«Ineficaz e irregular» fueron las palabras utilizadas por la Inspección General de la Justicia para describir el contrato que lleva adelante la colecta de Santiago Maratea para el club de Avellaneda. Han recaudado más de $800 millones.
La Inspección General de la Justicia (IGJ) declaró como «ineficaz e irregular» el fideicomiso de Santi Maratea, el influencer que impulsa una colecta para saldar las deudas del club Independiente, y solicitaron que el Departamento de Asuntos Judiciales del organismo nombre a un interventor judicial «de forma urgente».
La IGJ volvió a señalar irregularidades en el fideicomiso, después de semanas de dudas y rumores sobre la conformación del contrato: el organismo apunta nuevamente a la inscripción del fideicomiso en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén, dado que Independiente tiene sede en la provincia de Buenos Aires y Maratea domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución advierte, además, la «exorbitante» suma recibida en punto a «gastos y honorarios» por los integrantes del fideicomiso y «en pretenso beneficio» de Maratea. Además, criticaron el hecho de que Mercado Pago, el medio utilizado para la recaudación, sea solo un «proveedor de pago» pero no una entidad financiera.
De esta forma, solo pueden registrarse aquellos fideicomisos que estén celebrados en el distrito, cuyos bienes estén allí o cuando las personas que lo integran tengan domicilio en esa provincia.
Hasta el momento, la colecta que lleva recaudados $800.088.048,20, según la última actualización que brindó Maratea en su cuenta oficial de Instagram.
La investigación de la IGJ sobre Maratea
A principios de mayo, la IGJ había intimado a Maratea a presentar una copia del fideicomiso en un plazo de dos días hábiles, donde tuvo que entregar la documentación solicitada por el organismo fiscalizador.
El problema, en ese entonces, surgió a partir de la inscripción del fideicomiso hecha en Neuquén ya que los abogados de Independiente y Maratea aseguraron que su legislación era «más amigable» para hacer los trámites necesarios. Sin embargo, desde la IGJ consideraron que esta decisión fue irregular y que deben revisarla.
Además, el trámite se realizó ante un Colegio de Escribanos, lo que pone al fideicomiso de carácter “privado”, cuando, en realidad, su registro debería hacerse en el Registro Público.
