Así lo anunció el reelecto gobernador, Gustavo Bordet, quien aseguró que no es su perfil gobernar por decreto, por lo que impulsará una nueva norma que sea debatida y consensuada. Ambientalistas piden ampliar las distancias de aplicación para proteger a las escuelas rurales.
El debate por la aplicación de fitosanitarios en Entre Ríos atravesó todo el 2019. El eje central de la discusión se centró en las distancias de aplicación y la protección de las escuelas rurales.
Por decreto, el gobernador Gustavo Bordet intentó darle un cierre al conflicto entre los aplicadores y los ambientalistas, pero lejos de eso, el tema creció hasta instalarse en distintas instancias judiciales.
Ahora, el mandatario entrerriano aseguró que impulsará proyectos para realizar «las reformas políticas y judiciales pendientes» y una ley de agrotóxicos en base a un decreto y pidió ayuda al gobierno nacional, al asumir su segundo mandato consecutivo con la presencia del presidente Alberto Fernández.
En este sentido, detalló que enviará a la Legislatura una «ley para el tratamiento de agroquímicos, que sea tratada con responsabilidad” y aseguró que no es su forma gobernar por decreto, por lo que entiende sumamente necesario poder dialogar y consensuar en este tema tan sensible para toda la población.
Los reclamos de Agmer
La Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos fue una de las entidades que más le hizo fuerza a los cambios en las distancias de fumigación. Al conocerse el decreto que acortaba las medidas, emitieron un comunicado con fuertes críticas.
Calificaron la medida como “un nuevo retroceso por parte del Estado en lo que respecta al cuidado de la salud de los alumnos y docentes que concurren diariamente a dichos establecimientos”.
En este sentido, se centraron en las llamadas “zonas de exclusión”, demarcadas por un radio de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos con relación al centro del casco de las escuelas rurales, “mientras que la distancia establecida en octubre de 2018 por el juez Oscar Benedetto, ratificada luego por el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, es de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos”.
Todos estos puntos de desencuentro deberán ser revisados por los legisladores entrerrianos, para darle un cierre satisfactorio a un conflicto que tomó la escena central durante largos meses.
