Diversos establecimientos de salud abogaron por una legislación sobre el aborto que «respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer».
Tras la media sanción de la iniciativa que propone legalizar el aborto en la Argentina, una larga lista de establecimientos de salud expresaron su preocupación y rechazo a la prohibición de objeción conciencia institucional que prevé el texto, como también a la inclusión de penalidades para los profesionales que se nieguen a practicar un aborto.
«Abogamos por una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corra el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo con su propia conciencia e ideario», expresaron, entre otras instituciones, la Clínica Bazterrica, la Fundación Fleni y el Hospital Universitario Austral.
En ese sentido, Fernando Iudica, director de la última institución, sostuvo: «Es una gran preocupación. Siempre hacemos medicina buscando el bienestar de las personas y nuestro hospital nació con un ideario, con una idea de dar salud de determinada manera y para hacer determinadas prácticas».
Iudica consideró que el texto «tal como se aprobó va a traer conflictos». Al respecto, el abogado Fernando Toller remarcó que «si el Estado decide que se van a practicar abortos, que se hagan cargo el Estado y los particulares que quieran, pero obligar a un médico a practicar un aborto es grave». A lo que agregó: «Hay una objeción de conciencia colectiva de las personas que se han asociado para llevar adelante el fin de curar. Las instituciones no son paredes». De aprobarse el texto, la pelea podría pasar al plano legal. Así, la abogada Soledad Deza, a diferencia de Toller, señaló que «la objeción de conciencia es una herramienta personal».
«No es razonable atribuirla a instituciones. La objeción de conciencia en la atención sanitaria se da en una relación médico-paciente que es asimétrica. Reconocer el derecho a un efector supone un plus en términos de privilegios a quien ya ostenta la parte fuerte de la relación. Si además se lo reconocemos a la institución, vamos a lograr que en ciertos lugares se retire de la oferta sanitaria», advirtió. (La Nación)
