, entre ellos en la casa y en empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ex secretario de la Cámara de Senadores y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, pero no en propiedades vinculadas a Sergio Urribarri ni a su hijo Mauro, ministro de Gobierno, por tener ambos inmunidad. No obstante, el abogado del ex mandatario, Marcos Rodríguez Allende, estuvo monitoreando los operativos.
Un procedimiento se realizó en la sede de la empresa TEP SRL –ex 5 Tipos, porque eran cinco socios–, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en un galpón ubicado en calle Racedo 415. Si bien Aguilera no aparece en el directorio de la firma, los accionistas serían allegados al cuñado del ex gobernador.
También fue allanada la casa de Aguilera, donde vive con su esposa Luciana María Belén Almada, otra de las imputadas en la causa y que sería socia de la imprenta.
Los allanamientos se extendieron hasta pasado el mediodía y se secuestró documentación de todo tipo, computadoras, pendrives, discos externos y otros medios de almacenamiento de información, además de teléfonos, entre otros elementos. Todo este material será revisado y peritado por expertos contables e informáticos.
El viernes, en una entrevista que le concedió a Página Judicial, el fiscal Brugo aseguró que “se ha avanzado mucho” en la pesquisa y “es mucha la información que se recolectó de diferentes organismos públicos para acreditar si existe o no el delito que se está investigando”, es decir, el presunto enriquecimiento ilícito.
La causa se inició a partir de una denuncia que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet luego de que la revista Análisis publicara un informe periodístico en el que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia del ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados. La investigación alcanza a su esposa Analía Aguilera, sus hijos Sergio Damián –ex empleado del Ministerio de Gobierno– y Mauro Gabriel –actual ministro de Gobierno–; y a su cuñado Juan Pablo Aguilera.
La denuncia alcanzaba a otros de los hijos del ex gobernador, Bruno Urribarri, el futbolista con pasado en Boca Juniors y River Plate, y Franco Urribarri, “por fungir de personas interpósitas para disimular el enriquecimiento, sobre todo, del ex gobernador y actual diputado provincial”. También están mencionados la esposa de Aguilera; el hermano de ella, Alejandro Luis Almada; Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena, que serían socios de Aguilera y fueron señalados como posibles testaferros.
En la causa está latente la posibilidad de que también se imputen otros delitos, por caso, el de negociaciones incompatibles con la función pública.
A Urribarri se lo investiga también en una causa en la que se sospecha que hubo irregularidades en las contrataciones para lo que fue la Cumbre del Mercosur en Paraná.
En la Justicia Federal, la jueza María Servini de Cubría inició una pesquisa sobre los gastos que insumió la campaña de su frustrada candidatura presidencial y el origen de esos fondos. La defensa del ex gobernador está a cargo del interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende.
