El abogado de dos de los heridos de bala en el marco de la represión del 20 de diciembre del 2001 ejercida en zona del Obelisco, en pleno centro porteño, pidió una pena de 15 años de prisión e inhabilitación para el policía Orlando Olivero y penas de 12 años de prisión e inhabilitación para los demas efectivos de la Policía Federal que participaron de ese operativo
Se trata de los casos de Martín Galli y Paula Simonetti, ambos heridos de bala a manos de efectivos de la Policía en la Avenida 9 de Julio, entre las calles Sarmiento y Juan Domingo Perón, el 20 de diciembre del 2001.
El planteo por parte de esa querella se realizó al finalizar el primer alegato en el marco del juicio oral y público que se ventila en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el que se encuentran imputados el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero y 13 policías.
En ese marco, el abogado Rodolfo Yanzón sostuvo que el grupo de policías comandado por Oliverio actuó «de manera alevosa» al disparar «sobre gente indefensa, que no representaba ningún peligro, y que simplemente estaba descansando bajo los árboles de la plazoleta de la Avenida 9 de Julio», en las cercanías del Obelisco, luego de haber manifestado contra el gobierno encabezado por Fernando De la Rúa.
Asimismo, relató que «tres brigadas de policías comandados por Oliverio se desplazaban en tres vehículos -una camioneta Ford Ranger, un automóvil Peugeot 504 y un Fiat Palio-, a las 19 horas del 20 de diciembre del 2001, circularon por la Avenida 9 de julio en sentido desde Constitución hacia el Obelisco, y, entre las calles Sarmiento y Juan Domingo Perón, descendieron e iniciaron disparos dirigidos a las personas que estaban descansando bajo la arboleda».
En ese episodio, al que esta querella consideró apenas «un ejemplo» del «despliegue criminal» llevado adelante ese día para reprimir a los manifestantes, resultó muerto Alberto Márquez, mientras que Paula Simonetti y Martín Galli resultaron heridos de bala.
«El derecho a manifestarse hace a los derechos políticos y civiles, y el Estado lo tiene que respetar a rajatabla. Esto no sucedió en este caso sino todo lo contrario», enfatizó el abogado de los querellantes Simonetti y Galli.
Antes, en su exposición, había hecho referencia a la responsabilidad del gobierno de la Alianza en los hechos al señalar, por ejemplo, que «existió la idea del ocultamiento de parte del gobierno de la Alianza» de lo que en esas jornadas estaba sucediendo, algo que quedó materializado «en una directiva del Comfer, que indicaba no difundir imágenes».
«Todo se había preparado para que sucediera lo que sucedió, en relación a la existencia de heridos y la eventualidad de las muertes», postuló Yanzón, quien consideró probado que «hubo un consenso en el desarrollo de la actividad (represiva) no sólo en los ministros después sino también en los días posteriores».
«Es demasiado tiempo. Justicia que se retarda es justicia que se deniega. Acá empezamos con justicia denegada», definió el abogado Rodolfo Yanzón al iniciar cerca del mediodía su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6, en el marco de este juicio en el que el principal responsable político juzgado es el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov.
A él se suman como imputados el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero; y trece policías: Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Jorge Toma, Carlos Loforte, Víctor Belloni, Omar Bellante, Ariel Firpo Castro, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Mario Seia.
Luego de su exposición, comenzó el alegato de la querella en representación de la familia del fallecido Ariel Benedetto, al que seguirá luego la de la familia de Alberto Márquez, otro de los fallecidos.
En tanto, para la audiencia de mañana, está previsto que comience el alegato de la querella unificada representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, confirmaron fuentes judiciales.
En este proceso, se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna Ariel Benedetto; la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti; y las lesiones, en distintos grados, cometidas en perjuicio de 117 manifestantes.
Por su parte, el entonces presidente Fernando de la Rúa declaró tan sólo en calidad de testigo en el marco de este proceso, dado que, antes de su inicio, en febrero del 2014, había sido sobreseído por su responsabilidad en la represión.
En tanto, el ex ministro del Interior de la gestión de la Alianza Ramón Bautista Mestre, superior de Enrique Mathov, falleció en marzo del 2003.
Fuente: Télam
