La Unión Industrial Argentina envió una carta al Senado pidiendo frenar la aprobación del proyecto. Estimaron que de sancionarse la normativa “provocará un incremento adicional del 7,4% de los costos salariales del sector privado”.
La Unión Industrial Argentina envió una carta al Senado pidiendo frenar la aprobación de un proyecto de ley que prevé la extensión de la licencia por paternidad, la instalación por parte del empleador de salas de lactancia y centros de desarrollo infantil. En la misiva que lleva la firma del presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, estimaron que de sancionarse la normativa “provocará un incremento adicional del 7,4% de los costos salariales del sector privado”.
Desde el recambio del comité ejecutivo, la relación entre la central fabril y el Gobierno es cada vez más tensa. En el ejecutivo creen que la elección de las nuevas autoridades responde a una intención de elevar el nivel de confrontación. A los cuestionamientos que la UIA venía haciendo por la extensión del combo de prohibición de despidos y suspensiones y doble indemnización, se suma ahora el rechazo a un proyecto de ley que se debatirá en el senado para extender licencias laborales.
En la carta enviada al senador Daniel Lovera, que preside la comisión de Trabajo y Previsión social, la central empresaria expresa “preocupación por el dictamen de mayoría adoptado” y remarca que el Centro de Estudios Económicos de la entidad estimó que el proyecto “provocará un incremento adicional del 7,4% de los costos salariales del sector privado”.
El proyecto de ley, que también cuenta con el aval de la oposición, apunta a ampliar las licencias por paternidad y maternidad e incluir nuevas vinculadas a la adopción, el nacimiento de hijo prematuro y la fertilización asistida. También impulsa la instalación por parte del empleador de salas de lactancia y centros de desarrollo infantil y propone la elección por parte del trabajador de distintas modalidades para el regreso de su licencia.
La UIA considera que el proyecto “no toma en consideración las dificultades que enfrenta el sector productivo y el riesgo que podría implicar adoptar estas medidas en forma abrupta”. Asimismo, considera que la complicación será mayor para las pymes que “encuentran mayores dificultades organizativas, logísticas y económicas para hacer frente a transformaciones y obligaciones impuestas”.
Según cifras de la entidad, el sector empleador destina entre el 4,7% y el 5,4% de la masa salarial en aportes al sistema de asignaciones familiares. Es por eso que pide “analizar la asignación de los recursos derivados del esfuerzo contributivo, con el objeto de asegurar la eficiencia del sistema de seguridad social, que debe ser la principal herramienta para alcanzar muchos de los objetivos expresados en los fundamentos del proyecto”.
En el Gobierno consideran que muchas de las consideraciones de la UIA en los últimos tiempos responden a posiciones políticas que poco colaboran con el desarrollo sectorial. Señalan que la cúpula de la central empresarial no reconoce ninguno de los esfuerzos que el Estado hizo en medio de la pandemia para sostener la actividad, ni pondera los resultados positivos que exhibe la industria.
En paralelo, la UIA trabaja en la elaboración de un documento que presentará al ejecutivo y al Congreso. El texto que se encuentra en proceso de consulta tendrá “visión federalista, productivista, con inclusión de género y de juventud”.
