Se fugaron el domingo 27 de diciembre. Hasta ahora sólo hay un efectivo del servicio penitenciario detenido por el escape de los Lanatta y Schillaci. Hay funcionarios desplazados y las causas contra los tres evadidos siguen abiertas

Ya pasaron cuatro semanas desde aquel domingo 27 de diciembre, cuando los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se escaparon de la cárcel de General Alvear. La fuga, que duró 15 días, fue el primer cimbronazo que debió afrontar el gobierno de María Eugenia Vidal: la propia mandataria denunció una red de complicidades que abarca a parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la policía de la provincia, el narcotráfico y la política. Sin embargo, hasta ahora hay más dudas que certezas sobre los alcances de esa trama de corrupción: sólo hay un funcionario del SPB detenido y formalmente imputado en una causa judicial.

«El narcotráfico ha penetrado la política», dijo Vidal un día después de la fuga. Y en ese mismo acto, debido a sus presunciones sobre una eventual connivencia, anunció que había intervenido el penal y apartado a la jefa del SPB, Florencia Piermarini, que fue reemplazada por Fernando Díaz, y a los cinco miembros de la plana mayor. Les había resultado demasiado fácil irse del presidio a esos tres delincuentes vinculados con el tráfico internacional de efedrina y condenados a prisión perpetua por matar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en agosto de 2008.

La misma sospecha también gravita en la Justicia. La hipótesis más sólida en la instrucción del fiscal general de Azul, Cristian Citterio, que investiga el escape, es que los hermanos Lanatta y Schillaci habrían contado con la complicidad de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. De hecho, el oficial penitenciario César Luis Tolosa, subdirector de Asistencia y Tratamiento del penal de General Alvear, está detenido. No es el único sospechoso de esa fuerza, pero las pruebas analizadas hasta ahora no alcanzan para pedir nuevas capturas.

Hay varias pistas, además de testimonios, que sostienen las presunciones: los tres delincuentes estaban juntos en el área de Sanidad de la cárcel; ese domingo había menos guardias que de costumbre y el que se topó con los fugitivos no ofreció resistencia porque su religión -es testigo de Jehová- le impide portar armas; los criminales vestían uniformes, tenían precintos y un arma de juguete, y debieron empujar el Fiat 128 que usaron en el primer tramo de la fuga para hacerlo arrancar.

El raid de los evadidos

Con el 128, los delincuentes y un guardia de rehén llegaron hasta el barrio Villa Belgrano. Allí se apearon y abordaron una camioneta 4×4 oscura. El rehén quedó en el auto. Ese mismo domingo fueron hasta una quinta de 2000 metros cuadrados que Marcelo Melnyk, alias «El Faraón», tiene en Florencio Varela. Lo supieron porque allí se activó el teléfono celular de Martín Lanatta. Melnyk era una de las personas inscriptas en el libro de visitas de la cárcel, y dos días después sería detenido, acusado de brindar apoyo a los fugitivos. Enseguida se vinculó a Melnyk con el ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, acusó a Fernández de estar «involucrado con todo lo que tiene que ver con el submundo de Quilmes». El ex candidato a gobernador del FPV replicó que el gobierno de Vidal había dejado escapar a los criminales, que ese había sido el pago por lo que él consideró una operación de prensa en su contra. Mientras, los delincuentes se alejaban de sus perseguidores.

El 31 de diciembre a las 3.40, balearon con un FAL, una pistola y una escopeta 12/70 al suboficial Fernando Pengsawath y a la agente ayudante Angelina Lucrecia Yudati, en un puesto de control en la ruta 20, a la altura de Ranchos, y se fueron, con dirección a Chascomús. El ataque se les imputó a los prófugos. Y por la tarde, el ministro Ritondo dijo que los delincuentes estaban cercados, en el sur del conurbano. Pero no. A la noche ya estaban en Santa Fe. Les habían perdido el rastro: las fuerzas de seguridad seguían en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Los fugitivos, determinaron los investigadores judiciales, contaron con el apoyo de allegados y familiares. Paralelamente, el juez federal Sergio Torres investiga si contaron con apoyo del narcotráfico. El gobierno de Vidal sumó otra explicación: expuso su desconfianza sobre la DDI de Quilmes.

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