Su equipo jurídico define la presentación ante el máximo tribunal. Los planteos. El rol de Mauricio Macri. Las disculpas de Alberto Fernández.
“Nos rompieron el c…”, se sinceró por teléfono un estrecho colaborador de Horacio Rodríguez Larreta mientras abandonaba su departamento sobre la avenida Libertador, al filo de las 11 de la noche, que congregó al “comité de crisis”. Sergio Massa, un histórico amigo del alcalde, buscó hasta entrada la madrugada recomponer el diálogo a través de Cristian Ritondo. No hubo caso.
Fue Emiliano Yacobitti, que participó del almuerzo convocado de urgencia en la sede de Uspallata, ayer al mediodía, uno de los más vehementes. “¡No les votamos nada más en el Congreso!”, planteó furioso el diputado de la UCR. Lo escuchaban, además del jefe de Gobierno, Diego Santilli, Felipe Miguel y los encargados de la comunicación del Gobierno porteño, el senador Martín Lousteau; los diputados Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el socialista Roy Cortina.
El almuerzo sirvió para consensuar y discutir sobre la mesa algunos de los ejes discursivos del mensaje que más tarde encabezaría Rodríguez Larreta como respuesta oficial al anuncio de última hora del miércoles de Alberto Fernández, de recorte de la coparticipación en 1.18% que la Ciudad recibe del Estado nacional: unos $13.000 millones para lo que resta del año y unos $50.000 para el 2021. “Firmeza y templanza”, definieron los comensales.
“Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia», tiró Rodríguez Larreta en la conferencia, rodeado de sus socios porteños del PRO, la UCR y la CC y parte de su gabinete, en el primer mensaje duro destinado a la Casa Rosada desde que asumió el Frente de Todos.
Ayer mismo, después de la publicación en el Boletín Oficial, la administración porteña recibió menos fondos, según confiaron fuentes oficiales: unos $300 millones de un promedio de $450 millones que gotean a diario.
Rodríguez Larreta, que tiene cronometrada su agenda hasta en tiempos de crisis, dedicó ayer el día a pulir la respuesta al Gobierno, a unificar la estrategia política con sus socios internos y a preparar la estrategia judicial que adelantó en el anuncio de ayer, y que había anticipado este medio: el recurso ante la Corte Suprema que, en la misma noche del miércoles, empezaron a esbozar desde su equipo jurídico.
Gabriel Astarloa, el procurador General de la Ciudad, pasó un buen rato del jueves en la sede de Uspallata. En compañía de Miguel, el jefe de Gabinete, y Jorge Djivaris, subsecretario de Justicia. Son, puertas adentro, los encargados políticos de monitorear la presentación judicial. También Leticia Montiel, la secretaria Legal y Técnica.
Anoche ya estaba decidido que Rodríguez Larreta irá al máximo tribunal con un recurso de amparo por inconstitucionalidad -la cuestión de fondo- y una cautelar con la que tratará de frenar el recorte de fondos que ya empezó a ejecutarse con la publicación del decreto nacional.
“Es un planteo muy serio, hay mucha jurisprudencia. Hay que buscar antecedentes y cuidar cada palabra”, explicó ayer por la tarde uno de los asesores jurídicos de la Ciudad que, desde afuera, trabaja a tiempo complejo para el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta. Todavía no estaba definido a qué constitucionalista acudirían para la presentación formal ante la Corte, el tribunal encargado de dirimir los pleitos entre la Nación y las provincias.
Fuentes cercanas a la Corte dan cuenta de que la resolución de la cautelar difícilmente prospere. Y que el tribunal, en cambio, estudiará de lleno la cuestión de fondo. Es decir, la constitucionalidad del decreto.
Después del mensaje que el Presidente envió desde su teléfono, minutos antes del anuncio desde Olivos, destinado a frenar la revuelta policial contra la administración de Axel Kicillof, y que el jefe de Gobierno no respondió, Fernández y Rodríguez Larreta no volvieron a hablar. Tampoco hubo contactos entre los funcionarios de una y otra administración. Ayer, en Uspallata todavía había sorpresa.
Es cierto que en los últimos tiempos habían conversado sobre un eventual traspaso de la Justicia nacional penal ordinaria a la órbita de la Ciudad, contemplado en el proyecto de reforma judicial. Y en la implicancia que podía acarrear en la porción de coparticipación que la Ciudad recibe del Estado nacional.
Incluso durante el verano se habían analizado los distintos escenarios financieros y judiciales, antes de que el coronavirus cooptara la agenda pública. Recurrir a la Corte Suprema estuvo siempre entre las alternativas.
A Rodríguez Larreta lo obsesionaba la coparticipación. Sabía que, tarde o temprano, vendría la quita y que, cómo resalta un reconocido especialista en derecho, “bebería de su propia medicina”, en alusión al decreto con el que Mauricio Macri aumentó los fondos de 1.4% a 3.75% primero, y 3.5% después, con la sanción del pacto fiscal, producto del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.
Pero no pensó que sería de esa manera. El vínculo personal entre el jefe de Gobierno y el Presidente quedó visiblemente deteriorado.
En las últimas horas, Rodríguez Larreta habló con Macri. El ex presidente le enrostró que él se lo había avisado. El vínculo entre ellos es frío. El alcalde también dialogó largo y tendido con Mario Negri, y con Elisa Carrió, en tres oportunidades. El jefe de Gobierno, cuyo teléfono estuvo más activo que de costumbre, conversó además breve con Patricia Bullrich, que al mediodía recibió el alta hospitalaria: había sido internada por COVID positivo. La ex ministra, exponente junto a Macri del sector más radicalizado del PRO y Juntos por el Cambio, también recordó entre sus íntimos que lo había advertido. El ala más dura de la oposición siente una reivindiación histórica.
El jefe de Gobierno, un apologista de la moderación que ahora se enfrenta a la Casa Rosada, deberá lidiar con las presiones internas para sostener el endurecimiento de su discurso.
Alberto Fernández dijo en privado que estaba convencido de que a los intendentes del PRO que sentaron en Olivos para el anuncio de quita de fondos a la Ciudad les habían avisado de qué iba el acto. Entre la noche del miércoles y ayer por la mañana, el Presidente llamó por teléfono a los cuatro jefes comunales para disculparse. Uno por uno.
El vínculo queda ostensiblemente averiado. Las consecuencias judiciales de la decisión de la Casa Rosada pueden ser una anécdota al lado de los coletazos políticos.
